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El Senado argentino aprueba la expropiación de YPF

El Senado argentino aprueba la expropiación de YPF

El proyecto de ley recibe 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones

Cristina Fernández consigue arrastrar a la mayoría con el argumento de que Repsol devuelve a Argentina la soberanía sobre sus hidrocarburos

Buenos Aires
El presidente del senado argentino, Amado Boudou, muestra el proyecto de ley aprobado por la Cámara. / JUAN MABROMATA (AFP)

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha logrado hoy el apoyo del Senado para expropiar la petrolera YPF al grupo español Repsol tras cerca de 15 horas de debate que permitieron a la oposición advertir que su respaldo no supone un cheque en blanco para la gestión de la mayor empresa del país.

El proyecto de ley ha sido aprobado por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, en una jornada maratoniana en la que las acciones de la petrolera cayeron un 5,11 %.

El texto, que la próxima semana se someterá a votación en la Cámara de Diputados, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, titular de una participación total del 57,43% en la petrolera argentina. También prevé la expropiación de las acciones de Repsol en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado de Argentina.

El oficialismo ha arrastrado a la mayoría del Senado con el argumento de que la expropiación de YPF a Repsol devuelve a Argentina la soberanía sobre sus hidrocarburos, aunque la oposición ha matizado su postura, ha cargado contra la política energética del Gobierno y ha advertido sobre la necesidad de garantizar un buen manejo de la petrolera.

Críticas a la familia Fernández

Las críticas han salpicado a Cristina Fernández, y a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, a quien varios senadores recordaron como uno de los defensores de la privatización impulsada por el expresidente Carlos Menem, aunque uno de los más cuestionados de la jornada fue el ministro de Planificación, Julio de Vido, que encabeza al equipo de interventores de YPF, y al que la oposición responsabiliza del problema energético del país.

El presidente del bloque radical, el principal partido de oposición, Luis Naidenoff, ha apoyado la propuesta oficialista pero ha sido tajante sobre los motivos que precipitaron la decisión del Gobierno de hacerse con el control de YPF: “Se avanzó con el proyecto porque la caja no cierra”. “Fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate”, ha agregado el senador radical refiriéndose a los 14.000 millones de dólares que Argentina gastará este año en la importación de gas y petróleo.

Mario Cimadevilla, también radical, ha pedido una revisión de las concesiones petroleras y ha recordado que en su provincia, Chubut, la mayor productora de petróleo del país, y pese al conflicto que enfrenta a Buenos Aires con Londres por la soberanía de Malvinas, la británica British Petroleum (BP) explota el yacimiento más importante de Argentina como socia de Panamerican Energy (PAE). Según el senador, BP consiguió prórrogas y concesiones del Gobierno argentino en 2005 por 40 años “violentando la ley de hidrocarburos”.

Entre las voces más críticas se ha alzado la de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, hija de José Estenssoro, expresidente de YPF, que ha decidido abstenerse tras alertar contra un modelo de “hiperconcentración de la riqueza y el poder” y recordar que Kirchner apoyó “enérgicamente” la privatización de la petrolera en 1992. “No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción”, ha advertido Estenssoro, para quien “culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia, es una simplificación y una trampa”.

En contra del proyecto ha votado Liliana de Alonso, de la Alianza Compromiso Federal, convencida de que “el fin no justifica los medios” y “la seguridad jurídica es un valor que debe ser preservado”.

Desde el oficialismo, los senadores cargaron con dureza contra la gestión de Repsol, e insistieron, como explicó Daniel Filmus, en que la aprobación de la iniciativa marca “un cambio de patrón de desarrollo, de soberanía y de modelo de Estado”.

La expropiación de YPF es un acto “derivado de una consecuente e imperiosa necesidad de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron el neoliberalismo”, ha dicho el oficialista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Tras la aprobación del Senado, el proyecto de ley cumplirá el último trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, previsiblemente el próximo 3 de mayo.

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El Parlamento Europeo insta a la UE a subir los aranceles a Argentina

El Parlamento Europeo insta a la UE a subir los aranceles a Argentina

El Parlamento aprueba por mayoría una resolución que “deplora la decisión” de expropiar

Bruselas
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. / PATRICK SEEGER (EFE)

Puede que la popularidad de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vaya en aumento. Incluso es posible que la nacionalización de YPF acabe siendo un buen negocio para Argentina. Pero el mayor riesgo inmediato para el país latinoamericano es una escalada de represalias por la polémica expropiación de la petrolera. Más allá de las amenazas de España, que por ahora apenas se han sustanciado, el Parlamento Europeo hizo este viernes un movimiento en esa dirección e instó a suspender las ventajas arancelarias de Argentina con la UE. Es poco probable que eso prospere, según varias fuentes consultadas en Bruselas. Aun así, España planteará ante el consejo de Asuntos Exteriores, el lunes, una batería de medidas en esa dirección, que van desde la subida de aranceles mencionada hasta posibles acciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), el G-20 o el Club de París, aunque el Gobierno apuesta cada vez más claramente por encauzar su respuesta por la vía diplomática: a pesar de las expectativas de una réplica contundente, el Ejecutivo solo aprobó este viernes una orden ministerial que limita la entrada de biodiésel argentino.

El texto advierte de que la expropiación puede “enrarecer” el diálogo para cerrar el acuerdo de la UE con Mercosur

El tango por YPF va a ser largo. Y múltiple: la batalla judicial se adivina extenuante; la agencia Fitch auguró el viernes un hundimiento de la inversión extranjera en Argentina; España ha conseguido el apoyo cerrado de Europa y, finalmente, también de EEUU, que al principio optó por una respuesta fría. Pero es improbable que, a pesar del Parlamento, la Unión inicie una guerra comercial de consecuencias imprevisibles.

Fuentes diplomáticas alertaron este viernes de los daños colaterales que podría causar una escalada de represalias, con ese lenguaje bélico tan propio de las peleas comerciales. La Comisión lleva varios días con ese mismo discurso, advirtiendo de los peligros del ojo por ojo. En ese complicado tablero de ajedrez en el que juegan Repsol, España, Argentina, EE UU, Europa y varios organismos internacionales, el Europarlamento tomó la palabra y aprobó, por amplia mayoría, una resolución que insta a la Unión a poner en marcha la “suspensión parcial” del denominado Sistema Generalizado de Preferencias. En plata: reclama subir los aranceles de los que se benefician las exportaciones

Eso no va a ser fácil. La prueba es que el grupo socialista europeo quiso desmarcarse de la adopción de represalias, pese a que se sumó a la resolución. Incluso los socialistas españoles trataron de sacar las subidas arancelarias de la condena, puesto que esa medida “puede contribuir a incrementar la tensión entre Argentina y las empresas españolas”, explicó Enrique Guerrero, del grupo socialista. Fuentes diplomáticas explicaron que conviene medir la respuesta. En Argentina operan BBVA y Telefónica, Peugeot, Volkswagen y Renault, las grandes cadenas de supermercados y las principales operadoras de telecomunicaciones europeas.

Los ánimos están caldeados. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha asegurado que “las autoridades europeas, y no solo el Gobierno español, deberían forzar a Argentina a ser un país normal”. El Europarlamento calificó de “deplorable ataque comercial” la expropiación. Pero más allá del tono de las declaraciones, la vía diplomática se impone, aunque el tango que ha enlazado a Argentina con Repsol y los intereses españoles esté siendo de lo más intenso.

El FMI espera una solución en un “ambiente de acuerdo”

EL PAÍS

El director del FMI para América Latina, Nicolás Eyzaguirre, espera que la expropiación de la mayoría de Repsol en YPF por parte de Argentina sea en “un ambiente de acuerdo” entre las dos partes. “Lo que esperamos es que por el beneficio tanto de Argentina como de la región es que la nacionalización se dé en un ambiente de acuerdo entre las dos partes”, ha declarado. Eyzaguirre consideró el anuncio de expropiación de YPF efectuado este lunes por el Gobierno argentino como un “asunto bilateral” y la “decisión de un país soberano”.

Ministro español: expropiación de YPF es para tapar la crisis de Argentina

Ministro español: expropiación de YPF es para tapar la crisis de Argentina

EFE

Madrid — La expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF por parte del Gobierno argentino es una “cortina de humo” para tapar la crisis en ese país, afirmó el ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, para quien la nacionalización es “de una hostilidad insólita”.

“El Gobierno argentino está adoptando la estrategia del enemigo externo para crear una gran cortina de humo que tape la crisis y los problemas económicos que ya empiezan a ser acuciantes”, asegura Soria, en una entrevista que hoy publica el diario La Razón.

Soria señala que Argentina tuvo el pasado año un “déficit comercial y energético importante” y que la mayor parte de los servicios básicos, como la electricidad, el agua o el gas, están subsidiados “a tal nivel que es imposible sostenerlos”.

Por ello, la expropiación buscaba justificar “una política económica profundamente errónea”, asegura.

El ministro subraya, además, que esta acción “no es sólo condenable por arbitraria, ilegal y discriminatoria, sino que no se han guardado las formas, las propias de dos naciones con relaciones muy profundas y buenas”.

En ese sentido, el ministro de Industria afirma que el último contacto que mantuvo con las autoridades argentinas fue el 28 de febrero, cuando se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el de Planificación, Julio de Vido.

“Llegamos al acuerdo de que cualquier diferencia sobre Repsol en Argentina se resolviera sobre la base de dos grupos de trabajo”, asegura Soria, quien agrega que después de eso ya no tuvo ninguna respuesta a sus cartas sobre la composición de esos grupos.

Soria rebate el argumento de la presidenta, Cristina Fernández, de que no se invertía lo suficiente, y recuerda que Repsol invirtió desde 1999, cuando compró YPF por 15.000 millones de dólares, unos 20.000 millones.

“¿Cómo se habrían descubierto los yacimientos de Vaca Muerta, los mayores de la historia argentina, sin inversión?. Un yacimiento como ese no aparece de la noche a la mañana”, afirma.

Por todo ello, el titular de Industria, Energía y Turismo reitera que “ante una hostilidad de tal calibre, no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, después de que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobara ayer, viernes, medidas encaminadas a limitar las importaciones de biodiésel de Argentina.

Y reitera que con el respaldo de la Unión Europea, EEUU y “de nuestros aliados en Iberoamérica”, “lo que no vamos a hacer es dar un rato de preferencia a Argentina, algo que ocurría hasta ahora”.

El ministro dice no querer hacer comparaciones y poner a Argentina al mismo nivel de riesgo para las inversiones que Venezuela, pero agrega que “desde luego, hoy es un país mucho menos seguro para invertir”.

Soria descarta, por otra parte, que España vaya a adoptar mayores medidas de control en los pasaportes para los ciudadanos argentinos como represalia por la expropiación.

“No tengo ningún dato que apunte en esa dirección. España seguirá siendo un país acogedor, fiable y serio para cualquiera, incluyendo a los argentinos”.

 

Argentina: Rizar el rizo

Argentina: Rizar el rizo – por Vicente Massot & Agustín Monteverde

¿Es mejor privatizar que estatizar? —Depende. Nadie que no fuese un cabezadura podría inclinarse por la variante enunciada en primer término teniendo como referente a la familia Eskenazi. Porque cuando Néstor Kirchner buscó y consagró a un socio privado, pensó en ese clan empresario. Pero nadie que no fuese un ignorante podría abrazar la segunda variante, asociada —como está ahora— la propiedad estatal de YPF a la discrecionalidad de Julio De Vido y Axel Kicillof. Estatizar o privatizar no es la discusión que deben entablar los argentinos. En todo caso el núcleo duro de la cuestión es cómo autoabastecernos, lo cual significa, en buen romance, de dónde salen la decisión y los recursos para explorar, incrementar reservas y aumentar la producción.

Cristina Fernández —virando en redondo respecto de la postura asumida junto a su marido en 1992, en oportunidad de la privatización impulsada por el gobierno menemista, y de la defensa cerrada que hizo en 2008, apenas asumida, del ingreso de los Eskenazi— optó el lunes por la expropiación lisa y llana de la tenencia accionaria del grupo Repsol.

Lo que llama la atención y pone de manifiesto las razones en virtud de las cuales el kirchnerismo ha ganado —salvo en su disputa contra el campo y en las elecciones legislativas del 2009— todas las batallas de orden táctico o estratégico —indistintamente— que dio en el curso de estos años, ha sido la forma como resolvió el asunto. Por de pronto no ocultó nunca su intención de avanzar a expensas de los españoles. Dos semanas atrás dijimos que en su habitual columna de los domingos, en Página 12, Horacio Verbitsky había dado por concluidas las dudas que aún existían en el seno del Poder Ejecutivo sobre el tema. Nada como leer al ex miembro de la organización Montoneros y las notas de fondo de Tiempos del Sur para interpretar hacia dónde apunta la Casa Rosada.

El kirchnerismo sabe lo que quiere y una vez determinado el rumbo vertebra un plan que pone en ejecución casi de inmediato. No hay que tener la bola de cristal a los efectos de darse cuenta de ello. Sin embargo, bastó que un borrador lanzado desde quién sabe dónde —adelantando la expropiación en marcha— fuese negado por un portavoz del oficialismo, para que prácticamente todos los analistas de fuste, el establishment económico en su totalidad y los peninsulares involucrados, con Brufau a la cabeza, hicieran una interpretación más cercana a sus deseos que a la realidad que se recortaba frente a sus narices.

Entre el sábado y el domingo pasados se dijo hasta el hartazgo que las amenazas españolas y las presuntas sanciones europeas y norteamericanas habían hecho entrar en razón a la presidente.

Que el costo de llevar adelante una estatización así sobrepasaba de tal manera los eventuales beneficios de la medida, que Cristina Fernández había ordenado desensillar hasta que aclarase.

Los motivos de la inventada postergación eran otros: el viaje a Cartagena. Regresar al país y sorprender a los bienpensantes con el anuncio del lunes al mediodía fue todo uno.

Poco importan aquí los detalles de la ley que será aprobada. Ni el determinar si la posesión en manos estatales de 51 % será mejor o peor que la dupla Brufau-Eskenazi. Lo trascendente desde el punto de vista político —el único que aquí interesa— es esto: la facilidad con que el gobierno ejecuta sus decisiones de carácter estratégico y la incapacidad de sus opugnadores para entender la naturaleza del kirchnerismo. Primero creyeron que el santacruceño iba a cambiar cuando afianzase su poder a costa de Duhalde. Presunción falsa. Después se entusiasmaron con la posibilidad de que su mujer, al colocarse la banda, mostraría el rostro humano y conciliador del matrimonio. A los pocos meses estallaba la guerra con el campo. En 2009, después de la derrota electoral, confiaron en que Néstor Kirchner finalmente se allanaría al diálogo, menos por convicción que por necesidad. Nuevo chasco. Ahora se comieron el amague de la solución negociada de YPF. Por eso unos han ganado y otros han perdido inclusive cuando obtuvieron dos triunfos de no poca monta.

Bien, ¿qué hay entonces hacia adelante? Si se tiene en cuenta que el kirchnerismo es, básicamente, cortoplacista, cuanto acaba de hacer no debe medirse en términos del año próximo o 2015, sino del año en curso. Por de pronto levantó una bandera y se envolvió en ella, que los argentinos veneran: la de la retórica nacionalista. No es poco para un pueblo tan sensiblero.

Además, calibró correctamente que cualquier reacción de las autoridades de Madrid no le harán mella a nuestro país. Romper relaciones o retirar al embajador no sirve de nada si la medida no va acompañada de sanciones. ¿Sanciones de la Unión Europea? —Seamos honestos, tal cosa no existe como instrumento de castigo. ¿El CIADI? —Pero si este gobierno es un experto en hacerle pito catalán a ese organismo, válido para los países con instituciones que tienen algo que perder en el mundo pero, al mismo tiempo, intrascendente para países parias con soja como la Argentina.

Es cierto que es imposible saber hoy cómo se le pagará la indemnización a Repsol; cuál será el programa de inversiones de YPF; qué destino tendrá la familia Eskenazi; si los chinos harán un joint venture con la nueva conducción de la empresa o cuánto costará importar energía en 2012. El largo plazo energético luce escalofriante. En el corto siempre se puede, con golpes de efecto y cajas confiscadas por el Estado, atenuar el costo de la fiesta y engañar a las masas que se mueven por emociones, a menos que flaquee el bolsillo.

Que se esta cebando una bomba es cierto pero también lo es que los mecanismos de retardo son muchos y algunos de los más importantes están en manos del gobierno. Cristina Fernández no huye hacia adelante convencida que frente al desbarajuste de su administración carece de otra alternativa que no sea quemar las naves y ponerle el pecho a las balas. Si lo hiciese supondría, al menos, que ha entendido el problema en el cual se ha metido, no sólo con la expropiación sino con la irracional política energética pergeñada por su marido y continuada alegremente por ella. Antes al contrario supone que está haciendo bien los deberes y cambiando el eje del capitalismo argentino. No es una mujer empeñada en dar batalla a caballo de unas convicciones que hacen agua. Es una fundamentalista que piensa siempre de manera binaria. Todo lo que hace está bien porque siempre le ha ido bien. Otro parámetro de medida no tiene y mientras la relación de fuerzas no sufra un cambio, imaginar alguna moderación de su parte en la consecución de su estrategia de dominación sería como estar en la luna de Valencia. Hasta la próxima semana.

El Gobierno de España da por rota la amistad con Argentina y prepara represalias

El Gobierno de España da por rota la amistad con Argentina y prepara represalias

García-Margallo: “La decisión rompe el clima de cordialidad y amistad”

Soria: “Es una decisión hostil contra España y el Gobierno de España”

El Ejecutivo anuncia medidas “claras y contundentes” en los próximos días

Exteriores convoca de nuevo al embajador argentino en España

El Gobierno español ha salido este lunes en tromba y ha condenado rotundamente la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar el 51% de la filial argentina de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha avanzado en conferencia de prensa que el Ejecutivo español trabajaba desde el mismo lunes por la tarde en unas medidas “claras y contundentes” que se darán a conocer en los próximos días, aunque no especificó ninguna. Soria ha denunciado que la medida decidida por la presidenta Cristina Fernández es un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno de España. Tanto Soria como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, han dedicado un rosario de descalificativos a la expropiación. García-Margallo, que ha convocado para este martes al embajador argentino, Carlos Bettini, ha declarado que se trata de una medida “arbitraria” y “dañina”, que supone la ruptura de “la relación de amistad y cordialidad” que había unido hasta ahora a ambos países y ha reprochado que España había acudido en socorro de Argentina, cuando el país latinoamericano se encontraba en sus peores momentos.

El Gobierno se ha puesto en contacto con las autoridades europeas, y ha pedido que se debata por la vía de urgencia en el pleno que se está celebrando en Estrasburgo. Ha lamentado que la nacionalización rompe el acuerdo verbal, alcanzado por ambos gobiernos el pasado 28 de febrero, de solventar cualquier conflicto respecto a las inversiones de Repsol con diálogo. El ministro ha advertido de que la decisión no solo es “pésima para España y para Argentina”, sino que también es “malísima para la seguridad jurídica”, con lo que perjudicará gravemente la llegada de inversiones a Argentina. La petrolera Repsol, por su parte, también ha anunciado medidas legales contra Argentina y su decisión de expropiar. Considera la medida “ilícita y gravemente discriminatoria”.

Soria confía en que este gesto hostil “no sea el principio de una situación grave”, ya que en Argentina operan otras importantes empresas españolas del sector financiero (BBVA y Santander), telecomunicaciones (Telefónica), y otros servicios. En esta línea, Soria ha advertido de que la expropiación de YPF “no solo afecta a una empresa aislada, sino que perjudica también a miles de accionistas y sus ahorros” y ha criticado que la medida supone una discriminación porque hay otros accionistas de YPF que no se ven afectados.

Soria había declarado el sábado que el conflicto con Repsol en Argentina se estaba encauzando, pero ayer aclaró que se refería a que Buenos Aires no había cumplido la amenaza de nacionalización, que parecía un hecho hacía tan solo unos días. El ministro lamentó que tras su viaje a Argentina, cuando se firmó el acuerdo verbal por el diálogo, el 28 de febrero, se dirigió por escrito al Gobierno de Kirchner, para fijar día y hora de reunión y jamás obtuvo respuesta.

“Allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses”. Rajoy, sin referirse directamente a Repsol ni a Argentina, tenía muy presente la amenaza de nacionalización en el discurso con el que clausuró la Asamblea General del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) este lunes en Madrid. “No les quepa duda, este Gobierno va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de muestro país”, afirmó Rajoy tras señalar que “la excelencia de las empresas españolas requiere de una política económica que esté a su altura”.

Rajoy, informa Miguel González, inicia este lunes su primera gira por Iberoamérica como presidente que le llevará tres días a México y Colombia en plena ofensiva diplomática para intentar frenar el ya explícito plan de Cristina Fernández de arrebatar a Repsol el control de YPF y en medio de la polémica provocada por el accidente del Rey en Botsuana. El viaje estaba previsto antes de que la presidenta argentina anunciara la toma de control de la filial de la petrolera.

Precisamente el presidente de México ha lamentado este lunes la decisión “poco responsable y poco racional” de Cristina Fernández, a quien Felipe Calderón ha animado a rectificar su postura, “claramente violatoria de acuerdos y tratados”.

La primera valoración pública de un dirigente político español había llegado de la mano de Dolores de Cospedal minutos después del anuncio de Fernández, a media tarde. “No me cabe la menor duda de que el Gobierno va a dar cumplida respuesta a esta situación. Será la respuesta suficiente y completa para defender el interés de las empresas españolas en Argentina”, aseguró la secretaria general del PP.

Repsol acusa a Argentina

Repsol acusa a Argentina de expropiar YPF para tapar la crisis económica y social

El presidente de la petrolera afirma que la nacionalización no está justificada por utilidad pública

La compañía asegura que la medida no se traducirá en una subida de los carburantes

El grupo presentará un nuevo plan estratégico a finales de mayo y mantendrá el dividendo

/ Madrid

Brufau, durante la rueda de prensa en Madrid. / ATLAS

Repsol acusó hoy a Argentina de expropiar su filial YPF con el objetivo de tapar la crisis social y económica que azota el país latinoamericano, según ha dicho el presidente de la petrolera española, Antonio Brufau. La compañía, que pide 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) por su participación en YPF, considera la nacionalización ilegal y demandará a Buenos Aires en un arbitraje ante el Banco Mundial.

“Estos actos no quedarán impunes”, advirtió el primer ejecutivo de la petrolera en una conferencia de prensa convocada en la sede de Repsol en Madrid y que duró casi dos horas. “La presidenta de Argentina ha realizado un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo”, dijo Brufau, cuyo tono, directo pero campechano, contrastó con el aire de solemnidad que rodeó la víspera el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner.

En primer lugar, la compañía demandará a Buenos Aires ante el Banco Mundial por la expropiación, la mayor registrada en el sector de los hidrocarburos desde que Rusia se hiciera con los activos de Yukos hace una década. Los pleitos se dirimen a través del Centro Internacional sobre Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde ya han llevado sus quejas en el pasado otras compañías españolas presentes en Argentina, como Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona.

El presidente de Repsol aseguró que la expropiación de la filial, que el año pasado representó un tercio del beneficio bruto de la compañía española, no está justificada por utilidad pública y rechazó las acusaciones del Gobierno argentino de que la petrolera tiene una actitud “depredatoria” sobre los recursos del país. “La decisión viola los más elementales principios de la igualdad de trato”, dijo. Pese a tratarse de una iniciativa que abarca todo el sector de los hidrocarburos, solo ha sido expropiada YPF y, dentro de esta empresa, solo las acciones de la petrolera española.

“A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad”, afirmó Brufau, para quien la renacionalización responde simplemente a un intento del Gobierno argentino de “tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina”, con una elevada inflación y conflictos en sectores como el transporte. El Gobierno “solo busca tomar el control de la petrolera sin ninguna opa, un compromiso asumido por el Gobierno en su privatización”, añadió.

El Gobierno español se ha comprometido a defender los intereses de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió hoy que la expropiación tendrá consecuencias, que se conocerán en los próximos días, y que se materializarán a través de medidas de ámbito “diplomático, comercial, industrial y energético”. En Bruselas, la Comisión Europea suspendió un encuentro bilateral con Argentina previsto para esta semana y advirtió que la decisión envía una señal muy negativa a los inversores.

No subirá la gasolina

El presidente de Repsol ha enfatizado que en ningún momento la producción de YPF ha sido enviada a España por lo que no afectará de ninguna manera al precio de los carburantes. “La repercusión será cero en compras, precios y aprovisionamientos”, ha dicho. La expropiación, ha asegurado Brufau, no afectará a la política de dividendos de la empresa y que a finales de mayo presentará un nuevo plan estratégico.

Brufau ha añadido que Repsol no ha tenido ninguna respuesta del segundo accionista de la filial argentina, el grupo Petersen, de Enrique Eskenazi. Repsol tiene una participación del 57,43% en YPF. Adicionalmente, mantiene un préstamo con el grupo de la familia Eskenazi valorado en 1.542 millones de euros. Este grupo tiene más de un 25% del capital de YPF tras el acuerdo alcanzado entre Repsol y el Gobierno argentino, que adquirió con un préstamo de Repsol (45%) y de un grupo de entidades (el otro 55%). De hecho, esta empresa debe pagar 400 millones a sus bancos acreedores en mayo. O refinanciar. Para el Gobierno argentino, nacionalizar este paquete hubiese sido nacionalizar una deuda de unos 4.000 millones.

Respecto a la posibilidad de que la petrolera china Sinopec se haga con la participación expropiada, Brufau dijo: “Los chinos, por muy chinos que sean, son muy serios. Y nadie serio entra por la puerta falsa”. Respecto al ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, el primer ejecutivo de Repsol añadió: “No creo que verle sentado al frente de YPF sea un plato de buen gusto para un inversor fino de Minesotta”. Y arremetió contra el concepto de seguridad jurídica del país: “No es de lo más fuerte”.

Ley Videla

Brufau fue duro con la manera de actuar de ayer del Gobierno argentino, que mandó a altos funcionarios a la sede de YPF en Buenos Aires para obligar a los ejecutivos a abandonarla de inmediato. “Entraron en nuestras instalaciones al amparo de una ley de Videla, que fue un dictador, antes incluso de que la presidenta acabase de explicar el decreto de intervención. No es propio de un país moderno, esta no es la Argentina querida. La gente de este país se merece otra cosa”, dijo.

Brufau hizo historia y recordó que el matrimonio Kirchner aproyó la privatización de YPF en 1999. Entonces, el expresidente Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz.. “En 2008, escuchando los deseos del Gobierno argentino dimos entrada a un grupo argentino, con financiación bancaria y de la propia Repsol. Fue absolutamente aprobada por Kirchner y su señora y se aprobó el pago de dividendos” ahora criticado.

“Habría que mirarse un poquito en el recordatorio de cada uno”, reprochó en relación a las críticas de Kirchner contra la política de dividendos. “Hasta finales de 2011 solo recibíamos beneplácitos, ya ahora se nos acusa de una década de depreciación”.

España moviliza a sus socios y aliados para frenar la expropiación de YPF

España moviliza a sus socios y aliados para frenar la expropiación de YPF

Madrid busca el respaldo de EE UU, la UE, el G-20 y los países iberoamericanos ante Buenos Aires

El Gobierno de Rajoy amaga con medidas de represalia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, durante la rueda de prensa de este viernes. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

El Gobierno español elevó este viernes el tono de su enfrentamiento con el Ejecutivo de Cristina Fernández ante la amenaza de una inminente expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. Si el jueves el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró que los “gestos de hostilidad [hacia la compañía española], traerán consecuencias”, el viernes su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más lejos. “Cualquier agresión, violando el principio de seguridad jurídica, a Repsol será considerado una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, dijo el ministro, tras reunirse con el embajador argentino en España, Carlo Antonio Bettini, a quien convocó a la sede de su ministerio para trasladarle la preocupación de las autoridades españolas y pedirle aclaraciones sobre los planes de su país respecto a la petrolera española.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría contribuyó a escenificar la gravedad de la crisis al advertir, con tono solemne, que “la obligación del Gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España”.

Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias

Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias. El primero argumentó que aún hay margen para una salida negociada y la segunda porque, según sus palabras, “las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará”, apostilló.

De momento, el Gobierno ha iniciado una ofensiva diplomática para ganarse el apoyo de sus socios y aliados. Margallo reveló que su departamento ya ha informado sobre este contencioso a Estados Unidos —segundo inversor extranjero en Argentina tras España—, a través de su embajador en Madrid, Alan Solomont, y del Departamento de Estado; a México, que ejerce la presidencia de turno del G-20; y a Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se inicia este viernes en Cartagena de Indias, para que se aborde en la misma.

También se ha dirigido a la Comisión Europea, que se alineó con la posición española. “Esperamos que Argentina respete sus acuerdos internacionales en la protección de la inversión, estamos del lado de España en este asunto”, manifestó un portavoz de la Comisión, quien confirmó que su presidente, José Manuel Durao Barroso, ha trasladado a la presidenta Fernández de Kirchner su preocupación por este asunto, a través de la representación de la UE en Buenos Aires, informa desde Bruselas Lucía Abellán.

El peor daño no es el que España puede hacer a Argentina, sino que el que Argentina se hace a sí misma con esta decisión

La denuncia ante los foros internacionales de la falta de respeto a las reglas del Estado de Derecho por parte de la Administración de Fernández de Kirchner constituye, según fuentes diplomáticas, el instrumento de presión más eficaz; de ahí que las primeras gestiones se hayan dirigido hacia EE UU y el G-20, del que Argentina forma parte. En palabras del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Buenos Aires puede convertirse en un “apestado internacional”, ya que “romper las reglas de juego tiene un coste”.

“Una cosa es defender un sector estratégico como los hidrocarburos, incluso llegando a la nacionalización, y otra actuar contra los intereses de una empresa”, advierte un ex diplomático con largos años en Argentina.

Por lo que se conoce, el propósito de las autoridades argentinas es hacerse con la mayoría de YPF expropiando las acciones en manos de la familia argentina Eskenazi y un 27% de las de Repsol, cuya participación quedaría limitada al 30%. No se tocaría, sin embargo, el 17% en manos de fondos de inversión estadounidenses ni tampoco a las otras petroleras, pese a que adolecen de las mismas deficiencias que Buenos Aires achaca a YPF.

Medidas de retorsión

Argentina necesita invertir en los próximos años 25.000 millones de dólares en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que por sí solo representa la mitad de las reservas de hidrocarburos del país, y difícilmente hallará un inversor extranjero dispuesto a arriesgarse si no existe seguridad jurídica. “El peor daño no es el que España puede hacer a Argentina, sino que el que Argentina se hace a sí misma con esta decisión”, subrayan las mismas fuentes.

Otras medidas de retorsión son más problemáticas: la denuncia del Tratado de Cooperación y Amistad (1998) o del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (1991) perjudicaría, sobre todo, a las demás empresas españolas que operan en Argentina, al margen de Repsol. La congelación de las negociaciones para un acuerdo de cooperación y libre comercio entre la UE y Mercosur apenas haría mella en Argentina, que con su política económica proteccionista es el país de la región menos entusiasta de dicho acuerdo. Lo que sí podría hacer el Gobierno es dar luz verde a una orden ministerial para proteger la producción nacional de biodiesel frente a la avalancha de importaciones de Argentina, que han pasado de 90 a 800 millones de dólares entre 2008 y 2011, aunque esta disposición, que se prepara desde hace meses, no tenga relación con el actual contencioso.

Oficialmente, el Gobierno español no tenía este viernes constancia de que el proyecto de nacionalización hubiera salido de la Casa Rosada hacia el Parlamento, pero las informaciones que llegaban de Buenos Aires eran muy pesimistas. “Se trata de una estrategia cuidadosamente planificada, que ha incluido el acoso a Repsol para forzar la pérdida de valor de la compañía, y no es fácil que [Cristina Fernández] renuncie en el último momento a culminarla”, sostienen fuentes gubernamentales.

Por eso, el Ejecutivo decidió dejar a un lado las gestiones discretas que ha realizado sin éxito desde febrero pasado —incluida una llamada del Rey a Cristina Fernández para interesarse por los rumores de nacionalización de YPF— y trasladar el contencioso a la escena pública, en un último intento por frenar lo que parece inevitable.

Tras recordar que España fue uno de los pocos países que acudió al rescate de Argentina, tras la crisis del corralito en 2001, con un préstamo de mil millones de dólares, Margallo advirtió de que la ruptura de la relación estratégica que mantienen desde hace años ambos países “no sería solo en términos económicos y ese es el peor escenario que podríamos imaginar”.

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