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La nacionalización de YPF ilustra el giro intervencionista de Kirchner

La nacionalización de YPF ilustra el giro intervencionista de Kirchner

Por Matt Moffett

The Wall Street Journal Americas

La nacionalización de la petrolera YPF SA constituye la última señal de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está siguiendo un curso más nacionalista e intervencionista que el de su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner.

En los meses previos a la nacionalización, que ha provocado un feroz enfrentamiento con Repsol YPF, el dueño mayoritario español de YPF, Fernández de Kirchner ya había impuesto nuevos controles sobre las salidas de capital y las importaciones, tomado medidas para tener un control más firme sobre los recursos del banco central y reanudado los reclamos de Argentina al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

 

KIRCHNER

Los analistas dicen que las medidas son, en parte, un intento para remendar los más acuciantes problemas económicos y desviar la atención de los políticos. El giro a la izquierda también está relacionado con una reorganización de su equipo, donde algunos de los referentes pragmáticos asociados con Néstor Kirchner han pasado a un segundo plano para dar lugar a asesores más jóvenes e izquierdistas, vinculados a su hijo Máximo, de 35 años.

“Creen que pueden sobrevivir la reacción de corto plazo de España porque las nacionalizaciones son políticamente muy digeribles en casa”, indicó Javier Corrales, politólogo de Amherst College.

La presidenta, de 59 años, parece estarse desmarcando de la sombra de Néstor Kirchner, quien falleció de un ataque cardíaco en 2010. La mandataria todavía se viste de negro y salpica sus discursos con referencias a “él”.

En el plazo inmediato, la nacionalización parece otorgar un impulso político interno a Kirchner, quien en octubre fue reelegida de manera aplastante, pero que en el último tiempo se ha visto en dificultades por la desaceleración económica y un escándalo político que involucra a su vicepresidente.

Kirchner “habla cada vez más acerca de Él, al tiempo que, paradójicamente se aleja de Él”, escribió recientemente Fernando Laborda, columnista del diario La Nación.

Néstor Kirchner, en todo caso, también fue conocido por sus tácticas populistas y por no ceder en las negociaciones con los acreedores extranjeros, además de ser acusado de manipular las estadísticas de inflación. Pero Kirchner también era un negociador “más pragmático que ella”, en opinión del economista Aldo Abram.

YPF fue fundada como una empresa estatal en 1922, antes de ser privatizada en los años 90. A la postre, Repsol obtuvo el control.

En 2008, en una medida para “argentinizar” las operaciones de YPF, Néstor Kirchner medió en un acuerdo en el que la familia Eskenazi, de Argentina, obtuvo una participación minoritaria sin poner un peso. Kirchner había tenido acuerdos con los Eskenazi desde que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, en los años 90.

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Ahora, con la nacionalización, los Eskenazi podrían mantener su participación de 25%, aunque quedarían al margen de la gestión diaria de la empresa. La participación de Repsol YPF caerá de 57% a 6%.

El politólogo argentino Rosendo Fraga escribió recientemente que Fernández de Kirchner está pasando de un “capitalismo de amigos a un capitalismo de estado”.

Los analistas argentinos dicen que las políticas de la presidenta llevan el sello de los jóvenes asesores de izquierda, concentrados en un grupo llamado “La Cámpora”, bautizado en homenaje a un peronista progresista que fue presidente por un breve período en los años 70. El movimiento juvenil gira en torno a Máximo Kirchner, primogénito de la mandataria.

Uno de sus confidentes, Axel Kicillof, el viceministro de Economía de 40 años, se ha convertido quizás en el asesor económico más cercano a la presidenta, dicen los analistas bonaerenses.

Puede que Fernández de Kirchner sea también receptiva a una radicalización debido a los crecientes nubarrones económicos, opinan los especialistas. El balance del comercio energético del gobierno pasó a ser deficitario el año pasado, y hay escasez de dólares para pagar las importaciones debido a que el capital ha estado abandonando el país.

En los últimos días, algunos partidarios del gobierno hablaron con nostalgia sobre la posibilidad de emular el modelo mixto de propiedad pública y privada que ha funcionado bien para Petroleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras.

En lugar de privatizar la petrolera en la década de los 90, como lo hizo el gobierno peronista conservador de Argentina, Brasil optó por lo que llamó la “flexibilización” de Petrobras y el monopolio que tenía desde hace tiempo.

El gobierno brasileño mantiene el control mayoritario de las acciones con derecho a voto. Pero para hacer a la empresa más transparente y eficiente, una parte de las acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, se formó una junta directiva compuesta por líderes del sector privado y se permitió la competencia de empresas foráneas.

Aunque el modelo ha funcionado bien para Brasil, algunos analistas señalan que la situación de YPF y el país austral es distinta. “Argentina y Brasil no son los mismos casos”, dice Rafael Schechtman, director del Centro para la Infraestructura en Rio de Janeiro.

El gobierno de Kirchner ha paralizado la industria energética al imponer topes a los precios de la energía de uso en los hogares, señala Schechtman, al igual que altos impuestos y opacas reglas de inversión. Asimismo, sostiene que Petrobras tiene mucha más libertad que YPF en materia de precios.

Schechtman dice también que Brasil tiene un historial de claras reglas de juego para los inversionistas extranjeros que están inyectando grandes cantidades de dinero en el sector petrolero. “En el modelo brasileño, jamás se han violado los contratos”, aseveró. “Se han respetado las reglas”.

El analista ve un mayor riesgo de que una YPF bajo el control del Estado se convierta en un monopolio ineficiente, como la petrolera estatal de Venezuela PDVSA.

El protegido de Kirchner: “No vamos a pagar a Repsol lo que quieran”

acusan a la empresa de ocultar datos

El protegido de Kirchner: “No vamos a pagar a Repsol lo que quieran”

Kirchner baraja una compensación de unos 3.000 millones por el 51% de YPF; Repsol reclama 8.000. La expropiación podría aprobarse en una semana.

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El viceministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof. | EFE
 Tras la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF anunciada el lunes por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la gran duda en estos momentos es el justiprecio a abonar como resultado de la nacionalización. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó este martes las reglas de juego que se establecieron cuando se procedió a la privatización de la compañía, a principios de los años 90. Según la ley vigente, Repsol calcula que el valor de YPF asciende a un total de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), de forma que la participación del 57,4% de la española en la filial argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).

No obstante, parece que éste precio mínimo que se exige a Argentina ni siquiera será el que se pagará. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, ha acusado este martes en el Senado a los ejecutivos de YPF de ocultar “información y contabilidad de la petrolera”. “No le vamos a pagar a Repsol lo que ellos quieran” ha sentenciado el protegido de Kirchner. El mismo Kicillof, de ideas radicales y que asegura tener a la presidenta “hipnotizada”, es la pieza clave del proceso de nacionalización de YPF.

Repsol demandará una indemnización

La petrolera española presentará todo tipo de reclamaciones y demandas a mayores, a modo de indemnización, para recuperar las inversiones realizadas en el país. Efectivamente, en virtud de la Ley de Privatización y de los propios Estatutos de YPF, para llevar a cabo la expropiación del 50,1%, Argentina debería, en primer lugar, lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones y en efectivo, ya que el asalto supera el umbral mínimo del 15% que establece la legislación. Por otro lado, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses, lo cual supondría valorar el total de la compañía en los 18.300 millones de dólares cifrados por Repsol.

Sin embargo, según reconoce el propio Brufau, “imagino que el Gobierno [argentino] intentará no cumplir con lo que tiene que hacer”, avanzando así que recurrirá al arbitraje internacional. En este sentido, el presidente de la petrolera señala que “todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo”. Y, por desgracia, todo indica que las autoridades argentinas desean “expropiar a precio de saldo” YPF.

Argentina revisará los “números imprudentes” de YPF

Las dudas de Brufau no son injustificadas, de hecho el Gobierno argentino ha anunciado esta misma tarde que “revisará” el valor de YPF. Argentina sostuvo este martes que revisará los “números” de los que hablaban de forma “imprudente” los directivos de la petrolera YPF cuando pueda conocer la “información secreta” que manejaba la empresa. El Gobierno argentino pretende “avanzar en el tratamiento del proyecto con suma rapidez y celeridad”.

“Estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera imprudente sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer la información secreta que la empresa manejaba”, dijo hoy el viceministro de Economía e interventor de YPF, Axel Kicillof, ante el Senado argentino.

Kicillof acusó a los ejecutivos de YPF de “no informar sobre nuevos yacimientos” y de  que en sus balances “sus pasivos ambientales no fueron expuestos”. “Por más que decían que los números estaban a disposición, hay buena parte de la información que sólo se conoce cuando uno se pone al frente de la empresa”, dijo el viceministro de Economía. Y agregó: “Es necesario que los objetivos de YPF estén en línea con los de la Argentina”.

El viceministro de Economía justificó la expropiación al señalar que el gobierno nacional “no puede darse el lujo de esperar a que el grupo Repsol se siente a discutir qué va a hacer con el gas, con el petróleo y el precio de los combustibles”.

¿Cuál será el precio?

La cuestión, pues, es la siguiente ¿a qué precio expropiará YPF el Ejecutivo de Kirchner? Aunque aún no hay nada firme sobre el papel, Argentina ya baraja posibles acciones para eludir estos dos requisitos legales (OPA y justiprecio), según informan los medios especializados del país. En primer lugar, se estudia la posibilidad de que el nuevo grupo directivo designado por el Gobierno para controlar la compañía podría cambiar los estatutos de YPF para evitar así lanzar una OPA sobre el resto de los accionistas.

Asimismo, Kirchner pretende pagar un justiprecio muy inferior al que exige la ley. En concreto, algunos funcionarios del Ejecutivo ya avanzan que la intención inicial consiste en abonar a Repsol entre 3.500 y 4.000 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) por el 51% de las acciones que posee en YPF. Es decir, algo menos del 40% de lo que estipula la ley y, por tanto, de lo que exige la petrolera española. De ahí que la reacción inicial del mercado al anuncio de Kirchner haya sido muy negativa. El lunes, las acciones de YPF pasaron de subir un 7% a derrumbarse un 19% tras conocerse la intención de nacionalizar la compañía para terminar cerrando con una caída del 11,16%.

Aunque, según el borrador de nacionalización, se intentará negociar un justiprecio con Repsol, el Gobierno argentino ya descarta alcanzar un acuerdo, con lo que se iniciaría un proceso expropiatorio en el que el precio y el plazo a pagar sería fijado por el Tribunal de Tasaciones de Argentina, en manos de Kirchner. Esto abriría un complejo y largo proceso que, casi con toda seguridad, terminaría en los tribunales internacionales de arbitraje – Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIACI), organismo del Banco Mundial- y que, en total, se podría prolongar entre cinco y diez años.

El modelo a seguir por Kirchner, según estas mismas fuentes, es la expropiación efectuada por la Venezuela de Hugo Chávez de dos yacimientos petrolíferos a las norteamericanas ExxonMobil y ConocoPhillips, por unos 3.600 millones de dólares, y que está recurrido a los tribunales internacionales desde 2007.

Y eso si, finalmente, paga. Argentina es, actualmente, el país que tiene más demandas por expropiaciones de empresas (unas 40) y más condenas -casi la mitad-, pero cosa distinta es que cumpla los laudos arbitrales. Así, por ejemplo, Kirchner se ha negado a abonar los cerca de 400 millones de dólares en compensaciones que adeuda a empresas estadounidenses por disputas similares iniciadas hace años, hasta el punto de que el Gobierno de EEUU anunció el pasado marzo que suspendería las preferencias comerciales de las que gozaba Argentina, que eximían el pago de aranceles a las importaciones de muchos de sus productos. La guerra por YPF acaba de comenzar.

 

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