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La trompa populista de Kirchner

La trompa populista de Kirchner

CKF

Por Alvaro Vargas Llosa

El Mundo.es

¿Cuándo baja la trompa un elefante que la tenía erguida? Por lo general, cuando se rinde o se somete. En cambio, la eleva cuando desafía o amenaza.

Pues bien: el modelo de Kirchner, que es el viejo modelo peronista de manual, se ha rendido. Ha sido derrotado otra vez, como ha sucedido invariablemente desde los tiempos de Perón, por la realidad, esa hija de puta. La expropiación de YPF, la filial de Repsol, no es otra cosa que el síntoma cruel y humillante de esa derrota. Cuando un modelo populista fracasa, son inevitables las expropiaciones: significan me rindo, bajo la trompa. En 1987, después de dos años de populismo desenfrenado, Alan García anunció la expropiación de todos los bancos y las compañías de seguros en el Perú. Era el elefante de su modelo económico que bajaba la trompa. La única diferencia es que a García le tardó sólo dos años bajar la trompa y al peronismo de Kirchner le ha tardado un poco más, sencillamente porque los precios internacionales de los bienes primarios, verdadero Viagra de los mamíferos placentarios, se la han mantenido erguida más de la cuenta.

Veamos. ¿En qué consiste el modelo? Básicamente en subvencionar, es decir narcotizar, el consumo de distintos sectores urbanos y beneficiar a determinadas empresas cercanas al Estado. Por eso los Kirchner controlaron los precios del transporte y la energía, por ejemplo, y entronizaron o hundieron a empresarios amigos y enemigos según el caso.

¿Y cómo se financia esto? En tiempos de altos precios internacionales para las materias primas, de dos formas: con el dinero que viene de esta fuente y con el que se exprime a los sectores productivos, que en el caso argentino es esencialmente la agroindustria. Pero se consume tanto y se gasta tanto, que en un momento dado no bastan estas dos fuentes. ¿Qué se hace entonces? Lo que hizo Kirchner en 2008: exprimir todavía más a los productivos, elevando los impuestos al campo. ¿Y cuando esto tampoco basta? Se nacionalizan las pensiones, como hizo Kirchner en 2008. ¿Y cuándo hace falta más? Se echa mano de las reservas del Banco Central. ¿Y si esto tampoco es suficiente? Se agita la bandera de Las Malvinas… y se expropia las principales empresas. He allí la razón, la verdadera razón, de la expropiación de YPF. Mientras tanto, se persigue a la prensa, se intimida a la oposición y se hace lo que haya que hacer para que nadie instale un pedacito de verdad en la conciencia del respetable. Narcotizar a la opinión pública para que no se dé cuenta de que su consumo está también narcotizado.

A nadie debe extrañar que Argentina haya pasado a ser, después de 17 años, importador neto de energía a pesar de tener lo que, a partir del descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, se calcula que pueden ser las terceras mayores reservas de gas no convencional del mundo. En todos estos años, al controlar los precios y alimentar el consumo artificialmente el gobierno populista logró dos cosas en materia energética: que se consumiera mucho más (el consumo de petróleo aumentó más de 38% desde 2003 hasta 2010 y el de gas más de 25%) y que las empresas que tenían que vender el gas en el país vieran sus márgenes de ganancia muy reducidos: debían hacerlo a la mitad del precio que se pagaba en Estados Unidos y a la quinta o sexta parte del precio que imperaba en el resto del mundo. Por tanto, todas las empresas ?no sólo YPF? produjeron menos de lo que habrían producido sin estos impedimentos (la producción de petróleo cayó más de 12% y la de gas más de 2%). Y por eso también invirtieron menos de lo que habrían invertido. Pero aun así invirtieron. Si no, no se habría descubierto el yacimiento de Vaca Muerta, hallazgo que no fue obra del gobierno sino, jodida ironía, nada menos que de YPF.

La trompa populista, pues, ha caído estrepitosamente rendida. De allí que el gobierno haya declarado la guerra, ahora, a la misma empresa a la que hace apenas un año la Presidenta elogiaba en términos ditirámbicos y a la que apreciaba tanto que en 2007 el gobierno había ayudado a una familia amiga, los Eskenazi, a entrar en ella.

Aquí, claro, no se acaba el problema: se agrava mucho más. Sólo en los últimos cuatro años han fugado del país, verdadera estampida de quienes veían venir esto, 75.000 millones de dólares (en un país que hoy sólo tiene 47.000 millones de dólares de reservas porque se las gasta tratando de tapar agujeros). Los controles para evitar la salida de dólares alcanzan ya niveles de Estado policial. Como YPF no podrá producir lo que el gobierno quiere que produzca, habrá más chivos expiatorios nacionales y extranjeros (dos, tres, cien Malvinas, que diría el Che), y más expropiaciones (dos, tres, cien YPF). Ya no hay cómo endeudarse en el extranjero porque la decisión arbitraria de Kirchner, hace unos años, de infligir a los acreedores una quita de tres cuartas partes de lo que les debía el gobierno ha provocado un escenario de semi cuarentena crediticia. Por tanto sólo queda seguir expropiando. La rendición total y absoluta del modelo.

La pregunta no es por qué se le ha caído la trompa al populismo argentino, como se les cayó a todos los populismos latinoamericanos del siglo XX, desde la Revolución mexicana hasta Hugo Chávez. La pregunta es ¿por qué hay tontos que insisten en hacer negocios donde es obvio que tarde o temprano les van a dar la trompada del siglo?

Bolivia: Jugando con lo ajeno

Bolivia: Jugando con lo ajeno

 por Javier Paz

Javier Paz cuenta con una maestría en Economía y es columnista de El Deber (Bolivia).

El presidente Evo Morales dijo recientemente que “el sector privado no sirvió para administrar”, refiriéndose a los problemas financieros y la posible quiebra de la empresa Aerosur. Morales usa el ejemplo de una empresa en particular para afirmar que el Estado es mejor administrador que los privados. Lo que Morales hace es utilizar un ejemplo anecdótico y sacar conclusiones generales del mismo. Lo cierto es que todos los días en todas partes del mundo, empresas privadas cierran o quiebran. Sin embargo esto no invalida el hecho de que en general el sector privado es más eficiente que el sector público en la administración de empresas. No invalida el hecho de que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza ocurren en los países donde el Estado respeta y protege la iniciativa privada y que los países más pobres son precisamente los que siguen recetas socialistas y estatistas.

Pero, más allá de los resultados (que apabullantemente hablan a favor del sector privado y en contra del capitalismo de estado), existe otra razón de carácter ético para desaprobar las declaraciones de Morales. El empresario que invierte en una empresa, lo hace con su dinero. Si esa empresa quiebra, el empresario pierde su propio dinero. El empresario asume riesgos y a veces gana, otras pierde y otras veces lo pierde todo. En cambio los gobernantes cuando invierten, lo hacen con plata ajena y si esas inversiones fracasan, “los inversionistas” no pierden un solo centavo.

El presidente Morales puede despertar con deseos de comprarse un avioncito o crear una empresa de aviación, puede poner a cargo de los hospitales a una persona que tardó casi tres décadas en graduarse de médico o en la empresa de hidrocarburos a un individuo cuyo acto más notorio fue ponerse a repartir garrafas en persona y puede mandar construir ingenios azucareros donde no se siembra caña a sabiendas de que aunque estas empresas lo hagan bien o mal, él no va a perder un solo peso. El presidente toma decisiones con plata ajena (de hecho con mi plata y la de todos los bolivianos) y por ello no pierde el sueño si una empresa no funciona o se va al descalabro. El presidente no hipoteca su propia casa, ni saca el dinero de su bolsillo para crear una empresa y puede decidirse por inversiones millonarias con la misma facilidad con la que un niño compra hoteles cuando juega Monopolio.

Cada quien tiene el derecho de hacer con lo suyo lo que le plazca y si un empresario privado pierde su dinero, ya sea por mala suerte, o porque el tipo enloqueció y decidió echarle fuego, no tenemos nada que reprocharle; es su dinero y su problema. El presidente Morales y los políticos no tienen ninguna autoridad moral para juzgar las malas decisiones que otros hacen con sus propios recursos cuando él y la mayoría de los políticos toman a menudo malas decisiones con recursos ajenos, sin que les cueste un solo centavo.

Un referendo sobre Obama

Un referendo sobre Obama

STANFORD – Los candidatos políticos de éxito tratan de poner en práctica las propuestas para las que fueron electos. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama y los demócratas, con el control de la Cámara de Representantes y el Senado (a prueba de obstruccionismo), tenían el poder de hacer prácticamente lo que quisieran en 2009, y así fue.

Obama y sus aliados en el Congreso promulgaron una ley de “estímulo” de 800 mil millones de dólares cargada con programas dirigidos a los principales grupos del electorado demócrata (como los ambientalistas y los empleados públicos), adoptaron una reforma de salud radical y muy impopular (cuya constitucionalidad será determinada por la Corte Suprema este año), impusieron vastas y nuevas normas a amplios sectores de la economía, adoptaron una política industrial que selecciona algunas empresas para darles un un trato especial, se dedicaron a tomar préstamos y gastar a niveles sólo superados en la Segunda Guerra Mundial, y centralizaron el poder en Washington, DC (y, dentro del gobierno federal, en el poder ejecutivo y los organismos reguladores).

La última elección que produjo un cambio así de radical en la dirección de la política ocurrió en 1980, cuando el presidente Ronald Reagan rediseñó los impuestos, el gasto y las normativas, y apoyó claramente a la Reserva Federal y su rumbo desinflacionario. Si bien las elecciones de 1988, 1992 y 2000 también tuvieron importantes consecuencias, los cambios de política no fueron tan significativos como en 1980 y 2008.

El país se rebeló contra Obama y los movimientos de los demócratas hacia la izquierda con victorias históricas de los republicanos en las elecciones legislativas de 2010. Desde entonces, muchos republicanos se han visto profundamente decepcionados por el hecho de que la Cámara de Representantes no haya sido capaz de revertir gran parte de la agenda de Obama. Sin embargo, el sistema político de EE.UU. está diseñado para que sea mucho más difícil lograr algo que bloquearlo. No es fácil hacer mucho si se controla sólo la mitad de una tercera parte del gobierno federal.

Las elecciones de 2012 se perfilan como un referendo sobre las políticas y el desempeño de Obama. La economía está mejorando lentamente, pero sigue en mal estado, con un alto desempleo y millones de personas obligadas a abandonar la fuerza de trabajo. Se espera que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes y recuperen la mayoría en el Senado.

El ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, el republicano favorito para desafiar a Obama en noviembre, y otros candidatos del partido, entre ellos el ex presidente de la Cámara Newt Gingrich, quieren reducir el gasto, aplicar reformas importantes a los programas de gobierno, reducir los  impuestos, expandir el comercio y establecer normas menos abundantes y más específicas que la que aplica Obama.

Romney, por ejemplo, ha detallado un programa económico de 59 puntos, incluido un límite al gasto federal del 20% del PIB, lo que requeriría una reducción similar a las de los años 80 y 90. Gingrich y otros republicanos tienen planes todavía más agresivos de reducción de impuestos y el tamaño y alcance del gobierno. El candidato final haría bien en incorporar las mejores ideas de sus oponentes e integrar a su campaña a los mejores de sus equipos.

Un triunfo republicano, junto con el control de la Cámara y el Senado, podría llevar a la reducción, revocación y sustitución sustanciales de muchas de las iniciativas de Obama, intentos de reforma de impuestos y derechos, así como medidas para imponer una mayor disciplina fiscal. Una importante prioridad en la agenda de Romney es la reducción del impuesto a las corporaciones, del 35% al 25%, el nivel promedio de la OCDE (los demás candidatos republicanos la reducirían aún más), lo que compensaría una gran desventaja competitiva mundial de las multinacionales estadounidenses.

También es probable que una victoria republicana conduzca a un gran esfuerzo por abrir muchas más oportunidades de exploración energética en Estados Unidos, frustradas por Obama. Romney ha prometido negociaciones más duras sobre comercio y divisas con China, pero en general es mucho más proclive a impulsar nuevos acuerdos comerciales que la administración actual, apoyada por los sindicatos. Sin embargo, si los demócratas mantienen el control del Senado, será mucho más difícil de lograr. Un presidente republicano también puede hacer muchos nombramientos políticos clave en entidades como la Reserva Federal, el Tesoro y los organismos reguladores.

Si Obama es reelecto y los republicanos controlan la Cámara de Representantes y el Senado, su agenda legislativa será en esencia letra muerta, y pasará al menos los próximos dos años negociando su reforma y restitución. En este escenario, el centro de gravedad política en el Partido Republicano pasaría a John Boehner, portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Eric Cantor, líder de la mayoría de la Cámara y otros representantes clave, como David Camp, Kevin Brady y Kevin McCarthy, junto con varios senadores.

En ese caso, Obama haría bien en moverse hacia el centro (como hiciera Bill Clinton después de que los demócratas perdieran el control del Congreso en 1994) y trabajar en conjunto con los republicanos del Congreso para dar forma a derechos y reformas fiscales sensatas. Pero parece poco probable: desde la gran derrota de los demócratas en 2010, Obama se ha movido aún más a la izquierda, adoptando una agenda más populista.

Independientemente del resultado de las elecciones presidenciales y legislativas de este año, es probable que varios gobernadores republicanos logren una mayor visibilidad nacional. Todos ellos -como Mitch Daniels de Indiana, Chris Christie de Nueva Jersey, Bob McDonnell de Virginia y el ex gobernador Jeb Bush de Florida- declinaron buscar la nominación presidencial republicana, pero estarán en la lista corta para el 2016 si Obama triunfa en noviembre.

El juez de la Corte Suprema Louis Brandeis describió famosamente los estados como “laboratorios”: se les debe permitir experimentar y aprender unos de otros, para ver qué políticas funcionan. Por ejemplo, Clinton y el Congreso republicano tuvieron como referencia para la importante reforma del estado de bienestar de 1996 las políticas originadas por el gobernador de Wisconsin Tommy Thompson y emuladas con éxito por el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ambos republicanos reformistas. El grupo actual de gobernadores republicanos ofrece igualmente innovadoras soluciones a nivel estatal -por ejemplo, sobre el gasto, la deuda y los pasivos no financiados de pensiones y sanidad- como modelos para el país.

Hasta noviembre, lo más probable es que las divisiones en el seno del gobierno y una campaña llena de polémicas impidan movimientos de política importantes. Pero después de las elecciones, los impuestos y el gasto, la política comercial, el federalismo, la regulación y la defensa serán objeto de un curso de acción diferente (su nivel de radicalismo dependerá de quién gane) con implicaciones importantes para la posición fiscal de EE.UU., el equilibrio externo y mucho más, incluidas las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo.

La Ausencia de Cuba en la Cumbre

La Ausencia de Cuba en la Cumbre

Andrés Oppenheimer

Cuando, en una entrevista reciente, le pregunté al presidente colombiano Juan Manuel Santos por la actual disputa entre Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica por la ausencia de Cuba en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Cartagena este fin de semana, me dio una respuesta que muchos defensores de los derechos humanos consideran preocupante.

Refiriéndose a la ausencia de Cuba de la cumbre, un tema que seguramente figurará de manera prominente en las conversaciones de los presidentes este fin de semana, Santos sugirió que Washington y los países latinoamericanos debían discutir y quizas re-evaluar sus definiciones sobre temas como la libertad de prensa, de elecciones libres y la democracia.

Según una cláusula de la Declaración de Quebec de la Cumbre de las Américas del 22 de abril de 2001, adoptada por consenso y que Estados Unidos invoca ahora para oponerse a la presencia de Cuba, los países participantes acordaron que el estado de derecho y la democracia son “una condición esencial para nuestra presencia en ésta y en futuras cumbres” de las Americas, las únicas reuniones presidenciales que incluyen a Estados Unidos y Canadá.

Ecuador dice que boicoteará la cumbre de Cartagena este fin de semana si Cuba no es invitada. Otros países latinoamericanos han dicho que, aunque asistirán, están de acuerdo con Ecuador y propondrán invitar a Cuba a la próxima cumbre entre Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Quien tiene razón?, le pregunté a Santos. El presidente colombiano respondió que “no es solamente Ecuador el que quiere que Cuba venga. Una mayoría de paises de América latina quisiera que Cuba estuviera en la cumbre”. Y agregó que la cumbre de Cartagena debía “discutir la forma” en que Cuba podría estar presente en futuras cumbres.

Muy bien, ¿pero qué pasa con la cláusula democrática de las cumbres? ¿Y qué pasa con la argumentación de Estados Unidos, de que si Cuba es invitada a la cumbre no sólo se estarían violando las propias reglas de la cumbre, sino que se establecería un precedente peligroso que llevaría a la erosión de los acuerdos de defensa colectiva de la democracia en la región?, le pregunté.

“Todo eso está sujeto a discusión”, dijo Santos. Agregó que Colombia defiende y seguirá defendiendo los principios democráticos, pero afirmó que “cada país tiene su forma de percibir y definir por ejemplo la libertad de prensa”.

Debería haber “discusiones” sobre conceptos tales como la libertad de prensa, porque “no hay valores o posiciones totalmente estáticas, congeladas. Eso va teniendo una evolución. Tenemos que discutir todos esos temas”.

La mayoría de los defensores de los derechos humanos y de la democracia discrepan sobre esto ultimo. Los derechos fundamentales son valores universales, que fueron consagrados en la Carta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, para impedir que los regímenes totalitarios hicieran lo que se les antojara sin violar normas internacionales, argumentan.

Oscar Arias, el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, que con frecuencia ha criticado las políticas de Estados Unidos, dice que estaría mal abrir una discusión sobre las diversas interpretaciones de la libertad de prensa y la democracia. Cuba “es una dictadura que ha dejado a miles de cubanos en los cementerios durante los últimos cincuenta años por haberse atrevido a discrepar con el gobierno”, dijo.

Arias agregó que “hay cosas que se mantienen a través de l tiempo, como la libertad o la democracia. Si Cuba quiere llamar a lo que tiene un régimen democrático y libre, no es aceptable. Tenemos que mantener esta clausulas democráticas, y exigir su cumplimiento”.

Ricardo Trotti, un funcionario de la Sociedad Interamericana de Prensa, afirma que si se deja la definición de los derechos básicos al arbitrio de cada pais, “corremos el riesgo de que se legalicen las violaciones a los derechos más fundamentales”.

En los círculos diplomáticos, muchos dicen que si Cuba fuera invitada a la Cumbre de Cartagena, se debilitarían enormemente los acuerdos pactados por la región para la defensa de la democracia, y que en los últimos anos fueron .

Si la cláusula democrática de la cumbre es alterada para permitir la participación de Cuba, “bajaríamos los estándares aún más”, dice Peter Romero, ex director de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado durante el gobierno de Bill Clinton.

Mi opinión: Santos tiene razón al intentar encontrar una manera de reincorporar a Cuba a la comunidad diplomática interamericana.

Pero la manera de hacerlo sería invitar a Cuba como observador, e instar a su régimen militar a que acepte algunos estándares mínimos de respeto por los derechos humanos, civiles y políticos para poder convertirse en miembro pleno.

Si en la cumbre de Cartagena los presidentes deciden debilitar la clausula democrática para permitir el ingreso de Cuba, establecerán un precedente peligroso que llevara a la aceptación colectiva de las dictaduras militares en toda la región.

 

Ecuador: Abrir las fronteras no es cooperar con terroristas

Ecuador: Abrir las fronteras no es cooperar con terroristas

por Gabriela Calderón de Burgos

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

En uno de los blogs de la revista Foreign Policy Otto Reich, ex asistente del Secretario de Estado de EE.UU., y Ezequiel Vásquez, colaborador de Americas Forum, afirman que la política migratoria del gobierno de Rafael Correa “ha permitido que las organizaciones criminales transnacionales  y grupos terroristas…potencialmente usen al país como una base de operaciones con el objetivo de eventualmente perjudicar a EE.UU.”1 Contrario a lo que piensan los autores, señalar una vulnerabilidad no es un argumento suficiente como para imponer restricciones.

Vale la pena recordar que antes de que Correa anunciara en junio de 2008 su política de la “ciudadanía universal”, Ecuador ya tenía una política migratoria liberal comparado con otros países. El Estado ecuatoriano solo le pedía visa de turismo a 27 países.2

También es importante recordar que en Ecuador hay dos mundos paralelos desde antes de que Correa llegue al poder: aquel descrito en nuestra Constitución, leyes y documentos oficiales y lo que sucede en la práctica. Los autores asumen que si hubiese una ley migratoria con mayores restricciones se dificultara el ingreso de criminales internacionales a nuestro país y su capacidad de utilizar nuestro territorio como base de operaciones. Sin embargo, fue en 2004 que se capturó a Simón Trinidad de las FARC en Quito con documentos ecuatorianos falsos —pasaporte y cédula.3 También fue entre 2004 y 2007 que las Fuerzas Armadas ecuatorianas hallaron 117 campamentos de esa organización terrorista en nuestro territorio.4 Tampoco hay que olvidar que el número dos de las FARC, Raúl Reyes, estaba utilizando territorio ecuatoriano como base de operaciones hasta marzo de 2008. Todo esto ocurrió antes de que Correa implementara la política que los autores cuestionan.

Reich y Vásquez señalan como evidencia, por ejemplo, el incremento en un 550% (de 92 personas en 2006  a 518 en 2010) del ingreso de pakistaníes al Ecuador durante los últimos cuatro años y luego mencionan el caso del ciudadano pakistaní arrestado en 2011 por estar involucrado en tráfico de personas. Sin embargo, no explican por qué hay que asumir que cualquier pakistaní que ingresa a Ecuador es un potencial criminal o terrorista.

Las cifras mencionadas por Reich y Vásquez deben ser contextualizadas. El ingreso de extranjeros ha aumentado en general, un efecto natural de facilitarle a los extranjeros (de cualquier nacionalidad) visitar nuestro país. Un incremento de 550% fuese algo inusualmente extraño si fuese un caso aislado. Pero si analizamos las estadísticas de ingresos de extranjeros provenientes de todos los países entre 2006 y 2010, veremos que el incremento promedio fue de 318%.

Finalmente, Reich y Vásquez afirman que Ecuador se está volviendo un Estado fallido debido al demostrado ingreso de terroristas y criminales internacionales. Sucede que si seguimos esa misma argumentación habría que concluir que EE.UU. también va por el mismo camino debido a las múltiples detenciones de capos de drogas en territorio estadounidense y a que los que perpetraron la barbaridad del 9/11 tenían visa de turistas para estar en EE.UU. Pero eso sería una exageración, como la de los autores cuando expresaron que abrir las fronteras a turistas de cualquier nacionalidad es algo “anti-americano, anti-democrático, pro-Irán”.5

¿Quién va ser el próximo presidente?

Luis Gutiérrez Poucel

Consultor Económico:  Economista en Jefe en LEGS Consultores y Asociados.  Anteriormente, durante 11 años, Economista Principal en el Banco Mundial.  Educado en Harvard University.

El tema de actualidad en el país es:

¿Quién va ser el próximo presidente?

Cada seis años a los mexicanos nos gusta jugar al presidencialismo, como si esto pudiera cambiar el pasado, o mejorar los resultados de la administración que está a punto de concluir. En efecto, lo último que muere en los mexicanos es el sentimiento de la esperanza, la esperanza de que el próximo presidente vaya a ser mejor del que está por terminar.

Por el momento tenemos a tres candidatos de los tres principales partidos con posibilidades presidenciables, por orden alfabético de los partidos: Josefina Vázquez Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Enrique Peña Nieto (PRI). Las encuestas sugieren que Enrique es el puntero, a pesar de los descalabros que le han causado las muestras que ha dado de falta de cultura y preparación. Sin embargo, Andrés Manuel y Josefina están mejorando su posición en las encuestas.

¿Qué tal si pudiéramos evaluar a los tres presidenciables desde el punto de vista del bienestar nacional, de lo que le importa al pueblo de México, considerando la trayectoria que han tenido y su desempeño en el pasado? Eso es lo que pretendemos hacer en este artículo: evaluarlos de la manera más objetiva posible, lo cual es muy difícil, porque hay mucho de subjetividad en cualquier evaluación; pero a riesgo de pecar de sesgos ideológicos y políticos, aquí les va mi modesta evaluación.

Índice de la Esperanza

Pero antes de calificarlos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué bases los vamos a evaluar. Si tomamos el Índice de Desarrollo Humano propuesto por los organismos internacionales, los tres indicadores relevantes serían (1) el PIB per cápita, (2) la educación y (3) la esperanza de vida. Pero como nosotros sabemos, el bienestar de una nación requiere de otros elementos, tales como la seguridad, combate a la corrupción y la efectividad del gobierno para gobernar, entre otros.

El Banco Mundial ha propuesto el Índice de Gobernabilidad, compuesto por los siguientes indicadores: (1) voz y rendición de cuentas, (2) estabilidad política, (3) efectividad del gobierno, (4) calidad regulatoria, (5) imperio de la ley y (6) control de la corrupción.

Para el caso de México, vamos a tropicalizar dichos índices para aterrizar más de cerca a nuestra realidad, construyendo el Índice de la Esperanza. ¿En qué consiste este índice?, se preguntarán. Este índice se compone de seis indicadores: (1) el PIB per cápita, (2) distribución del ingreso, (3) educación, (4) efectividad para gobernar (gobernabilidad en corto), (5) seguridad y (6) corrupción.

Pasemos ahora a la evaluación de cada presidenciable.

Josefina Vázquez Mota
La administración de JVM probablemente mantendría el blindaje económico de la economía, respetaría la autonomía del Banco Central y conservaría la prudencia fiscal. El Producto Interno Bruto per cápita crecería a igual ritmo o un punto porcentual por arriba del PIB per cápita de los Estados Unidos, que es nuestro principal punto de referencia. Tendríamos estabilidad económica durante todo su sexenio.

La distribución del ingreso seguramente se mantendría igual que como estamos ahora, no habría grandes avances en la reducción de la pobreza, no se lograría la reforma fiscal y la gestión del Ejecutivo Federal tendría el mismo impacto sectorial que el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno de Josefina evitaría confrontaciones con el sindicato de la maestra Gordillo; mantendría los mismos niveles de gasto e inversión en educación que la de los gobiernos panistas recientes. En suma, en el campo de la educación no habría grandes avances, mantendríamos nuestros bajos niveles educativos que observamos cuando nos comparamos con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El gobierno panista tendría las mismas dificultades para alcanzar acuerdos con el Congreso que sus predecesores para llevar a cabo las reformas estructurales que el país requiere y para controlar los excesos de los gobiernos estatales. El nivel de gobernabilidad sería equivalente al de los gobiernos panistas del 2000 al 2012.

En cuanto a la seguridad, su gobierno mantendría las mismas líneas de confrontación militar contra el crimen y la delincuencia organizada, no legalizaría las drogas cuyo tráfico hacia EUA ocasionan más daño al país en términos de violencia e inseguridad.

Finalmente, en la lucha contra la corrupción el gobierno de Josefina Vázquez Mota no iría contra los presidentes, gobernadores de los estados ni secretarios de Estado que robaron en el pasado. Mantendría los mismos niveles de monitoreo y control de la corrupción tan suaves para los niveles altos como los que mantuvieron los gobiernos panistas que la antecedieron. La corrupción en los altos niveles de los gobiernos estatales continuaría con algunos de ellos endeudándose masivamente para financiar proyectos cuestionables. Los elementos de control de la corrupción y abuso de confianza de los niveles medios y bajos probablemente mejorarían un poco.

 

Andrés Manuel López Obrador
¿Qué tal le iría al gobierno de AMLO con el Índice de la Esperanza? Para empezar, el ingreso per cápita probablemente crecería por debajo del ritmo del de los EUA, difícilmente alcanzaría en promedio durante el sexenio el nivel americano, por las siguientes razones: el gobierno de AMLO eliminaría el blindaje económico, terminaría con la autonomía del Banco de México, no seguiría una política de prudencia fiscal e iniciaría una confrontación abierta contra los inversionistas privados nacionales y extranjeros; su administración introduciría nuevamente el financiamiento deficitario, acelerando la inflación y devaluando el valor del peso; la inversión privada disminuiría; el déficit comercial aumentaría junto con el proteccionismo comercial y los precios de los productos nacionales e importados aumentarían en el mercado interno. En otras palabras, la economía perdería competitividad, tendríamos una crisis económica durante la mayor parte del sexenio y aumentaría la dependencia a las exportaciones de petróleo crudo.

La distribución del ingreso se deterioraría por los efectos inflacionarios, por la disminución en la tasa de crecimiento económica, por la confrontación entre clases de diferente ingreso, por la reducción de la inversión privada y por la disminución en la creación de empleos. La administración mejoraría los programas de reducción de la pobreza extrema, aumentando el gasto para necesidades sociales del 7.2% del PIB al 10%, pero este esfuerzo no sería suficiente para contrarrestar la reducción del ingreso de la clase media y de los más pobres por la inflación y el aumento del desempleo. Seguramente no habría reforma fiscal, y si la hubiera, sería en contra del crecimiento económico y de la inversión, su énfasis sería en mayores ingresos fiscales penalizando la inversión y favoreciendo al consumo. El ejecutivo federal tendría un fuerte impacto sectorial, a través de grandes proyectos públicos, habría gran participación de contratistas, en especial aquellos que apoyasen financieramente al PRD y de nuevos contratistas que nacerían al amparo de los contratos del gobierno. Los mexicanos terminaríamos pagando doble por estos grandes proyectos populistas, primero porque para desarrollarlos se necesitarían de los impuestos que pagamos, y segundo por las molestias que ocasionarían su construcción y por el impuesto inflacionario que eventualmente tendríamos que pagar todos los mexicanos.

En el terreno de la educación, si Andrés Manuel no puede controlar al sindicato de Elba Esther Gordillo, luchará en su contra, tratando de crear su propio sindicato incondicional a sus políticas. Habría un fuerte aumento en los niveles de gasto e inversión para la educación, pero tendría poco impacto en la calidad de la educación, así como en el nivel de calificación de la mano de obra, pues el énfasis sería más en la cantidad que la calidad, sería una educación politizada.

En cuanto a gobernabilidad habría una abierta confrontación con el Congreso, las reformas que se aprobarían serían populistas, no para mejorar la efectividad del gobierno, sino para vender la imagen de buen gobierno a la opinión pública. El estilo de gobernar produciría un diálogo aguerrido con los estados gobernados por la oposición. Habría inestabilidad política durante la mayor parte de su sexenio.

En lo que toca la seguridad, el gobierno de Andrés Manuel trataría de pactar y dirigir a la delincuencia organizada: su lema sería “si no es posible combatirlos, preferible controlarlos y dirigirlos”. Seguramente legalizaría algunas de las drogas cuyo tráfico más perjudican al país: la marihuana y la cocaína.

En cuanto al control de la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel mantendría muy abierto los ojos monitoreando y criticando a los gobernadores de los partidos de oposición y cerrando sus ojos a los excesos en los estados manejados por sus correligionarios y de los que apoyan a su administración. Los mecanismos de manejo y castigo de la corrupción de los niveles medios y bajos probablemente no serían efectivos.

 

Enrique Peña Nieto
Finalmente, ¿cómo saldría la evaluación del candidato puntero EPN? Seguramente la administración de Enrique trataría de manipular el blindaje económico, socavaría la autonomía del Banco Central y se alejaría de la prudencia fiscal cuando así le conviniera y fuera necesario para sus fines políticos o personales. El ingreso per cápita de los mexicanos posiblemente crecería al mismo ritmo que el de los americanos, quizás un poco por encima. Habrían grandes proyectos y mucha participación de especuladores y contratistas, por lo que los mexicanos terminaríamos pagando triplemente por estos gigantescos proyectos de desarrollo: primero para financiar su desarrollo con nuestros impuestos, segundo por las molestias durante su construcción y tercero terminaríamos pagando peaje por el uso de los servicios de infraestructura que generarían. Posiblemente habría una crisis económica al final del sexenio cuando el gobierno tratase de apurar la terminación de sus grandes proyectos con financiamiento deficitario.

La distribución del ingreso probablemente empeoraría por los efectos inflacionarios de su oportunista política fiscal. No habría grandes avances en la reducción de la pobreza, manteniéndose los niveles actuales de 52 millones de pobres. Indudablemente no habría acuerdos para llevar a cabo una reforma fiscal.

En cuanto a la educación, el gobierno de Peña Nieto continuaría apoyando al sindicato de Elba Esther Gordillo. Habría un aumento en los niveles de gasto e inversión dedicados a la educación pero con poco impacto en la calidad educativa, probablemente habría inclusive un retraso en los indicadores de calidad de la educación debido al mayor énfasis que se daría a la cantidad más que a la calidad, favoreciendo y compensando la trayectoria política de los maestros y oponiéndose a su evaluación y premiación de sus conocimientos.

En términos de gobernabilidad habría una mejora, dada la mayor experiencia que tienen los priistas para manejar al país, pero continuarían las dificultades de entendimiento con el Congreso y para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita el país. El nivel de control y supervisión en los gobiernos estatales mejoraría un poco, pero el cambio no sería sustancial.

En términos de seguridad, el gobierno de Enrique trataría de pactar con los criminales y la delincuencia organizada lo que a la postre, nos resultaría muy caro. Es ridículo e infantil pensar que se puede negociar y pactar con pillos que por definición no tienen palabra ni honor. Precisamente por ello son criminales, porque no tienen escrúpulos ni respeto al derecho ajeno. Probablemente no logre legalizar las drogas para sacar de la ecuación de la oferta al elemento criminal.

Finalmente en lo que toca al control de la corrupción, el gobierno de Peña Nieto no iría contra los gobernadores, secretarios de estados ni presidentes ladrones; trataría de pactar para que a él y a sus allegados, al terminar su administración, no les hicieran lo mismo. Los mecanismos de control de la corrupción y abuso de confianza de los niveles medios y bajos probablemente mejorarían.

Boletas de calificaciones:

En la evaluación comparativa de los presidenciables, considerando las calificaciones a cada uno de los indicadores del Índice de la Esperanza, ninguno de los tres candidatos aparece como la mejor opción para México, pero la opción menos mala parece ser Josefina Vázquez Mota con un promedio de 6.5. El presidenciable más malo sería Andrés Manuel López Obrador con una calificación promedio de reprobado de 3.6. Enrique Peña Nieto pasaría de panzaso con un 6 de promedio. Ninguno de los dos candidatos aprobados figuraría en el cuadro de honor.

 

Evaluación de los presidenciables: Un ejercicio en razón a la esperanza

 

JVM

AMLO

EPN

PIBPC

8.0

2.0

7.8

Distribución del ingreso

6.0

4.0

5.2

Educación

5.5

4.0

4.2

Gobernabilidad

6.5

3.5

7.8

Seguridad

7.5

5.0

4.7

Corrupción

5.5

3.0

6.3

Índice de la Esperanza

6.5

3.6

6.0

Resultado de la evaluación

Seguramente otro evaluador modificaría alguna que otra calificación, pero dudo mucho que el resultado final cambiara mucho en lo fundamental: en las próximas elecciones no vamos a votar por el mejor candidato, sino por el menos malo.

Los líderes políticos que tenemos son los que merecemos. Si algo nos dice nuestra historia es que los mexicanos generalmente votamos por sentimiento, por interés propio y para alcanzar beneficios a corto plazo. Los mexicanos no contemplamos el beneficio a largo plazo, el interés de nuestros hijos y nietos, el bienestar del pueblo. ¿Por qué desde la independencia hasta hoy hemos tenido mayoritariamente entre malos y pésimos líderes que han llevado al país a estadios económicos muy por debajo de los niveles que hubiéramos podido alcanzar? Y no es porque no haya buenos líderes, los hay, es porque nosotros, los votantes no sabemos meditar nuestro voto.

El votante mexicano desgraciadamente es egoísta, no altruista, por lo que existe la posibilidad de que vayamos a votar mayoritariamente en las próximas elecciones, no por el menos malo, sino por el más malo, el que más promesas haga, el que más despensas reparta.

EE.UU.: Ya somos como Europa

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por Michael D. Tanner

Michael Tanner es Director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social.

Con noticias de Europa que parecen empeorar día tras día, muchos han comenzado a preguntarse cuánto tardará el Estado de Bienestar de EE.UU. en seguir el modelo Europeo hacia la quiebra. La mala noticia es la siguiente: puede que ya haya sucedido.

Este año, el cuarto año consecutivo que se tomó un préstamo de más de $1 billón para mantener al gobierno estadounidense, el déficit presupuestario superará la cifra de $1,3 billones, 8,7% del PIB. Si considera que esto suena mal, es porque está mal. De hecho, solo dos países europeos, Grecia e Irlanda, tienen un mayor déficit presupuestario en relación a su PIB. La situación se ve un poco mejor cuando se considera el tamaño de nuestra deuda nacional, que ahora excede los $15,3 billones, 102% del PIB. Solamente cuatro países europeos tienen deudas nacionales más grandes que la estadounidense —Grecia e Irlanda nuevamente, más Portugal e Italia. Eso significa que el gobierno estadounidense es menos responsable en el aspecto fiscal que países como Francia, Bélgica o España.

Y tan mal como están las cosas ahora, EE.UU. se encuentra dirigido hacia un peor futuro. Si se suman las obligaciones no financiadas del Seguro Social y Medicare a la deuda nacional oficial, en realidad debemos $72 billones de acuerdo a las proyecciones de la administración de Obama para futuros ahorros de Medicare en virtud de Obamacare y casi $137 billones si se consideran proyecciones más realistas. En el mejor escenario posible, esto constituye más de 480% del PIB. Con proyecciones más realistas, debemos un asombroso 911% del PIB.

Mientras tanto, considerando tanto la deuda oficial como las obligaciones sin financiamiento de pensiones y salud, la nación más endeudada en Europa es Grecia, que debe 875% del PIB. Así es, EE.UU. debe potencialmente más que Grecia. Francia, la segunda nación más insolvente de Europa, debe solamente 549% del PIB. Incluso en el escenario más optimista, EE.UU. debe más que países fiscalmente irresponsables como Irlanda, Italia, Portugal y España.

Hasta ahora hemos podido evitar las consecuencias nuestro gasto exorbitante porque la muy pública turbulencia de Europa ha contribuido a que a EE.UU. aparezca como un refugio seguro para la inversión extranjera. En comparación a los problemas del euro, el dólar se ve más seguro. Esto significa que otros aún están dispuestos a prestarnos dinero a tasas absurdamente bajas. Pero esto no durará para siempre. De hecho, ya siete países europeos, incluyendo a Alemania y Suecia, tienen mejores calificaciones crediticias que EE.UU.

Tal vez podamos derivar algún consuelo del hecho de que nuestro Estado de Bienestar aún no es tan grande como el europeo. Pero la palabra clave aquí es “aún”. Hoy en día, el gobierno federal gasta más del 24% del PIB. Añada el gasto estatal y local y el Estado en todos los niveles consume más de 43% de todo lo que produce el país a lo largo del año. A pesar de que eso suena mal, es una proporción menor que la europea, donde el promedio de gasto público considerando todos los niveles del gobierno constituye un poco más del 50% del PIB. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) proyecta que el gasto del gobierno federal se dirige a exceder el 42% del PIB para el 2050. El gasto público considerando todos los niveles del Estado excederá el 59% del PIB. Y la CBO asume que el gasto a nivel de los estados y local se reducirá en el futuro, lo cual parece poco probable.

A modo de comparación, hoy en día Irlanda es el único país de Europa con un Estado más grande de lo que será el de EE.UU en 2050. Así es, se puede observar a países como Francia o Grecia, o incluso Dinamarca y Suecia y notar que eventualmente EE.UU. tendrá un Estado más grande que los de dichos Estados de Bienestar por excelencia.

En ese punto, ¿deja de existir EE.UU. como lo hemos conocido? Por lo menos, ¿puede su economía sobrevivir con una carga tan pesada de gasto público y el nivel de impuestos y deuda que le acompañan?

En medio de todo este desastre, el presidente Obama acaba de presentar un presupuesto que rechaza explícitamente la “austeridad“, evita cualquier tipo de reforma a Medicare o al Seguro Social y añade $7 billones adicionales a la deuda nacional en los próximos 10 años. ¿Y los republicanos? Están muy ocupados discutiendo las ventajas y desventajas del control de la natalidad.

¿Qué está mal aquí?

Ecuador: De la democracia a la dictadura

Es difícil explicarle a extranjeros cómo se destruyó la democracia desde adentro en Ecuador entre 2007 y 2012. No obstante, el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado hace un excelente resumen en la segunda parte de su ensayo titulado “De la democracia a la dictadura”.

Consideremos este extracto donde se relatan los atropellos al Estado de Derecho en tan solo los primeros 6 meses del gobierno de Rafael Correa en 2007:

“Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada ‘revolución ciudadana’. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes”.

En el resto del ensayo Hurtado señala que en el Ecuador de hoy no existe la división de poderes y cita ejemplos de la falta de independencia de la justicia, la Asamblea Nacional y los órganos de control. El ensayo termina con un importante recordatorio de que esta tremenda concentración de poder en el Ejecutivo, incluso para “meter las manos en la justicia”, se logró con apoyo popular en las urnas.

Publicado por Gabriela Calderón de Burgos

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