Fraude electoral en Nicaragua

por Mary Anastasia O’Grady

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

Cada crisis presenta una oportunidad. Esa parece ser la forma de pensar del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien está intentado robar unas elecciones mientras gran parte del mundo está concentrado en la conmoción financiera que amenaza la economía global.

El 9 de noviembre, Nicaragua celebró elecciones municipales en 146 ciudades y municipios. En un país tan pequeño estas contiendas son importantes porque los alcaldes tienen bastante autonomía y pueden actuar como una extensión del poder del gobierno central. Pero esta ronda de votaciones era aún más importante que lo habitual. Consolidar al poder marxista en Nicaragua es una de las principales metas del presidente venezolano Hugo Chávez y Ortega debe llevar a cabo ese plan. Si falla, será otro revés para el sueño de la extrema izquierda de establecer una base comunista en América Central.

La dictadura sandinista encabezada por Ortega dominó al país de 1979 a 1990. Desde que ganó la presidencia en 2006 con el 37% de los votos, ha demostrado que, como su amigo Chávez, los controles institucionales sobre su poder le resultan bastante inconvenientes. El índice de popularidad de Ortega ha bajado a cerca del 20%, lo que sugiere que aunque es el Jefe de Estado, muchos nicaragüenses desearían ahora que no fuera así.

Es dentro de este panorama que Ortega parece haber decidido que la victoria sandinista en las elecciones municipales del 9 de noviembre era indispensable. El gobierno ha proclamado el triunfo de sus candidatos en 94 municipalidades, pero la oposición habla de fraude. Esto ha desatado un fuerte enfrentamiento.

Las prácticas cuestionables sandinistas comenzaron mucho antes de que abrieran los centros de votación. Sin causar sorpresa, dada la historia de “revolucionario” de Ortega, la violencia fue una táctica de campaña clave. Y no lo digo yo. Nada menos que la organización no gubernamental (ONG) conocida como la Oficina de Washington sobre América Latina —conocida por su política izquierdista— advirtió de una represión patrocinada por el Estado antes de las elecciones.

En un comunicado del 6 de noviembre, la organización escribió: “Nos alarma el creciente clima de intolerancia hacia aquellos que se perciben como críticos del gobierno federal. El ataque físico en contra de una marcha de activistas de un partido de oposición y la aparente falta de voluntad de la policía para restablecer el orden, las investigaciones criminales en contra de varias organizaciones de la sociedad civil y de sus lideres, al igual que la investigación a ONGs internacionales que han financiado a varias de estas organizaciones, es extremamente preocupante”. La Oficina de Washington sobre América Latina también hizo referencia a “actos violentos, por partidarios del gobierno, en contra de defensoras y defensores de los derechos humanos”.

El terror no era la única herramienta a disposición de Ortega. Como mencionó esta columna hace varias semanas, sus esfuerzos de campaña fueron respaldados por Chávez, quien le envió millones de dólares en petróleo a Ortega pero pide que le paguen sólo el 50% de lo entregado. El resto es un préstamo a largo plazo. El crudo es vendido a precios de mercado y la ganancia es utilizada para financiar una operación de inversión social llamada Albanisa y un fondo político sandinista para sobornos llamado Albacaruna. El director de la compañía petrolera nicaragüense y de Albanise también es el tesorero del partido sandinista. Los sandinistas también tienen control del poder judicial y el Consejo Supremo Electoral, que descalificó a dos partidos políticos impidiendo que siquiera participaran en las elecciones.

Pero Ortega aún tenía dudas sobre sus chances. Y quizás porque ha sido el favorito de la izquierda internacional por tanto tiempo, parece haber decidido que podía mejorar sus posibilidades sin escrutinio.

El primer paso fue bloquear a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter para que no recibieran credenciales para observar las elecciones. Incluso excluyó al organismo de control independiente y sumamente respetado de Nicaragua, Ética y Transparencia —que había reconocido la victoria de Ortega en 2006— de los centros de votación.

A pesar de quedar marginado, Ética y Transparencia logró colocar observadores afuera de los centros de votación. Estimó que un tercio de los centros experimentaron irregularidades. También hubo informes indicando que en algunos lugares, los observadores de partidos de oposición fueron echados de los centros de votación y algunos de estos cerraron antes de tiempo.

El puesto de alcalde de Nicaragua es una de las contiendas disputadas más ferozmente. El candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre, está cuestionando la “victoria” del sandinista Alexis Argüello. Montealegre, quien aceptó gentilmente la derrota a manos de Ortega en las elecciones presidenciales en 2006, afirma que su partido realizó su propio conteo de votos y que él ganó. La Iglesia Católica y los dos grupos empresariales más grandes del país respaldan su llamado a un recuento. El Consejo Supremo Electoral ha accedido a un recuento, pero a puerta cerrada y sin observadores.

Los esfuerzos de Montealegre para liderar manifestaciones en favor de un recuento transparente han sido frustrados por bates sandinistras al acecho y rocas voladoras. Pero él insiste que mantenerse firme va más allá de la alcaldía. “Es más fundamental”, dice. “Se trata de dictadura versus democracia”.

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