Repsol es española, pero no es España

CASO YPF

Repsol es española, pero no es España

Por Pablo Molina

La decisión de la presidenta argentina de iniciar los trámites para la expropiación del 51% de YPF, filial de la multinacional Repsol, ha venido precedida de una escalada de declaraciones de los dos gobiernos, en la que el de España amenazó con diversas medidas en caso de que el latrocinio se consumase.

Pues bien, según anunció la presidenta neoperonista este lunes, la operación de nacionalizar la mayor parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ya es un hecho, a falta de que se cumplan ciertos trámites parlamentarios en los que no se prevé ningún contratiempo para aquélla, habida cuenta de la mayoría justicialista en el legislativo… y de que la medida cuenta con el apoyo del resto de fuerzas.

Cristina Fernández de Kirchner ha dejado de esta forma la pelota en el tejado del gobierno de Mariano Rajoy, al que ahora le cabe entrar abiertamente en la cuestión y poner de manifiesto hasta qué punto las advertencias de la vicepresidenta Santamaría tras el último Consejo de Ministros eran sinceras o tan solo una finta dialéctica para cubrir el expediente ante la opinión pública española.

Repsol es una sociedad anónima creada a finales de los ochenta tras la privatización de diversas empresas públicas pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos. En la actualidad, los tres accionistas de referencia son la caja de ahorros catalana La Caixa, la constructora Sacyr-Vallehermoso y la petrolera mejicana Pemex.

Tratándose de una multinacional que cotiza en las principales bolsas del mundo, con una parte de su accionariado atomizada en función de los flujos bursátiles, difícilmente puede considerarse, siquiera en términos políticos, que una agresión a los derechos de esta compañía en la explotación de su negocio en un país concreto sea un ataque o una provocación al gobierno de España que ha de ser respondida con la debida contundencia.

El gobierno, a través de los ministros de Exteriores e Industria, ya ha anunciado que tomará represalias, aunque sin concretar por el momento ni la naturaleza ni el alcance. Ha calificando la decisión arbitraria de la República Argentina de gesto de hostilidad sin precedentes a nuestra nación e identificando, de paso, los intereses de España con los de una sociedad anónima, si bien participada mayoritariamente por mercantiles españolas y ahorradores individuales españoles.

Sin embargo, los negocios se emprenden a riesgo y ventura, y es el empresario, o en este caso el consejo de administración de la sociedad anónima, el que debe ponderar adecuadamente la relación coste-beneficio de realizar inversiones en un país que nunca se ha caracterizado por su respeto a los usos generales del derecho, que priman en otras naciones en las que sí existe una adecuada seguridad jurídica para proteger la propiedad privada.

En tanto que gobierno de España, a nuestro ejecutivo le cabe exigir a cualquier otro país ese respeto a la propiedad ajena, utilizando para ello los mecanismos de presión política y diplomática a su alcance. Otro tipo de medidas que supongan restricciones al libre comercio entre empresas e individuos de los dos países, por más que el gobierno de uno de ellos se haya comportado como una partida de delincuentes al asalto de un jugoso botín, estarían fuera de contexto y no harían sino perjudicar a aquellos que pacíficamente intercambian productos y servicios en una economía global como la que prima actualmente en gran parte del mundo.

Las represalias, en todo caso, las ha de tomar la propia empresa objeto del expolio, para lo cual puede decidir lo que considere oportuno en sus relaciones comerciales con sus socios y clientes argentinos, además de recurrir en derecho a los tribunales internacionales que dirimen este tipo de contenciosos.

Si lo hace el gobierno de España, habrá sentado un precedente que, aunque pueda beneficiar a los accionistas de las empresas que operan en Argentina, acabará perjudicando finalmente y sin la menor duda a todos los españoles.

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