Golpes de la naturaleza
Humberto Salazar regresó hace poco a la caótica y contaminada Ciudad de México. Ahí lee la información sobre el reciente paso del huracán Dean, que durante su travesía por la Península de Yucatán –en la frontera con Centroamérica– causó daños por más de US$ 180 millones. Las noticias le recuerdan algo: hace dos años el huracán Wilma lo expulsó del paraíso donde pretendía pasar el resto de su vida: Cancún, la joya de la Riviera Maya. Su pequeña empresa, que prestaba servicios de limpieza y fumigación a hoteles del área, debió cerrar sus operaciones, liquidando sus sueños caribeños.
Y es que la naturaleza ha querido que América Latina sea un escenario especial para violentos tornados, inundaciones y terremotos. Según cifras de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre 1996 y 2005, de 6.417 desastres globales, 1.262 afectaron directamente a la región. El problema es que los latinoamericanos no son muy asiduos a los seguros. Estadísticas de la aseguradora española Mapfre señalan que la región destina 0,9% del Producto Interno Bruto a seguros de vida y 1,4% a pólizas de no vida; lejos de los respectivos 4,4% y 3% que figuran en el promedio mundial.
Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México (CNSF) –uno de los países más acostumbrados a este tipo de desastres–, el 42% de las pólizas del mercado de seguros (que en 2007 manejará primas por US$ 16.300 millones) corresponde a vida y pensiones, el 24,5%, a autos, el 17,2% a accidentes y enfermedades, y sólo el 16,3% a daños.
En el país, proteger un hogar o empresa implica contratar, en la práctica, dos pólizas: la de un seguro que incluya primas por riesgos catastróficos –incendios, huracanes o sismos– y una cobertura para pérdidas financieras, renta, caída en ventas o suspensión de sueldos (primas consecuenciales). Un asunto que dispara los precios y que no tiene un costo promedio definido. “Son coberturas complejas, que pasan por negociaciones específicas entre asegurador y cliente, y cuyo costo depende de factores muy particulares”, afirma Gianco Abundis, director general de Consultoría y Estadística Actuarial y experto en temas del ámbito asegurador.
El fenómeno tiene un motivo claro: los altos costos de los desastres naturales. El huracán Dean, de agosto, causó daños –según la reaseguradora alemana Munich Re– por entre US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones por su paso por República Dominicana, Jamaica y otras islas del Caribe. Lejos de la devastación de Katrina en Centroamérica: daños por US$ 50.000 millones, según la misma compañía, que metieron en dificultades a las aseguradoras. En 2005, Wilma generó pérdidas por más de US$ 8.000 millones en la Península de Yucatán, en México, donde están los principales destinos turísticos de la Riviera Maya. Y el terremotó que azotó a Perú y el 15 de agosto dejó daños que exigirán 18 meses de reconstrucción y una inversión de US$ 200 millones. Además de 500 muertos, 85.000 familias damnificadas, más de 300 personas desaparecidas, 52.200 viviendas destruidas, 23.600 espacios habitacionales severamente afectados.
Aprender “por las malas”
Para las aseguradoras, la situación tampoco es sencilla. Los costos de mantener cerrada la empresa del cliente pueden superar los del daño físico. Durante el paso de Wilma por México, compañías de seguros como Zurich y Royal & SunAlliance debieron hacerse cargo de negocios turísticos cuyas “primas consecuenciales” triplicaban el monto que representaba el daño directo.
A partir de esa lección, las aseguradoras optaron por vivir tranquilas. En las zonas mexicanas de alto riesgo de huracán, inundación o terremoto optaron por sólo ofrecer coberturas ante sucesos catastróficos y aumentar el monto de las “primas consecuenciales” por sobre el 35%. En zonas con riesgo alto, como el sureste, incluso lo hicieron por sobre el 1.000%. “Las empresas inflaron el costo de estas primas para desincentivar su venta”, dice un vocero de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que prefirió no ser identificado.
Otro factor que desalienta la contratación de pólizas ante desastres es el hecho de que la gran mayoría de los mexicanos considera que el gobierno debe asumir las tareas y los costos de reconstrucción en una catástrofe natural. Luciano Devars, director técnico del área de Seguros del banco BBVA Bancomer, reconoce que el Estado debe proteger a las poblaciones vulnerables, pero considera que “se ha generado un exceso de paternalismo que se traduce en un limitado interés en cuidar un patrimonio que el Estado, se cree, tiene la obligación de restituir ante un desastre natural.