México: Los costos del monopolio

México: Los costos del monopolio

por Manuel Suárez-Mier

Manuel Suárez-Mier es Profesor de Economía de American University en Washington, DC.

La semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un detallado análisis sobre las políticas y regulación gubernamental de las telecomunicaciones en nuestro país (que se puede consultar en el sitio de internet de esa institución), que llega a conclusiones terribles para México.

El estudio aludido documenta en su cuidadoso análisis que el dominio monopólico que ejercen las empresas de Carlos Slim de telefonía e internet, le han costado a los mexicanos, en promedio, el 2,2% del Producto Interno Bruto cada año en la última década, en comparación con una situación en la hubiera habido libre competencia.

Trataré de desgranar en lenguaje llano lo que significa lo anterior para el bolsillo de cada usuario de los servicios de telefonía fija, de telefonía móvil o de conexión para el internet de las empresas de Slim.

El sobreprecio que el monopolio puede imponer a sus usuarios es exactamente igual a un impuesto como los que cobra el gobierno, excepto que lo recaudado por ese gravamen va a la cartera del señor Slim y no al financiamiento del gasto público, como ocurre con los verdaderos impuestos.

Para ilustrar lo mejor posible el monto del tributo de 130.000 millones de dólares que pagamos los usuarios de los servicios de Telmex y Telcel cada año entre 2005 y 2009, se trata del gasto anual del gobierno en la educación pública del país de preescolar hasta secundaria, o el presupuesto de una década entera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con estas descomunales cifras del abuso que ejerce sobre los mexicanos usuarios de sus servicios telefónicos el monopolio de las empresas de Slim, se empieza a entender cómo es que se volvió la persona más rica del orbe, de acuerdo a la respetada revista Forbes, que lo ubica este año más de 24% arriba de Bill Gates, el segundo en la lista.

Como era de esperarse, Slim rechazó el estudio de la OCDE aduciendo que eran mentiras e inventos, que “era un refrito de varias cosas” y que estaba “jalado de los pelos”. Por supuesto, nunca explicó de dónde hubiera salido su fantástica fortuna, de no haber mantenido una posición férreamente dominante en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país por más de dos décadas.

El ingeniero Slim, quien dicta cátedra sobre los más diversos temas, como suele suceder con algunos millonarios que por el hecho de serlo se vuelven sabelotodo, no parece entender que los costos que registra el estudio de la OCDE de pérdida en el bienestar para una sociedad obligada a comprar sus servicios, no son exclusivamente ni las ganancias ni siquiera los ingresos de sus empresas.

Ello se debe a que los monopolios se apropian sólo de una parte de las pérdidas aludidas, pues el resto es simplemente una merma para la sociedad, que no utiliza los servicios de telefonía como la haría si los precios fueran menores y si los servicios fueran de una calidad que sólo se da cuando hay real competencia en el mercado.

Las pérdidas cuantificadas rigurosamente en el estudio de la OCDE, incluyen los costos de la gente a la que no le alcanzó para contratar un teléfono a las tarifas existentes, sumados a los de quienes usaron el servicio menos de lo que lo hubieran hecho con menores precios, en adición al tiempo perdido de millones de usuarios por interrupciones y conexiones lentas en internet, llamadas perdidas o equivocadas, etc.

Los males derivados del dominio monopólico de Telmex y Telcel incorporan también su severo y negativo impacto en el crecimiento económico del país al carecer del dinamismo que le inyecta la competencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información, que ha sido clave para acelerar el crecimiento en muchos países.

Cuando se privatizó Telmex hace dos décadas el gobierno le otorgó al consorcio ganador en la subasta, encabezado por Slim, un monopolio que duraría cinco años, para que tuviera los recursos suficientes para realizar las cuantiosas y necesarias inversiones para elevar la calidad del servicio y ampliar su cobertura geográfica.
 
Como todo buen monopolista, el ingeniero Slim adoptó, desde que se hizo cargo de la empresa, una estrategia para impedir la apertura a la competencia, lo que logró cabalmente hasta hace poco apoderándose de los órganos regulatorios a cargo del sector, y aprovechando la extreme debilidad del sistema judicial del país como escudo para eludir o posponer indefinidamente decisiones desfavorables de la autoridad.

Hay indicios de que esta situación está cambiando y el estudio de la OCDE resulta una bienvenida aportación para acicatear al gobierno y a la sociedad a liberarse por fin de la tiranía del monopolio en telecomunicaciones.

La profunda corrupción de las prisiones mexicanas

por Ted Galen Carpenter

Ted Galen Carpenter es vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).

Los acontecimientos en México parecen estar conspirando para confirmar los temores de que el país podría convertirse en un “estado fallido”.

El último desastre político y de relaciones públicas del gobierno del presidente Felipe Calderón ocurrió el 20 de febrero. Reclusos de la prisión estatal de Apodaca, no muy lejos de Monterrey, la principal ciudad industrial de México, iniciaron un motín. Resultó que la mayor parte de los revoltosos eran miembros del cada vez más poderoso cártel los Zetas. Se valieron del motín para asesinar a cuarenta y cuatro miembros del cártel del Golfo, su rival, y luego escaparon de la prisión. Las autoridades mexicanas inmediatamente abrieron una investigación sobre los oficiales en guardia al momento del incidente, sospechando (justificadamente, dada la incapacidad o falta de voluntad para prevenir el derramamiento de sangre) que al menos alguno de ellos confabuló con el cartel de los Zetas.

La masacre de Apodaca y el escape de la prisión serían ya sorprendentes si se tratase de un incidente aislado, pero no es el caso. Una sublevación en la ciudad costera del Golfo, Altamira, resultó en la muerte de treinta y un reclusos. Otro motín en una cárcel del estado de Tamaulipas en octubre dejó como saldo veinte muertos. Un año antes en el estado de Durango, un motín tomó las vidas de veintitrés reclusos, y una disputa en 2009 en otra prisión de Durango mató a diecinueve personas.

Lo más preocupante de la creciente violencia en las cárceles es que los derramamientos de sangre anteriores también involucraban aparentemente disputas entre pandillas de drogas rivales. Y al menos en dos de estos episodios, los guardias parecen haber sido cómplices que colaboraron con alguno de los bandos. Ese aspecto sugiere que el notoriamente corrupto sistema de prisiones mexicano —un problema que se ha presentado por años— está ahora totalmente fuera de control. Sea cual sea el cartel de drogas que se encuentre en ascenso en cualquier región del país, parece ejercer mayor poder que el gobierno mexicano en en dichas instituciones.

La constatación de que ciertas organizaciones criminales de hecho administran las prisiones mexicanas podría impactar a muchos estadounidenses, pero incidente tras incidente confirma ya sea la impotencia o la venalidad del sistema de justicia mexicano. Los capos de la droga han sido capaces de controlar con impunidad las operaciones de tráfico desde sus celdas. Individuos de menor rango a veces deben aguardar hasta se pueda arreglar una fuga de la prisión, pero incluso eso es poco más que un pequeño inconveniente.

Un incidente típico ocurrió en mayo de 2009 cuando cincuenta y tres reclusos, muchos de ellos miembros de los Zetas, escaparon sin topar con resistencia alguna de la prisión Cieneguillas en el estado de Zacatecas. Grabaciones de las cámaras de seguridad revelan que los oficiales de la prisión simplemente se detuvieron mientras una banda armada dirigía el escape. No resultó claro si los oficiales fueron sobornados o intimidados, pero las autoridades federales encarcelaron al director de la prisión y a los cuarenta y cuatro oficiales por sospecha de complicidad.

Sin embargo, el grado de colusión involucrado en esa fuga de la prisión fue menor en comparación con el escándalo que estalló en julio de 2010. Guardias y oficiales en la prisión Gómez Palacio en Durango aparentemente hicieron mucho más que permitir a los prisioneros escapar y reanudar sus vidas delictivas en el exterior — supuestamente dejaban libres temporalmente a los reclusos para que pudieran llevar a cabo asesinatos predeterminados por sus jefes. Una vez que completaban sus trabajos, los sicarios regresaban a sus celdas. En esencia, la prisión sirvió a los cárteles más como dormitorio u hotel — financiado por supuesto, por los contribuyentes mexicanos.

De hecho, parece ser que las autoridades de la prisión hicieron más que permitirle a los reclusos pases diarios o de fin de semana para realizar su trabajo. Aparentemente se les entregaron armas a los asesinos, e incluso vehículos oficiales para asistirles en sus operaciones. El escándalo de Gómez Palacio fue especialmente perturbador porque los soldados del cartel a quienes se les facilitó el uso de la prisión como base de operaciones fueron responsables por una masacre en una fiesta de cumpleaños en Torreón que resultó en la muerte de diecisiete personas inocentes.

Los cárteles se vuelto tan poderosos que sus líderes manejan sus negocios rutinariamente desde prisión. Como señala el corresponsal del New York Times, Marc Lacey, “Las prisiones mexicanas, como las describen reclusos y empleados, y por lo observado en varias visitas, son lugares donde los traficantes de drogas encuentran una nueva base de operaciones para sus empresas criminales, reclutan novatos, y donde sobornan su salida a un precio justo”. Las fugas de las prisiones son tan frecuentes que parecen rutina. Un sospechoso de narcotráfico en una prisión de Sinaloa desapareció en medio de una fiesta organizada para los reos, con todo y grupo musical. Y quizás el episodio más famoso de todos ocurrió en 2001 cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, la organización narcotraficante más poderosa de México, escapó al esconderse entre la carga de lavandería de la prisión —nuevamente con guardias que aparentemente desarrollaron un caso de ceguera colectiva.

Los narcotraficantes son comúnmente celebridades en la prisión, con los demás reclusos convirtiéndose en ávidos seguidores y los guardias frecuentemente convirtiéndose en sus empleados. Los líderes del cartel se mantienen en contacto con sus operaciones en el exterior utilizando a los recién liberados reclusos como mensajeros. Al menos ese era el método más común hasta hace poco. Ahora, simplemente utilizan celulares.

Lacey describe la situación en una prisión donde muchos de los más altos líderes están detenidos. “Los prisioneros son muy privilegiados, utilizan ropa de diseñador y gozan de privilegios especiales que van desde visitas frecuentes de sus parejas hasta televisores de amplia pantalla en sus espaciosas celdas”. No es lo que se llamaría exactamente un tiempo de reclusión. Pedro Arellano, un experto en prisiones mexicanas, lo afirma sucintamente: “Las autoridades ya no controlan las prisiones —los capos de la droga lo hacen”. Y hay evidencia abrumadora de que está en lo correcto.

La decisión de los mexicanos

La profunda corrupción en las prisiones mexicanas es apenas una razón entre muchas otras de porque ha fallado la controversial ofensiva militar de Calderón contra los carteles —que Washington ha apoyado con tanto entusiasmo. Incluso cuando personal de seguridad mexicano detiene a los traficantes, los delincuentes raramente llegan a juicio. Las convicciones son cada vez más escasas. E incluso cuando los miembros de los cárteles son enviados a prisión, parece que es solo un inconveniente temporal —a menos, por supuesto, que se vuelvan blanco de reclusos de una banda rival.

México celebrará elecciones presidenciales este verano, donde los votantes del país tendrán la oportunidad de decidir si continúan con la estrategia antidroga que Calderón ha perseguido por más de cinco años, a un costo de más de cuarenta y siete mil vidas. La Constitución mexicana le prohíbe postularse para otro período, y eso es probablemente algo bueno. Su guerra contra los carteles de la droga, la piedra angular de su administración, se ha convertido en un fiasco.

Dependerá entonces del sucesor de Calderón decidir si se mantiene sobre esa senda o intentar una estrategia diferente. Sin embargo, indiferentemente de la política que elija el nuevo presidente, este deberá limpiar la corrupción del terrible sistema penitenciario mexicano que ya ha alcanzado niveles críticos. Una nación que no puede ni siquiera acercarse a controlar sus propias prisiones está en peligro de desplomarse en el abismo y convertirse en un estado fallido.

Y ese prospecto es un asunto de grave preocupación para las autoridades de EE.UU. Un estado fallido —o incluso un estado narco de facto— en su frontera sur sería un claro y grave problema de seguridad para EE.UU.

Cerca de 600.000 fieles despiden al Papa en México

México FOTOGALERÍA El papa llega a Silao, Guanajuato (México). / HECTOR GUERRERO (AFP)

Más de 600.000 personas se reunieron en la mañana de hoy en el Parque Bicentenario de Silao (Estado de Guanajuato) para asistir a la misa al aire libre oficiada por el Papa Benedicto XVI en el último acto oficial de su visita de tres días a México antes de viajar mañana a Cuba. Los tres candidatos presidenciales –Enrique Peña Nieto, del PRI; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), en el poder, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD (izquierda)- estuvieron presentes –lo que constituye un hecho sin precedentes- en la celebración de la eucaristía así como otras personalidades de la política mexicana.

En la homilía, el Papa llamó a los mexicanos a renovar su “esperanza” en Cristo porque en los momentos de dolor y dificultad por los que atraviesa en la actualidad este país “no bastarán las estrategias humanas”. Apeló también a la “necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio” y resistir “la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentada e incoherente”, cuando la Iglesia católica mexicana y latinoamericana en general se enfrenta a la creciente competencia de los movimientos evangélicos.

Benedicto XVI sobrevoló en helicóptero el santuario de Cristo Rey en el cerro del Cubilete –la segunda imagen más grande del mundo tras el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro- antes de trasladarse en papamóvil al Parque Bicentenario donde miles de fieles de Guanajuato y llegados de otros Estados le esperaban. Muchos de ellos pasaron la noche allí para asegurarse un lugar en la gigantesca explanada donde se celebró la misa. En el trayecto al altar el Papa se colocó un sombrero de charro negro con bordados blancos.

Pese al éxito de este acto de masas y de que la multitud le gritara durante su estancia en este país “¡Benedicto, hermano, ya eres mexicano!”, la popularidad de Joseph Ratzinger sigue siendo mucho menor que la de Juan Pablo II y su visita ha defraudado a muchos. El Papa no ha recibido a las víctimas de los abusos sexuales a menores cometidos por el líder de los legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, lo que sí hizo en sus giras por otros países en años anteriores, ni a las del narcotráfico más allá de los ocho familiares con los que se encontró tras entrevistarse con el presidente Felipe Calderón la tarde del sábado.

El momento de la visita cuando está a punto de comenzar oficialmente la campaña electoral para las presidenciales del próximo 1 de julio también ha suscitado controversia por su trasfondo político. Actualmente está abierto un debate parlamentario sobre la laicidad del Estado con la Iglesia presionando a favor de la libertad religiosa y el Papa ha limitado su estancia al Estado de Guanajuato, donde el PAN gobierna desde 1991. Más allá de su posible influencia en las elecciones, el primer viaje de Benedicto XVI ha supuesto un espaldarazo al presidente Calderón.

La reforma sanitaria de Obama llega al Tribunal Supremo

Barack Obama, el domingo, durante una visita a Corea del Sur. / SONG KYUNG-SEOK / POOL (EFE)

Uno de los grandes misterios sobre la gestión de Barack Obama es el de por qué su reforma sanitaria no ha encontrado mayor respaldo popular. Existen razones políticas e históricas que pueden ayudar a entenderlo, pero la realidad es que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, como se denomina oficialmente la reforma, es, pese a su impopularidad, el más ambicioso proyecto de esta presidencia y su principal legado hasta la fecha. Esa obra y, en buena medida, las opciones de reelección de Obama están ahora en manos del Tribunal Supremo.

Es la segunda vez en este siglo que un pronunciamiento del Supremo puede determinar el nombre de quien se siente en el Despacho Oval. La primera vez, en 2000, fue de forma directa, al declarar a George Bush vencedor de las elecciones sobre Al Gore después de un largo y discutidísimo recuento. En esta ocasión, igualmente, un veredicto de inconstitucionalidad de la reforma sanitaria podría hundir las posibilidades de Obama. Por el contrario, una sentencia favorable privaría a la oposición del que ha sido hasta ahora su principal argumento en esta campaña electoral.

Mañana, el Supremo comenzará a escuchar los argumentos a favor y en contra de la ley. Se anuncia una decisión para antes de que termine el actual curso judicial, al final de la primavera. Después de muchos meses de batalla política y de litigios en distintos niveles de la justicia, la presentación de argumentos ante el más alto tribunal es un momento decisivo en el que, por última vez, la Casa Blanca tendrá oportunidad de defender la legitimidad de su causa. Distintos actos públicos se han convocado coincidiendo con esta fecha crucial en la que, más allá de la suerte de Obama, está en juego un modelo de relación entre el Estado y los ciudadanos.

La ley incluye numerosas variaciones del actual sistema sanitario. Algunas han entrado ya en vigor y otras, la mayoría, lo irán haciendo en los próximos años. No se trata de nacionalizar el sistema vigente sino de hacerlo más justo y sostenible, aunque la prestación del servicio sigue correspondiendo al sector privado. Su objetivo principal es el de eliminar algunos de los abusos cometidos hasta la fecha por las aseguradoras (como la exclusión de pacientes por condiciones médicas preexistentes) y garantizar que todos los norteamericanos dispongan de cobertura sanitaria. Para ello se hace obligatorio la adquisición de un seguro y se ofrecen subvenciones a las personas que no puedan pagárselo.

La ley pretende que todos los ciudadanos dispongan de cobertura sanitaria

Pese a que una fórmula similar fue propuesta hace años por el conservador centro de estudios Heritage Foundation, y una ley muy parecida fue aprobada en Massachusetts mientras era gobernador Mitt Romney, el actual candidato presidencial republicano, la derecha considera la reforma un grave atentado a la libertad individual y ha prometido su revocación en cuanto recupere el poder.

Los ciudadanos están muy divididos y aun confundidos sobre el alcance de la ley. En la última encuesta sobre el asunto, en enero pasado, un 36% se manifestaba partidario de que sea revocada y un 21% se pronunciaba por su mantenimiento. La mayoría era favorable a algunos apartados de la ley, pero contraria a otros. Un 71%, por ejemplo, respaldaba la prohibición de que las aseguradoras descarten clientes por condiciones médicas preexistentes.

El aspecto más polémico de la reforma sigue siendo el de su obligatoriedad, que solo tiene el apoyo de un 19% de los norteamericanos. Desde que esta ley comenzó a debatirse, en 2009, ha sido el blanco de toda la demagogia imaginable. No es tan difícil convencer a este país, de sustrato individualista, sobre el peligro de que un Gobierno que empieza por obligarte a comprar un seguro médico pueda acabar obligándote a comer verduras o comprar coches de color rojo.

La Casa Blanca considera la obligatoriedad un ingrediente esencial para el mantenimiento del sistema: si no se hace así, solo se asegurarían los que están enfermos y tendrían que pagar pólizas gigantescas para que no quebrasen las aseguradoras. Como ocurre con los sistemas públicos europeos, el sistema propuesto por Obama descansa en el principio de que los sanos comparten gastos con los enfermos ante la probabilidad altísima de que los primeros también necesitarán algún día asistencia sanitaria.

El 36% de la población se opone a la reforma; el 21% desea que se aplique

Los abogados del Gobierno defienden que la reforma está protegida por un apartado de la Constitución llamado Cláusula de Comercio, que le otorga a la Administración federal capacidad para regular la actividad comercial con el extranjero y entre los Estados. El contenido específico de ese apartado es motivo en estos momentos de polémica e interpretaciones. Imponer una compra no es regular el comercio, opinan unos. A lo que otros contestan que regular el sistema de salud en el conjunto de la nación es como regular las normas de circulación: también se obliga a disponer de un permiso para poder conducir.

Esto ha sido hasta ahora el tono general del debate. Argumentos más precisos y mejor formulados empezaremos a escucharlos a partir de mañana. De las preguntas que hagan los jueces se podrán extraer también las impresiones sobre cuál puede ser su decisión final, hasta el momento imprevisible.

El hecho de que una mayoría de miembros del tribunal —cinco de los nueve— sean de tendencia conservadora no hace más fácil un pronóstico. Varios de los jueces que integran la mayoría han defendido antes la aplicación de la Cláusula de Comercio en casos de cierta similitud con este. Los magistrados conocen, además, la trascendencia política de su decisión. Ellos no se juegan su carrera; son designados de por vida y no le deben fidelidad a nadie. Como pocas veces, es necesario confiar en su independencia. La Casa Blanca está convencida de su triunfo y asegura no tener un plan B.

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