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Estados Unidos revela cargos contra El Chapo Guzmán

Estados Unidos revela cargos contra El Chapo Guzmán

El caso cubre asociación delictuosa para distribuir grandes cantidades de cocaína y mariguana, lavar las ganancias y matar a habitantes de la Unión Americana

AP

EL PASO, 24 de abril.- Las autoridades federales de Estados Unidos revelaron los cargos formulados contra el narcotraficante prófugo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cártel de Sinaloa y uno de los hombres más adinerados del mundo.

El acta acusatoria de 14 cargos fue rendida el 11 de abril, pero las autoridades la revelaron el martes en El Paso. El auto de procesamiento, de 28 páginas, finca cargos contra Guzmán y otras 23 personas que se alega participaron en operaciones y manejo del cartel.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.

El caso cubre asociación delictuosa para distribuir grandes cantidades de cocaína y mariguana, lavar las ganancias y matar a habitantes de Estados Unidos.

Los esfuerzos del cártel de Sinaloa en los años recientes para controlar lucrativas rutas de contrabando a través de Ciudad Juárez, en México, han generado una ola de violencia.

 

¿Se arrepintió Alabama de su ley contra los indocumentados?

¿Se arrepintió Alabama de su ley contra los indocumentados?

BBC Mundo

Diez meses después de que se aprobara la ley de inmigración HB56 en Alabama, EE.UU., los legisladores están proponiendo cambios para varias de sus cláusulas. La razón principal: la que muchos consideran la legislación más severa del país no sólo ha surtido efectos notables en sus ciudadanos, sino también en la economía del estado.

El nuevo proyecto de ley, bautizado con el nombre de HB658, pretende apaciguar las perspectivas negativas provocadas en el estado desde que la ley fue puesta en marcha en septiembre de 2011.

Un estudio publicado en enero de este año concluyó que las medidas enérgicas en contra de los residentes indocumentados han traído consigo enormes consecuencias económicas, entre las que se encuentran la desaparición de miles de puestos de trabajo y la disminución de la demanda.

El mayor daño causado por la ley, según el autor de la investigación Samuel Addy, es el éxodo de inmigrantes a otros estados. Al mudarse, huyendo de las restricciones, Alabama no sólo pierde trabajadores sino también consumidores y contribuyentes. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque exista el mito de que los indocumentados no pagan impuestos, está demostrado que sí lo hacen aún cuando saben que no recibirán muchos de los beneficios.

En su trabajo, Addy (economista y director del Center for Business and Economic Reasearch de la Universidad de Alabama) también estima que la HB56 recortaría al menos 70.000 empleos y US$2.300 millones anuales. Un claro ejemplo que este cálculo es que desde la implementación de la ley, los empleadores han tenido dificultades para encontrar personas dispuestas a realizar el trabajo duro que no es bien pagado: los granjeros no consiguen recolectores, los hoteles no hallan gente que limpie las habitaciones.

Lea: ¿Sobreviviría la agricultura de EE.UU. sin indocumentados?

ProtestasAunque muchas de las cláusulas de la HB56 han sido suspendidas por decisión del gobierno federal, esta reforma las dejaría sin lugar.

Además, diversos grupos empresariales han argumentado desde 2011 que la HB56 -que entre otras cosas permite a la policía exigir prueba de residencia legal a todo el que considere sospechoso de estar indocumentado- ha causado daños en la reputación y la imagen internacional del estado.

Los cambios

El proyecto de HB658 tiene como principal objetivo reformar la HB56, que también es conocida con el nombre de “Arizona con esteroides”, debido a que incrementó la dureza de muchas de las sanciones propuestas por la ley antiinmigrante del estado de Arizona aprobada en 2010. Aunque muchas de sus cláusulas han sido suspendidas por decisión del gobierno federal, esta reforma las dejaría sin lugar.

La presidenta de la organización Immigration Works, Tamar Jacoby, explicó a BBC Mundo los cambios más importantes que plantea la nueva legislación.

En primer lugar, eliminaría la disposición que convierte en un crimen rentar viviendas a inmigrantes indocumentados, lo que no sólo beneficiaría a los dueños de las propiedades sino a la industria inmobiliaria del estado.

“El objetivo de la ley de inmigración nunca fue hacerles la vida más difícil a los negocios”, declaró William Canary, presidente y CEO del Business Council de Alabama. “Estos cambios, aunque no son perfectos, son un paso en la dirección correcta”, agregó.

También dejaría sin efecto los controvertidos censos en escuelas para saber si los alumnos tienen papeles o no.

 Lea también: El miedo llega a las iglesias y escuelas de Alabama

La cláusula que más llama la atención es la que asegura que la policía ya no podrá indagar en el estatus migratorio de aquellos que le resulten “sospechosos”. Para poder hacerlo será necesario haber cometido alguna infracción de tránsito o de cualquier otro tipo que produzca un arresto.

Niños en escuela de AlabamaLa reforma dejaría sin efecto los controversiales censos en escuelas para saber si los alumnos tienen papeles o no.

Sin embargo, no todo es positivo: una vez detenidos, los oficiales podrán averiguar la condición migratoria del resto de los ocupantes del vehículo.

“Esto, sin duda, sería hostigar a personas inocentes que no han cometido crimen alguno”, dijo Jacoby a BBC Mundo.

El impacto no es sólo económico

Aunque todavía no ha sido aprobada, los expertos aseguran que lo más probable es que eso ocurra.

“No hay nada que indique que la HB 658 no entrará en vigencia y eso es muy positivo. Los legisladores están conscientes de que muchas cláusulas se extralimitaron y de que nadie quiere invertir ni visitar un estado tan poco hospitalario”, aseguró Jacoby.

Pero no todos son tan optimistas al pensar que una reforma echaría por tierra los preceptos de la ley original y que eliminaría del todo los daños económicos y sociales causados.

Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch, señaló en un comunicado que “el principal problema de la ley sobre inmigración de Alabama es que persigue el fin expreso de crear obstáculos que hagan prácticamente imposible la vida en el estado para los inmigrantes indocumentados”.

Según ella, “las violaciones de derechos humanos no podrán prevenirse con tan sólo implementar unos pocos cambios en la ley”.

Colombia: Nueva ofensiva de Hugo Chávez contra el ex presidente Uribe

Colombia: Nueva ofensiva de Hugo Chávez contra el ex presidente Uribe – por Eduardo Mackenzie

¿Por qué la prensa no admite que lo que hace en estos días Iván Cepeda no es una “denuncia ante la Fiscalía” sino una nueva fase de su obsesión convulsiva contra el ex presidente Álvaro Uribe para aprovechar la presencia en Cartagena de numerosos periodistas extranjeros por la Cumbre de las Américas?

¿O cómo se puede explicar que la supuesta “denuncia ante la Fiscalía” del vocero comunista coincida con la nueva cruzada de Telefarc (perdón, Telesur) contra el ex mandatario colombiano? El canal chavista presentó, en efecto, casi el mismo día de la gesticulación de Iván Cepeda, el primer tramo de un folletón tóxico intitulado “Expediente Uribe”, un montaje de imágenes y sonido realizado según la técnica stalinista de la mentira asombrosa.

Para estar a la altura de la nueva campaña del dictador Hugo Chávez contra el líder colombiano, Iván Cepeda propuso esta vez las imágenes de unas declaraciones (no se sabe obtenidas bajo qué presiones o qué promesas) de dos paramilitares presos, Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, y Juan Monsalve. El autor del nuevo montaje conoce a esos dos individuos desde hace años. Los dos figuran en un panfleto de calumnias alucinantes que él ayudó a redactar en 2007 contra el presidente Álvaro Uribe y contra la clase política colombiana.

Ese libro no solo difama al presidente Uribe. También es difamado el presidente Juan Manuel Santos quien aparece en una lista bajo el calificativo de “paramilitar que ha participado en crímenes”. Ese panfleto le da el mismo tratamiento al ex vice presidente Francisco Santos. El ministro Germán Vargas Lleras aparece allí como “paramilitar”. El General Oscar Naranjo Trujillo es mencionado como “narcotraficante”. La lista de calumniados es larga.

Ese libro, que todo el mundo parece haber olvidado, muestra lo que son las acusaciones de Iván Cepeda. Sorprende por eso que la Fiscalía tome en serio el nuevo montaje y declare, como si nada, según aseguró hace dos días la página web de RCN, que “ya se inició investigación preliminar contra el ex presidente Uribe ante la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia”. Parece, además, que el nuevo Fiscal General, Eduardo Montealegre, ya tiene cita con Iván Cepeda para que éste le dicte lo que debe hacer. En todo caso, Iván Cepeda explica que, en la reunión, Montealegre será notificado de “cuáles son los tiempos y los ritmos de esa investigación”.

Si esa es la “independencia” del nuevo Fiscal General, quien sin chistar se deja manosear de esa manera por el vocero extremista, puede ya la ciudadanía saber cuál será el resultado de la pretendida “investigación” de la Fiscalía.

La prensa dice que el parlamentario del Polo Democrático (comunista) trata de acusar a Álvaro Uribe por hechos supuestos  ocurridos “entre 1995 y 1997”. ¿Por qué Cepeda esperó hasta hoy para presentar esa denuncia? ¿Porque no tenía el aval de Caracas? Según un comunicado de Iván Cepeda, éste mostró unas fotos donde “se aprecian hombres de camuflado y con fusil al lado de cambuches”.

Quien se aparece con un puñado de fotos para sustentar una tesis es alguien sospechoso. Todo periodista sabe (o debería saber) que un individuo que propone imágenes como “prueba” de algo debe ser visto con recelo.

Pues la fotografía es fuente de manipulación. Toda persona sabe que ninguna imagen es neutra, que toda fotografía es una puesta en escena, que el fotógrafo puede escoger un ángulo, un plano, según lo que quiera decir, que una imagen puede ser utilizada para inducir en error. Sabe, además, que una imagen puede ser más fuerte que un escrito. Sabe, sobre todo, que una imagen, por todo lo anterior, puede modificar los comportamientos.

Quien propone fotos sabe lo que hace: él cuenta con la curiosidad natural, con el voyerismo espontáneo de ciertos públicos. El sabe que, en general, quien acepta esas imágenes acepta, sin pensarlo, la musiquita que las acompaña: la interpretación que se le ofrece. Incluso si el acto de recibir es consentido,  el acto de dar se convierte en una violación, en una tentativa de esclavizar al otro, en un intento de modificar su conciencia, para someterla a los más bajos instintos.

¿Iván Cepeda no oculta nada al proponer esas fotos? ¿No entra él en un juego de manipulación?

Si se examinan esas fotos se ve que éstas no prueban nada. ¿Un hombre disfrazado con fusil, gorra y camuflado, caminando por un potrero, o posando bajo un árbol, qué prueba? Nada distinto a lo descrito.

No hay nada más desacreditado hoy en día que la llamada “prueba por la imagen”. Pues nada es más modificable y adulterable que una fotografía. ¿Stalin no era experto, ya en 1930, en mentirle al mundo adulterando ciertas fotos?

En el nuevo circo de Iván Cepeda, admirador de Stalin en sus horas perdidas, cuatro personas, una sola armada, bajo una tolda de 2×2 metros bajo un arbolito demacrado en un potrero, es la gran prueba de que en ese lugar había un “grupo paramilitar”. ¿Quién puede creer eso? ¿No hace eso reír? Esa foto de los cuatro personajes muestra, como mucho, que en una finca hubo cuidanderos. ¿Tener cuidanderos en una finca, en una región expuesta a los desmanes de la criminalidad, es constituir un “grupo paramilitar”?

¿Ese es el nuevo embuchado que Iván Cepeda quiere hacer pasar? ¿Todo propietario que pretende cuidar su casa, o su terruño, o su hacienda, es ya un “paramilitar”? ¿Todo lote de tierra debe quedar sin protección alguna ante la delincuencia? ¿Esas es la nueva doctrina que la Fiscalía y el gobierno deben adoptar?

En todo caso, este nuevo escándalo estaba siendo impulsando tras bambalinas. Cepeda dice que la secretaria de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le informó que la “investigación penal” contra el ex presidente Uribe había comenzado “el 10 de diciembre de 2011”, y que el encargado de ésta es el doctor Julio Ospino Gutiérrez. Al inventar un caso que habría ocurrido cuando Álvaro Uribe no era presidente de la República, Iván Cepeda espera utilizar los servicios del nuevo Fiscal General y evitar el trámite que exige la Constitución ante la Comisión de Acusaciones.

Sorprende, y mucho, el silencio de la Casa de Nariño ante la nueva maniobra del régimen dictatorial de Caracas contra un ex presidente de la República de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, a pesar de las diferencias que existen entre él y el ex presidente Uribe, no puede seguir callado, ni jugar el papel del mandatario neutral, ante la viciosa operación de Telesur y de Iván Cepeda contra los intereses y contra la soberanía de Colombia.

 

Un año después de la Ley de Arizona, el estado no cesa su lucha contra los indocumentados

Un año después de la Ley de Arizona, el estado no cesa su lucha contra los indocumentados

Un año después de la Ley de Arizona, el estado no cesa su lucha contra los indocumentados
Imagen: Corbis

El 29 de julio del 2010 entró en vigor la famosa Ley de Arizona, SB1070, que criminalizó la estancia de los inmigrantes indocumentados en el territorio del estado. Pese a las masivas críticas por parte de los defensores de derechos humanos y el bloqueo de varias regulaciones de la Ley por parte del tribunal, Arizona continúa endureciendo su posición contra los indocumentados en sus tierras.

Mientras tanto, los efectos de la aprobación de la SB1070 no son claros. Por ejemplo, el reverendo y activista local Robin Hoover dijo a EFE que “lo único que ha hecho la SB1070 es empujar fuera del estado a docenas de inmigrantes indocumentados en el justo momento cuando el estado más necesita trabajadores y personas que paguen impuestos”. También indicó, que ahora el estado enfrenta altos índices de desempleo y recortes presupuestarios.

A su vez, el banco español BBVA ha calculado que para mayo del 2011, cuando publicaron su informe, Arizona ha perdido al menos 100.000 hispanos.

Sin embargo, el analista Javier Durán, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Artes y Humanidades de la Universidad de Arizona, cree que por el momento no hay una posibilidad real de examinar los efectos económicos de la decisión de los parlamentarios estatales. Durán indica que hay que poner atención también a las circunstancias que rodean la situación actual, como la crisis financiera y el desempleo.

Jaime Farrant, representante de la organización Red de Acción Fronteriza en Arizona, se concentra en otro aspecto de los resultados de aprobación de la ley. “La SB1070 hizo mucho daño a la reputación del estado de Arizona, provocando un boicot y teniendo un impacto psicológico entre la población”, comentó.

Al mismo tiempo, varios estados ya han seguido los pasos de Arizona, o piensan hacerlo en el futuro cercano. Carolina del Sur, Utah, Georgia y Alabama son unos de los territorios que se encuentran en esta lista.

Pese a que una corte distrital del estado bloqueó varias de las partes más controvertidas de la ley, como la obligación de los inmigrantes de siempre llevar consigo sus documentos, hay bastantes puntos que provocan la indignación de los activistas. Por ejemplo, con la entrada en vigor de la SB1070, transportar o albergar a un indocumentado también es un delito.

Y Arizona continúa su lucha contra la inmigración ilegal argumentando que el gobierno federal no hace bastante para combatir ese problema. La semana pasada el estado estableció un sitio web, donde recauda dinero privado para alargar el muro en su frontera con México; ya han sido donados 100.000 dólares. Además, una nueva ley de Arizona, que entró en vigor el 20 de julio, reglamentó la creación de una milicia civil bajo las órdenes de la gobernadora Jan Brewer. Su objetivo es proteger la frontera de nuevos inmigrantes ilegales.

 

CISPA: La nueva SOPA contra la libertad y la privacidad en Internet

la proxima guerra Internet Censorship CISPA - Newest Cyber Security Bill

Algunos legisladores de Estados Unidos tienen la intención de ser capaces de supervisar la totalidad de su actividad online, al acecho en los internets como Pedobear en un patio de colegio. El proyecto de ley HR 3523, o Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), parece ser la última amenaza contra la privacidad y la libertad en Internet.

De acuerdo a la EFF, el proyecto de ley contiene un “lenguaje radical [que] daría a las empresas y al gobierno nuevos poderes para controlar y censurar las comunicaciones en caso de infracción de los derechos de autor. También puede ser una poderosa arma para usar contra sitios web de denunciantes como WikiLeaks“.

Mientras la “ciberseguridad” es citada como una causa por violación de sus derechos, al parecer, el proyecto de ley le daría luz verde a los gobiernos y las empresas que desean espiar la actividad del usuario. ISPs, buscadores y redes sociales serían capaces de hacer que sus datos estén disponibles para las agencias gubernamentales, dejándolos casi sin privacidad.

“Se crea efectivamente una exención por “ciberseguridad” a todas las leyes existentes”.

Un aspecto terrorífico de este proyecto de ley es que permite a una empresa bloquear o modificars sus comunicaciones.

¿Qué se necesita para que una entidad afirme que le espía a usted porque es una potencial “amenaza cibernética”? De acuerdo con la definición en el texto del proyecto:

(2) Amenaza cibernética: El término ‘amenaza cibernética’; la información en posesión de un elemento de la comunidad de inteligencia directamente relacionada con una vulnerabilidad de, o la amenaza de, un sistema o red de una entidad gubernamental o privada, incluida la información relativa a la protección de un sistema o red contra:


(A) los esfuerzos para degradar, interrumpir o destruir dicho sistema o red, o


(B) el robo o la apropiación indebida de información privada o pública, propiedad intelectual, o información de identificación personal.

Aparte de la posibilidad de censurar cualquier discurso que un determinado servicio no apruebe, la definición resume la intención de este proyecto de ley muy bruscamente. La (A) fue escrita para que sea más fácil cazar a cualquier persona sospechosa de participar en el activismo anónimo y (B) abre la temporada de caza de piratas de una variedad de intercambio de archivos.

No se sabe todavía si este proyecto de ley se topará con una resistencia significativa del público, pero si la gran respuesta del público a la SOPA y ACTA son una indicación, una gran mayoría del público no quiere sufrir una violación de sus derechos en beneficio de un pocos grupos elitistas anti-piratas. ¿Será el enmarcar el intercambio de archivos y los ataques DDoS como una gran amenaza para la “seguridad cibernética” suficiente para convencer al público para que renuncie a sus derechos? ¿O será otra campaña fallida que termine con Chris Dodd quejándose acerca de cómo Google y la Wikipedia tenían una esfera mayor de influencia en lo que era en realidad una protesta de base para preservar nuestros derechos y libertades? Tal vez se requieran mas análisis pero yo apuesto por lo  segundo.

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