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El futuro de la guerra contra las drogas

el informe Oppenheimer

El futuro de la guerra contra las drogas

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Andrés Oppenheimer

Cuando la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, decidió encomendar un estudio sobre la posible despenalización de las drogas a la Organización de Estados Americanos (OEA), muchos pensaron que ese sería el final de la historia, y que todo el tema pasara al olvido. Sin embargo, puede que estén equivocados.

Es la primera vez que una cumbre de tal magnitud aborda de frente lo que antes era un tema tabú, y hay varios factores no relacionados que posiblemente coloquen el debate sobre la despenalización en el centro de la agenda diplomática regional a finales de este año, o principios del 2013.

En una reunión a puertas cerradas durante la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena el 14 y el 15 de abril, los presidentes acordaron pedirle a la OEA que haga un estudio sobre la guerra contra las drogas, y ofrezca soluciones alternativas. Los presidentes no dieron detalles acerca de cómo se hará el estudio, ni cuándo debería estar listo.

En días pasados, intrigado sobre si deberíamos tomar esta iniciativa en serio, llamé al Secretario General de la OEA José Miguel Insulza y le pedí que nos diera los detalles.

Los escépticos dicen que la cumbre del presidente Obama y los jefes de estados latinoamericanos en Cartagena hizo lo que los presidentes hacen cuando no saben cómo resolver un problema: encargaron un estudio y patearon el problema para adelante. Este proceso puede durar años, dicen los críticos.

Pero los que quieren buscar alternativas para reemplazar la guerra contra las drogas señalan que el movimiento pro-legalización está ganando impulso, y que el estudio de la OEA le dará mayor legitimidad a quienes abogan por cambios.

Hace apenas una década, el debate sobre la legalización estaba limitado a los círculos académicos. Después, en el 2009, tres ex presidentes -Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México y César Gaviria de Colombia- emitieron una declaración conjunta en apoyo de la descriminalización de la marihuana. Más tarde, otro ex presidente mexicano, Vicente Fox, hizo una propuesta aún más osada: la legalización de todas las drogas.

A principios de este año, por primera vez, un presidente latinoamericano en funciones -Otto Pérez Molina, de Guatemala- pidió que se estudie la posibilidad de una legalización de las drogas. Poco después, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que propondría un “debate serio” sobre el tema en la Cumbre de Cartagena, que terminó con el pedido del estudio a la OEA.

Cuando le pregunté a Insulza sobre el estudio, respondió que “queremos terminarlo para fin de año, y hacerlo público para marzo del año próximo”. Será exhaustivo e investigará el negocio del tráfico de drogas, el éxito o el fracaso de varios países europeos que han experimentado la descriminalización, así como los medios para mejorar la educación, la prevención y la rehabilitación, dijo.

“Ofreceremos varias alternativas a lo que se está haciendo ahora”, me dijo Insulza. “La idea no es decirles a los presidentes lo que hay que hacer, sino ofrecerles un menú de opciones”, añadió.

Mi opinión: A finales de este año, o principios del 2013, los partidarios de la legalización o descriminalización de las drogas – o su regulación – verán su posición fortalecida por varios factores no relacionados entre sí.

En primer lugar, México tendrá un nuevo presidente en Diciembre, y lo más probable es que quien gane las elecciones de julio querrá distanciarse de la actual guerra contra las drogas, que ha dejado más de 50,000 muertes en los últimos cinco años.

En segundo lugar, los estados de California, Oregón y Washington incluirán propuestas para la legalización de la marihuana las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Si ganara alguna de estas propuestas, se fortalecería el bando pro-descriminalización, y se debilitaría el apoyo en América latina a las políticas actuales. ¿Para qué luchar contra algo que es legal en Estados Unidos?, se preguntarían muchos.

En tercer lugar, el estudio de la OEA podría incluir la despenalización de la marihuana en su “menú de opciones”, dándole mayor legitimidad a esa alternativa. Sería deseable que la OEA, que últimamente no ha lucido por defender la democracia y los derechos humanos en el continente, se tome en serio este nuevo mandato.

No creo que la despenalización generalizada de las drogas duras sería una buena idea, pero si el nuevo estudio concluye que la despenalización de la marihuana le daría a los países más recursos para combatir la cocaína o la heroína, sería una alternativa mejor que la actual guerra contra las drogas que está costando tanta sangre, con tan pocos resultados.

 

Cristina perforando el futuro argentino

Ricardo Trotti: Cristina perforando el futuro argentino

El proyecto de ley de nacionalización de la petrolera Repsol-YPF que los funcionarios del gobierno dijeron que no existía y por eso criticaron a más no poder a los periodistas y medios de comunicación la semana pasada antes de que Cristina de Kirchner viajara a Cartagena, apareció hoy y con mucha fuerza. La Presidenta lo anunció en cadena nacional mientras lo enviaba al Senado para su pronta aprobación.
La medida expropiatoria, aunque el gobierno la llama de nacionalización, está basada en el criterio del gobierno de que los hasta hoy propietarios mayoritarios de YPF, el grupo español Repsol, no cumplió con el plan de inversiones y no abasteció apropiadamente al país.

Y ante esto uno se pregunta: ¿Será que toda empresa privada que al gobierno se le ocurre decir que no sirve para el autoabastecimiento del país, puede o debe ser expropiada por el gobierno? ¿No será una treta para quedarse con las empresas que en forma estratégica le conviene, en este caso económicamente; en el caso de Papel Prensa, políticamente para luego manejar el insumo del papel y controlar mejor a la prensa disidente?

La Presidenta debe saber que el plafond del 54% de votantes que obtuvo en la elección pasada es de vidrio y no lo puede utilizar para hacer cambios al estilo chavista. Argentina no tiene como Venezuela ese lujo que implica no solo el petróleo sino su precio por las nubes; aunque ella crea que esta empresa le dará el efectivo necesario para seguir pagando los grandes subsidios habituales del peronismo.
Obviamente que España y la Comisión Europea no se quedarán de brazos cruzados, especialmente los españoles que son los inversores mayores en Argentina.

Hay a corto y mediano plazo dos riesgos muy grandes para Argentina. Primero desinversión y generación de desconfianza para los inversionistas extranjeros, así como la creación de una empresa pública que seguirá alimentando esa cultura de la corrupción que se nutre desde los funcionarios del Estado.
Es evidente que una medida como esta, por medio de la cual los ejecutivos españoles y argentinos de Repsol salieron literalmente echados a las patadas, es parte de una historia que el gobierno viene construyendo desde hace tiempo y que parece enquistada en la forma de gobernar.

Cuando la presidenta a finales de diciembre nacionalizó el papel para periódicos, usó la misma justificación para penalizar a Clarín y La Nación, los socios del Estado en Papel Prensa, respecto a que no estaban invirtiendo lo suficiente para abastecer el mercado interno. Es obvio, ahora, que el próximo paso será que el gobierno, con la ayuda de medios oficialistas, denunciará que no hay suficiente papel para imprimir, por lo que terminará capitalizando, nacionalizando y quedándose con la empresa.
La diferencia es que el papel para periódicos no es un producto estratégico como puede justificarse con el petróleo. Aunque a decir verdad, este gobierno justifica todas sus acciones bajo el marco de lo estratégico.

Este caso de YPF es muy desprolijo. Pareciera que el gobierno, más que el suelo, está perforando el futuro argentino

 

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