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El camino irlandés a la prosperidad

Por José Carlos Rodríguez

Cortesía de La Ilustración Liberal.

Irlanda ha impreso su nombre en dos episodios notables de la historia económica: uno marcado por el desastre, el hambre y la sangría demográfica y el otro acompañado de un éxito resonante, que ha convertido a aquel país nada menos que en el sexto en renta per cápita del selecto club europeo.

El primer episodio ocupa la segunda mitad del siglo XIX, en el que la población de Irlanda se redujo en la mitad, principalmente por la emigración, en franca huida del hambre y la miseria. Irlanda fue entonces un claro ejemplo de los efectos perversos de un sistema que no se asienta en la propiedad bien definida y defendida, soporte de los intercambios que tejen el entramado de relaciones voluntarias que llamamos “mercado libre” y que dejan un poso, una pauta de buenos usos y costumbres que otorga a la sociedad las condiciones adecuadas para desarrollarse.

En la Irlanda de entonces, bajo control inglés, una serie de medidas administrativas contrarias al Common Law propiciaban o reforzaban los sucesivos expolios de tierras a manos de los protestantes, bien avenidos con Londres. Los nuevos terratenientes, no obstante, se resistían a vivir en sus terrenos. Tenían una relaciones muy malas con el labrador irlandés, y nunca llegaron a considerar que su título sobre las tierras fuera del todo seguro.

En esas condiciones, con desconfianzas mutuas, revueltas campesinas y propietarios a distancia, la propiedad nunca estuvo bien asentada. En consecuencia, no pudo servir de núcleo de ese orden de cooperación humana que es el mercado. Los propietarios querían hacer una explotación intensiva; no pensaban en el futuro, en el que quizás su título no valiera para nada. Por lo que se refiere a los trabajadores, el gran economista Nassau Senior observó que los irlandeses “trabajan duro en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América”, pero que en su propio país eran “indolentes”. El resultado de todo ello fue la Gran Hambruna, que diseminó a gran parte de ese pueblo por varios confines del mundo, si bien el destino principal fue Estados Unidos.

El episodio que vamos a seguir en este artículo es el perfecto contraejemplo. Lo que vemos en la Irlanda de hoy es el parcial abandono de alguna de las medidas intervencionistas más perniciosas, que habían dejado a la sociedad y la economía del país en un sumidero. Y cómo la parcial liberación de algunas de las ataduras al libre empeño económico ha resultado en un descollante éxito, que no ha dejado de llamar la atención mundial.

El lento camino a la integración comercial

El comienzo del siglo XX fue terrible para el liberalismo, que cedía sin remisión ante nuevas corrientes socialistas y nacionalistas. Irlanda no fue una excepción, pero en su caso coincidió con el momento de su reconocimiento como Estado Libre, en 1922. Los independentistas eran claramente proteccionistas. Identificaban a su tradicional enemigo, Gran Bretaña, con el librecambio, y a éste con el hambre que había diezmado la población, hasta dejarla en tres millones de almas. Si a ello sumamos la tendencia histórica del momento, parece que el proteccionismo fue entonces la única opción que se podía considerar.

Irlanda rompería los lazos con sus opresores y demostraría en la economía la misma independencia y autosuficiencia que en la política. Se fijaron aranceles muy altos y se esperó a que el pueblo irlandés resurgiera, recuperando su posición en la historia. Se prohibió el control extranjero de numerosas industrias, y, en muchas de ellas, incluso el de los empresarios irlandeses; por ejemplo, en el comercio marítimo o en la producción de energía eléctrica, que se nacionalizaron y cayeron en manos del nuevo Estado. Más que nunca, Irlanda era una isla. Los resultados esperados nunca llegaron, y los irlandeses continuaban emigrando, votando “con los pies” en contra de la política económica de su país. Nada de ello impidió que el proteccionismo continuara hasta la década de los 50.

El fracaso era demasiado persistente como para no ser tenido en cuenta: la economía languidecía, con pequeñas empresas nacionales orientadas hacia el minúsculo mercado local. Entonces se empezó a ver con otros ojos la inversión extranjera. En 1956 se decretó que las inversiones orientadas a la exportación quedaran libres de impuestos durante quince años, y ocho años después se volvió a autorizar a los extranjeros la posesión de compañías irlandesas. Pero los aranceles frenaban la importación de los bienes de capital necesarios para las nuevas industrias, de modo que se fue haciendo cada vez más evidente que la Administración debería comenzar a bajarlos, y así se hizo. De forma progresiva se fueron instalando empresas multinacionales muy tecnificadas y dinámicas, orientadas a la venta al mercado mundial; el resto de la economía era incapaz de competir internacionalmente, y la situación económica general siguió estando ahogada por las regulaciones, el proteccionismo superviviente y el peso del Estado.

La apertura a la economía internacional se completó con el Acuerdo Anglo-Irlandés de Libre Comercio (1965) y el ingreso en la Comunidad Económica Europea (1973). Este último paso sería muy importante, pues forzaría a una nueva apertura y al respeto de ciertas normas características de la economía de mercado. Esta progresiva apertura al comercio internacional permitió un crecimiento notable (un 4% de 1961 a 1970), pero era incapaz de crear empleo.

Crisis y reforma

Y es que aún quedaban muchos conceptos por abandonar. Irlanda seguía la tendencia del momento, que apostaba por el Estado como instrumento clave para un desarrollo económico ordenado. El gasto público no dejó de crecer, y con él la deuda, que en 1979 era del 70% del PIB y que puntualmente llegó a alcanzar el 160%. Ni que decir tiene que los inversores desconfiaban cada vez más de la situación financiera del país, y el nombre de Irlanda iba desapareciendo de las carpetas de inversión de las grandes empresas. En los primeros años 80 el déficit público rondaba el 12%, mal contra el que se quiso luchar elevando los impuestos sobre los irlandeses, lo que a su vez desincentivaba aún más el trabajo y la producción.

El Estado estaba en quiebra, el modelo económico había agotado su pobre capacidad de crear riqueza y se destruía empleo. Por cada 100 trabajos de 1979 se mantenían 95 en 1986, año en que la tasa de desempleo alcanzó el 17%. De nuevo volvía la emigración como solución a la pobreza nacional, que en 1989 alcanzaba a 12 de cada 1.000 habitantes (400.000). El fracaso era evidente. Se había probado casi de todo y nada daba resultado.

Pero los irlandeses, conscientes de su propia situación, estaban maduros para tomar las medidas necesarias. Las crisis económicas pueden ser propicias para las reformas liberales, si las circunstancias son favorables. Ocurrió una década antes en la vecina Gran Bretaña, con el primer Gobierno de Margaret Thatcher, así como en Estados Unidos tras la llegada de Ronald Reagan al poder, en 1981. A finales de los 80 otro país anglosajón, éste en los antípodas, Nueva Zelanda, había llegado a otra crisis económica e institucional que llevó al Gobierno laborista a hacer una profunda reforma de signo liberal, coronada con un rotundo éxito. Irlanda haría exactamente lo mismo.

En 1987 fue elegido un nuevo Gobierno, con el mandato acabar con la evidente crisis. Pese a gobernar en minoría, Charles Haughey, en su vuelta a la presidencia, logró implantar medidas impopulares pero respaldadas por el evidente éxito de la política de Thatcher en Gran Bretaña. Es entonces cuando cambia el sistema fiscal, caracterizado, como muchos otros, por los altos tipos impositivos y falto de incentivos para la exportación. El tipo máximo para personas físicas era del 58%, y para las empresas nada menos que del 50%. Además de confiscatorio e injusto era claramente ineficaz, pues casi exigía a los contribuyentes que ocultasen sus rentas al fisco, una práctica muy generalizada. El nuevo Gobierno decretó una amnistía fiscal previa a sus reformas, por la que daba a los renuentes seis meses para poner en claro sus cuentas, sin penalizaciones y sin exigencia del pago de intereses.

Impuestos, apertura y desregulación

Se introducen entonces tres regímenes especiales: 1) el International Financial Services Centre, aplicable a las empresas situadas en la Customs House Docks Area de Dublín; 2) la Shannon Free Airport Zone, aplicable a empresas radicadas en una zona definida alrededor del aeropuerto de Shannon, y 3) el Régimen Especial para la Fabricación de Bienes, aplicable en todo el territorio irlandés, si bien el concepto de “fabricación” ha tenido que irse definiendo con el tiempo, por medio de la doctrina administrativa y la jurisprudencia. Estos tres regímenes se caracterizan por un tipo reducido del 10% en el Impuesto de Sociedades sobre las rentas derivadas de ciertas operaciones. A ello se sumaba la libertad de amortización para plantas fabriles, instalaciones, maquinaria y edificios, y el que los arrendatarios de los edificios tuvieran además la posibilidad de deducirse el 200% del alquiler.

Todos ellos se mostraron muy eficaces en la atracción de inversiones foráneas, pero la Unión Europea los calificó de “perniciosos”, y de hecho forzó a Irlanda a llegar a un acuerdo con Bruselas para ponerles fin. Los dos primeros dejaron de existir el año pasado, y el tercero lo hará en 2010. Pero el buen ejemplo local y sectorial de estos tres regímenes especiales llevó a los responsables irlandeses a darse cuenta de que el camino a la prosperidad venía de favorecer la llegada de capital extranjero, con bajos tipos impositivos y bajos aranceles, a la importación y a la exportación, que permitieran a las empresas de fuera utilizar Irlanda como base para el resto del mundo.

Por ello, a comienzos de los 90 Irlanda acordó con la UE sustituir en 1998 los regímenes especiales por un sistema fiscal general, que en 2003 rebajó el tipo máximo al 12,5%. Incluía la deducción de los impuestos pagados en el extranjero, para eliminar la doble imposición, por un método de imputación ordinaria con el límite del impuesto sobre sociedades que correspondería pagar en Irlanda.

Las ganancias patrimoniales de activos afectos a la realización de determinadas actividades tributan al 20%, y el resto de ganancias patrimoniales al 25. Este modelo se ha mejorado en 2004, con un sistema de exención de ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de participaciones en sociedades extranjeras con actividad empresarial. Además, no están sujetos a las normas de transparencia fiscal internacional.

Por otro lado, desde la segunda mitad de los 80 se hizo un decidido esfuerzo para controlar la pesada deuda pública. La diferencia respecto a otros intentos anteriores fue el camino elegido: el recorte en los gastos, no la subida de unos impuestos que, precisamente, se estaban reduciendo en los tres regímenes especiales. Los ingresos no hicieron más que crecer. Todo ello permitió rebajar la deuda pública del 160 al 40% en 1999. Los tipos de interés acompañaron a la deuda en su caída, y el efecto crowding out (anglicismo que se utiliza para designar el acaparamiento por parte del Estado de los medios que de otro modo utilizaría la sociedad) era cada vez menor. Se cerraron varias oficinas y departamentos públicos, se destruyeron numerosos puestos de trabajo al servicio del Estado y se cancelaron numerosos programas de gasto. Los irlandeses tenían más medios en sus manos que antes, y hacían de su dinero un uso económico más racional que el que hace el Estado.

Si bien se ha destacado de la exitosa experiencia irlandesa su apertura al exterior y su reforma fiscal, la reducción del gasto público no puede ser el último elemento en contribuir al resurgimiento económico del país. La práctica totalidad del empleo generado a partir de 1993 pertenece al sector privado. La incapacidad de la economía irlandesa de generar empleo había concluido.

Este cambio de orientación hacia una mayor confianza en la sociedad no se limitó al aspecto fiscal o a la apertura al comercio mundial. También se inició una progresiva política de desregulación que ha sido muy beneficiosa para los irlandeses. Se liberalizó el mercado aéreo, lo que permitió una caída de tarifas que dio alas al turismo local; se relajó el monopolio estatal en el mercado de telecomunicaciones y se obviaron algunas normas especialmente dañinas: ahora es una de las áreas de la economía nacional que más riqueza y trabajo crean. Además, según apunta el Economist Intelligence Unit, “los acuerdos contractuales son seguros, y tanto el Poder Judicial como la Administración Pública son altamente eficientes”. Una seguridad jurídica que da confianza a los inversores. No olvidemos las palabras de John Keynes: “No hay nada más tímido que un millón de dólares”. También se ha desregulado el sector financiero, lo que, unido a la entrada en el euro, en 1999, le ha otorgado una confianza y una efectividad notables. El Departamento de Estado norteamericano ha observado que “el crédito se adjudica según las condiciones del mercado y no hay discriminación entre las compañías irlandesas y las extranjeras (…) El sistema bancario en Irlanda es sólido”.

Se ha dicho que Irlanda ha basado su prosperidad, en buena medida, en las ayudas de la Unión Europea. Éstas fueron incrementándose a lo largo de los 80, hasta alcanzar un máximo del 6,2% del PIB en 1991; desde entonces han caído sustancialmente. Irlanda puede haber sido la nación que más fondos europeos per cápita ha recibido, favorecida por su pobreza inicial y su reducido tamaño. Pero también han sido importantes en Grecia, Portugal y España, que han obtenido resultados económicos que en absoluto se pueden comparar con los de aquélla. Entre 1990 y 2000 la tasa media de crecimiento en Irlanda fue del 7,1%, mientras que en los mismos años Portugal lo hizo un 2,6%, España un 2,5 y Grecia un 2,2. Debemos rechazar, por tanto, la idea de que son los fondos europeos, más que el radical cambio de política económica, lo que ha permitido a Irlanda estar donde está.

Sirva de muestra cómo ha evolucionado el país en los dos índices que intentan aproximarse a una medida de la libertad económica: el elaborado por la Heritage Foundation y el Wall Street Journal y el de los institutos Cato y Fraser. El primero, que otorga cinco puntos al país económicamente más reprimido y uno al idealmente más libre, daba 2,20 a Irlanda en 1995 y 1,58 en su última edición (2006), lo que le convierte en el tercer país más libre del mundo por lo que al empeño económico se refiere. El otro índice, que puntúa de cero a diez (a más libertad, más puntuación), otorgaba a Irlanda 6,2 puntos en 1980 y 7,9 en 2003. Para los institutos Cato y Fraser es la octava economía más libre. En esa transformación reside el éxito de Irlanda.

La inversión extranjera

Ya hemos visto cómo Irlanda fue pasando del ideal autárquico a una progresiva apertura al exterior. Si en un momento dado los inversores dejaron de confiar en el país fue por su lamentable situación financiera y los altos tipos impositivos. Con las sucesivas reformas, la inversión foránea volvió a confiar en la economía irlandesa. La creación de las tres áreas fiscales especiales no supuso una avalancha inmediata de inversión extranjera (FDI, por sus siglas en inglés). Los inversores necesitan saber que los bajos tipos impositivos se mantendrán en el futuro, y con la Unión Europea intentando acabar con el sistema irlandés muchos mostraban aún sus dudas. Pero antes incluso de que Irlanda llegara a un acuerdo con la UE, en 1998, la confianza en la decisión de la Administración de mantener bajos los tipos a largo plazo fue alentando la FDI. Si en 1997 el capital foráneo, principalmente estadounidense, invertía 2.710 millones de dólares, un año más tarde eran ya 8.860, 18.200 en 1999 y 25.780 en 2000. La inversión extranjera crea casi la mitad del empleo en Irlanda, aporta tres de cada cuatro euros de la producción industrial y cuatro de cada cinco de las exportaciones.

Para hacerse una idea de la medida de la transformación de la economía irlandesa, valga decir que durante la década de los 60 el empleo se mantuvo estable, en los 70 se creó un 1%, en la siguiente incluso se destruyó, pero de 1991 a 1995 el signo volvió a cambiar, con un aumento del 2%, y del 4,3 entre 1996 y 2000. Entre 1993 y 1999 la fuerza laboral aumentó un 35%, y la tasa de desempleo cayó del 16 al 6%. El PIB per cápita de Irlanda en 1970, en paridad del poder de compra (Estados Unidos = 100), era de 41,9, inferior al de España (47,8). Nuestro país alcanzó los 57,5 puntos en 2000; los irlandeses, 81,7…

El signo de la migración volvió a cambiar: en 1995 se dejó de producir emigración neta, y desde el año siguiente el problema de Irlanda ha sido el opuesto al que estaba acostumbrada: muchos vuelven a casa, y llegan no pocos extranjeros. El PIB ha crecido en los 90 un 7,1% anual de media, y un 5,1 entre 2000 y 2004. El PIB per capita (en dólares actuales) se situó en 34.310 dólares en 2004, por encima de los 33.630 de Gran Bretaña y de los poco más de 30.000 de Francia o Alemania.

Conclusión

Cuando la producción empezó a acelerarse, muchos no se lo creían. “Economía suflé”, la llamaban, o “recuperación sin empleo”, porque en este rubro se tardó en mejorar. Pero cuando comenzó a hacerlo desaparecieron los comentarios despectivos, y se acumulaban los que hablaban del nuevo “milagro económico”. En economía no hay milagros: si alguien utiliza esa expresión es porque no tiene explicación para los fenómenos que ocurren ante sus ojos. Pero la hay.

En primer lugar, el evidente fracaso del modelo que espera del Estado el desarrollo económico llevó a los responsables irlandeses a optar por un cambio de rumbo, más favorable a la iniciativa individual. Estas reformas no surgieron de la convicción íntima en la capacidad de la sociedad para gestionar sus asuntos, sino de la mera necesidad, del vértigo que producía el abismo económico que se avecinaba. Pero no cabe duda de que el éxito de Estados Unidos y Gran Bretaña debilitó muchas resistencias. Súmese a ello que, desde la concesión del Nobel a Hayek en 1974, por elegir una fecha, las ideas liberales sobre la economía comenzaron a tomar impulso, en coincidencia con el fracaso histórico del keynesianismo.

El Gobierno de 1987 pudo introducir unas reformas fiscales que ayudaron a aumentar la inversión extranjera. La irlandesa se incorporaba con total decisión a la economía mundial, con grandes empresas foráneas, principalmente estadounidenses, produciendo en suelo irlandés para la exportación. No olvidemos que Microsoft tiene allí su centro mundial para la distribución de sus productos. Esa integración económica ha forzado la desregulación de ciertos mercados, como el aéreo o el de las telecomunicaciones, con resultados más que notables.

Pero el éxito estaría lejos de ser completo si no fuera porque en Irlanda el Estado de Derecho está perfectamente asentado y los contratos privados no quedan en el aire, o al albur de los juegos políticos.

Se puede salir de la relativa pobreza en una sola generación. Eso es, precisamente, lo que ha hecho Irlanda.

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Dos mujeres en el “sube y baja”

Dos mujeres en el “sube y baja”

Dilma-CKF

Por Emilio J. Cárdenas

El Diario Exterior

En verdad, es aún más alta que la que alguna vez tuvieran sus predecesores, el estadista Fernando Enrique Cardoso y el ex gremialista Luiz Inacio Lula da Silva. Esto es lo que indica claramente un reciente sondeo de opinión realizado por la propia Confederación Nacional de la Industria del Brasil.

La aprobación que recibe Dilma Rousseff es del orden del 77% de los entrevistados. Casi ocho de cada diez brasileños la aplaude, encontrando que su gestión es positiva. En los últimos cinco meses, pese a las dificultades económicas de un mundo convulsionado, su popularidad creció cinco puntos porcentuales. En gran medida porque aún ante las enormes dificultades externas Brasil logró seguir creciendo y eliminando pobreza, mientras creaba empleo. En contratara, los rechazos a su labor de gestión disminuyeron y están en apenas un 19% de los entrevistados. Lo que es notable.

Curiosamente, la aprobación que recibe la gestión de su gobierno es sustancialmente menor, del 56%. Aquí hay un 8% que entiende que esa labor es simplemente pésima. Ocurre que hay insatisfacción respecto de algunos temas. La gente se queja de la fuerte presión tributaria, que entienden excesiva y contraproducente; de la inseguridad personal que ciertamente va en aumento; y de lo que sucede en el campo particular del cuidado de la salud de la población. En todos estos capítulos la desaprobación alcanza a más del 61%.

La gente aplaude particularmente la actitud clara de rechazar presiones de la primera mandataria. Y la falta de retórica para, con ella, disimular errores. Especialmente cuando los aliados del gobierno reclaman favores o cargos en la administración. Pese a que esta actitud de corte transparente amenaza con fracturar eventualmente las mayorías en el Congreso del país vecino.

En abierto contraste, la presidente de nuestro país, Cristina Fernández atraviesa por un período de pérdida acelerada de popularidad.

Con la economía cerrada caprichosamente y en franca desaceleración; los subsidios masivos y desordenados en tren de desaparecer; la inflación en peligroso aumento; una grave y ahora sonora tensión con el resto del mundo por la política comercial proteccionista que se ha puesto en marcha en nuestro país asilándolo de los demás y por una inquietante nueva sensación de fuga de capitales que está encareciendo nuevamente al dólar marginal, el panorama político y económico parecería estar complicándose para ella.

El momento es algo así como la contra-cara del que hoy vive Dilma Rousseff. Euforia, animación y optimismo en el Brasil. Mediocridad en la conducción, ahogo y un ambiente de pesimismo creciente en la Argentina

Por todo esto el blanco y el negro que aparecen -en contraste- entre lo que están haciendo Cristina Fernández y Dilma Ruosseff en sus propios escenarios cuando de calificar a sus respectivas gestiones se trata.

Emilio J. Cárdenas fue Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

Entrevista a Hans-Hermann Hoppe: Sobre los impuestos

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Entrevista concedida por Hans-Hermann Hoppe a la revista francesa Philosophie Magazine. El original en francés lo encuentran aquí. La traducción al castellano es de Rodrigo Díaz.

¿Son consistentes los impuestos con la libertad y los derechos de propiedad del individuo? ¿Habría un cierto nivel de impuestos en el que deja de ser consistente?

Hoppe: Los impuestos nunca, a ningún nivel de imposición, serán consistentes con la libertad ni con los derechos de propiedad del individuo. Los impuestos son robo. Los ladrones – el Estado y sus agentes y aliados – por supuesto, hacen un gran esfuerzo para ocultar este hecho, pero simplemente no hay forma de ocultarlo. Obviamente, los impuestos no son pagos normales ni voluntarios, por bienes y servicios, porque a usted no se le permite abstenerse de pagar si no está satisfecho con el producto. Usted no será castigado si deja de comprar coches de Renault o perfumes de Chanel, pero será arrojado a la cárcel si deja de pagar los costos de escuelas públicas o universidades estatales, o los gastos pomposos del señor Sarkozy. Tampoco es posible interpretar los impuestos como pagos de alquiler normal, como aquellos hechos por el inquilino al dueño de un bien. Debido a que el Estado francés no es el dueño arrendador de toda Francia ni el de todos los franceses. Para ser el dueño arrendador, el Estado francés tendría que ser capaz de probar dos cosas: en primer lugar, que el Estado, y nadie más, es dueño de cada centímetro de Francia, y segundo, que tiene un contrato de arrendamiento con todos y cada uno de los franceses, relativo al uso, y al precio de dicho uso, de las propiedades. Ningún Estado – ni el francés, ni el alemán, ni el estadounidense, ni cualquier otro estado – puede probar esto. No tienen los documentos necesarios para tal efecto, ni pueden presentar un contrato de alquiler. Por lo tanto, sólo hay una conclusión: los impuestos son el robo y la extorsión por los cuales un segmento de la población, la clase dominante, se enriquece a expensas de otra, la de los gobernados.

¿Es incorrecto no pagar impuestos?

Hoppe: No. Dado que los impuestos son un robo, es decir, una “mal” moral, no puede ser incorrecto el negarse a pagar a los ladrones o a mentirles sobre los activos, o los ingresos, en que se basan sus impuestos. Esto no quiere decir que sea prudente o conveniente no pagar impuestos – después de todo el estado es “el más frío de todos los monstruos”, como ha dicho Nietzsche, y puede arruinar su vida, o incluso destruirla, si usted no obedece sus órdenes. Pero no puede haber duda alguna de que es justo no pagar impuestos.

¿Cómo sabemos que un impuesto es justo? ¿Hay algún criterio? Es un impuesto progresivo mejor que un impuesto de tasa única?

Hoppe: Sabemos que ningún impuesto es justo, ya sea de tasa progresiva o de tasa plana y proporcional. ¿Cómo pueden el robo y la extorsión ser justos?. El “mejor” impuesto es siempre el más bajo de los impuestos – sin embargo, incluso el impuesto más bajo sigue siendo impuesto. El “mejor”, por ser el más bajo, es un impuesto per cápita donde cada persona paga la misma cantidad absoluta de impuesto. Ya que incluso la persona más pobre debería ser capaz de pagar esta cantidad, tal impuesto tiene que ser bajo. Pero incluso un impuesto per cápita sigue siendo un robo, y no hay nada “justo” en él. Un impuesto per cápita no trata a todos por igual ni instala la “igualdad ante la ley.” Porque algo sucede con los ingresos fiscales. Por ejemplo, los sueldos de todos los empleados y dependientes estatales (tales como pensionados y receptores del bienestar social) se pagan con los ingresos fiscales. En consecuencia, los empleados y los dependientes del Estado no pagan impuestos de ninguna clase. Por el contrario, la totalidad de su ingreso neto (después del pago de su impuesto per cápita) sale del pago de impuestos hecho por otros y son por lo tanto, netamente, meros consumidores de impuestos que viven de los ingresos y de la riqueza robada a otros: los productores de impuestos. ¿Qué hay de justo en un grupo de personas que vive parasitariamente, y a expensas, de otro grupo de personas?.

¿Están todos los filósofos de acuerdo?

Hoppe: No, no lo están. Pero esto es, difícilmente, sorprendente. Casi todos los filósofos profesionales de hoy en día son consumidores de impuestos. No producen bienes o servicios para que los consumidores de filosofía compren en el mercado, bien sea de forma voluntaria, o no. De hecho, a juzgar por la demanda real de los consumidores, el trabajo de la mayoría de los filósofos contemporáneos debe ser considerado como insignificante, sin valor. Mejor dicho: casi todos los filósofos de hoy se pagan con fondos provenientes de los impuestos. Viven de dinero robado o confiscado a los demás. Si su sustento dependiera de los impuestos es probable que, por razones fundamentales, usted no se opondría a la institución fiscal. Por supuesto, este no es necesariamente el caso. Nuestra “conciencia” no está determinada por nuestra “existencia” (Sein), como decía Marx. Sin embargo, tal oposición no es muy probable. En efecto, como la mayoría de los “intelectuales”, los filósofos suelen sufrir de un ego demasiado inflado. Creen que hacen un trabajo de gran importancia y se resienten con el hecho de que “la sociedad” no los compensa proporcionalmente. Por lo tanto, si los filósofos no ignoran simplemente el problema de los impuestos, si han estado a la vanguardia de tortuosos intentos por justificar los impuestos – tratando de enmascarar el robo como algo “bueno” – y, en particular, de justificar que sus propios salarios de filósofos se financien con impuestos.

¿Deberían los filósofos considerar la eficiencia económica de los métodos impositivos, simultáneamente con los valores éticos de tales métodos?

Hoppe: Para describir una acción como “eficiente”, es necesario definir primero un propósito, es decir, una meta o un fin. Algo puede ser juzgado como eficiente o ineficiente sólo a la luz de un objetivo que se asume dado. Es tarea de los economistas, y de la llamada “economía positiva”, determinar qué medidas son eficaces (o ineficaces) en el logro de un fin determinado. Por ejemplo, si desea lograr un desempleo masivo, entonces la economía se dice que es eficaz para aumentar los salarios mínimos a, digamos, 100 euros por hora. Por otro lado, si su objetivo es reducir al mínimo el desempleo, entonces la economía le informa que todas las leyes de salario mínimo deben ser abolidas. Pero los economistas, qua economistas, no tienen nada que decir acerca de la licitud o conveniencia de los objetivos en cuestión. Esta es tarea del filósofo: determinar cuáles metas son justas y admisibles y cuales metas no lo son. (El economista entonces informa al filósofo cuales medios son eficientes o ineficientes, con el fin de alcanzar tales justificables objetivos.) Pero como ya he indicado: la profesión de la filosofía, simplemente no ha hecho su trabajo. Los filósofos, por supuesto, dan una serie de consejos sobre qué hacer o que no hacer, pero su consejo tiene poco o ningún peso intelectual. En casi todos los casos, es mera opinión: expresión de gustos personales, nada más. Si usted implora a los filósofos por una “teoría de la justicia” de la cual supuestamente emanen sus recomendaciones, no tienen tal teoría. Sólo pueden ofrecer una colección ad hoc de juicios de valor personales, que por lo general ni siquiera cumplen con el requisito de tener cierta coherencia interna.

Cualquier teoría de la justicia digna de acatamiento debe reconocer primero el hecho más fundamental de la vida humana: la escasez de bienes, es decir, la ausencia de superabundancia. Porque sólo debido a la escasez es posible que la gente pueda tener conflictos con los demás: yo quiero hacer tal cosa con un recurso escaso dado, y usted quiere hacer tal otra con el mismo recurso. Sin conflictos, no habría necesidad de reglas o normas, y el propósito de las normas es, entonces, evitar conflictos. En ausencia de una armonía pre-establecida entre todos los intereses, los conflictos sólo se pueden evitar, si todos los recursos escasos son de propiedad privada, es decir, de un propietario identificable, más bien que, ni con la exclusión de, otro. Y con el fin de evitar el conflicto desde el principio de la humanidad, por así decirlo, cualquier teoría de la justicia debe comenzar con una norma que regule y denomine como propiedad privada la primera apropiación original de un recurso escaso.

La mayoría de la filosofía (política) contemporánea parece no ser consciente de esto. De hecho, a menudo tengo la impresión de que ni siquiera el hecho de la escasez misma es reconocido o comprendido plenamente.

¿Cuál debería ser, entonces, el objetivo de una política de impuestos? La redistribución? La igualdad? La disminución de la pobreza?

Hoppe: Si los impuestos son robo, entonces, desde el punto de vista de la justicia, no debe haber, en absoluto, impuestos ni política fiscal. Toda discusión sobre el objetivo de políticas y reformas fiscales es una discusión entre ladrones o defensores del robo, a quienes nada importa la justicia. Su preocupación es solamente el robo. Hay debate y controversia entre ellos cuando se discute a quién deben gravar con impuestos y qué tanto, y qué se debe hacer con los ingresos fiscales, es decir, quién debe recibir, y cuanto, del botín robado.

Sin embargo, todos los ladrones y todos los beneficiarios del robo tienden a coincidir en una cosa: cuanto mayor sea la cantidad de botín y menor el coste de la recolección, las cosas son mejores para ellos. De hecho, esto es lo que todas las democracias occidentales practican hoy: elegir las tasas y el tipo de impuestos, de manera que el ingreso fiscal sea máximo. Todas las discusiones actuales sobre reforma fiscal, en Francia, en Alemania, en los EE.UU. y en otros lugares son discusiones acerca de si deben introducirse o suprimirse ciertas formas de impuestos, tales como el gravamen al patrimonio y/o a la herencia, si los ingresos se deben gravar progresiva o proporcionalmente, si las ganancias de capital deben gravarse como ingreso o no, si los impuestos indirectos como el IVA debe ser, o no, sustituidos por impuestos directos, etc., etc., y si las tasas de tales impuestos deben entonces subir o bajar – nunca son discusiones sobre justicia. No están motivados por una oposición, por principio, a los impuestos, sino por el deseo de hacer los impuestos más eficientes, es decir, maximizar los ingresos fiscales. Toda reforma fiscal que no es, como mínimo, “de ingreso neutro”, es considerada un fracaso. Y solo las reformas que aumentan los ingresos fiscales se consideran un “éxito”.

Tengo que volver a preguntar: ¿Cómo puede alguien considerar esto “justo?.” Por supuesto, desde el punto de vista de los consumidores de impuestos todo esto es “bueno.”. Pero desde el punto de vista de los productores de impuestos, ciertamente no es “bueno”, sino más que malo, “peor.”

Una última observación sobre los efectos económicos de los impuestos: Todos los impuestos son una redistribución de riqueza y de ingresos. La riqueza y el ingreso es tomado a la fuerza de sus propietarios y productores y transferido a personas que no eran dueños de riqueza y a quienes no producen estos ingresos. Por tanto se desalienta la futura acumulación de riqueza y la producción de ingresos y estimulados la confiscación y el consumo, de la riqueza y el ingreso existentes. Como resultado, la sociedad será más pobre. Y en cuanto al efecto de la eternamente popular e igualitaria propuesta de gravar a los “ricos” para dar a los “pobres” en particular: es un régimen de no reduce ni alivia la pobreza, sino, muy al contrario, aumenta la pobreza. Reduce el incentivo de permanecer, o llegar a ser, rico y productivo, y aumenta el incentivo de permanecer, o llegar a ser, pobre y de ser improductivo.

¿Deberían las personas ricas recibir un trato diferente al de la gente pobre?

Hoppe: Cada persona, rica o pobre, debe recibir el mismo trato ante la ley. Hay gente rica, que es rica sin haber defraudado o robado a nadie. Son ricos, porque han trabajado duro, porque han ahorrado con diligencia, porque han sido productivos y porque han demostrado ingenio empresarial, a menudo por varias generaciones de familia. Estas personas no sólo deben ser dejados en paz, sino que deben ser elogiados como héroes. Y hay gente rica, sobre todo de la clase de los líderes políticos, en control del aparato estatal, y de las élites conectadas al estado, a la banca y a las grandes empresas, que son ricos, porque han estado directamente involucrados en, o indirectamente beneficiados de, la confiscación, el robo, el engaño y el fraude. Tales personas no deben dejarse tranquilas, sino que deben ser condenadas y despreciadas como gángsters. Lo mismo se aplica a las personas pobres. Hay personas pobres, que son gente honesta, y por lo tanto deben ser dejados en paz. Pueden no ser héroes, pero merecen nuestro respeto. Y hay gentes pobres que son ladrones, y que deben ser tratados como delincuentes, independientemente de su “pobreza”.

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