REFLEXIONES LIBERTARIAS
MÁS GUERRA CONTRA LA POBREZA

Ricardo Valenzuela

Hace unos meses fui invitado a una reunión promovida por la prestigiosa Yorktown University para discutir el problema de la pobreza mundial y, más importante, los distintos enfoques para aliviarla y finalmente desterrarla sobre la faz de la tierra. Al final de la sesión una de los participantes preguntó qué acciones concretas estaba tomando la universidad para tender esa amorosa mano a los pobres. En esos momentos surgía en mi mente una interrogante complementaria. ¿Por qué esta persona no se plantaba la pregunta de forma diferente? como, ¿qué voy a hacer yo para aliviar este flagelo.


No creo que haya nadie — progresista o conservador, socialista o liberal, ateo o cristiano — creyendo que la pobreza es algo bueno o que no quisiera ver derrotado tal flagelo. Las diferencias de opinión emergen cuando la conversación pasa a las estrategias. Los progresistas tienden a preferir programas gubernamentales que utilizan los impuestos — dinero que es expropiado al pueblo a base de coacción y coerción — para financiar batallones de burócratas y diversos programas públicos anti pobreza. Es tal esa fuerza, que le diera vida al famoso Public Choice de Buchanan para demostrar cómo los burócratas se mueven por interés personal. Los liberales prefieren, y la mayor parte de los conservadores tienden a preferir, iniciativas del sector privado que están financiadas mediante donaciones voluntarias.

Los progresistas están satisfechos dando dinero a esta causa o aquella o a la de más allá, mientras sea el dinero de otras personas. Yo llamo a esto “la tentación progresista”. Los conservadores y los liberales son más dados a reconocer que tienen una responsabilidad personal para con donar libremente tiempo o dinero para trabajar en favor del objetivo deseado. Existe una enorme diferencia entre obligar a los demás a lo que tú piensas que es importante y hacer buenas obras por ti mismo.

Los cristianos que resultan ser progresistas políticos, son aficionados a citar versos de las escrituras que exhortan a los fieles a realizar obras de caridad. En realidad, hay muchos versos entonando la misma canción, y realmente dicen lo que dicen. Pero lo que los progresistas no ven invariablemente, es que la Biblia en ninguna parte dice que es deber del cristiano obligar a los demás a hacer obras de caridad; en su lugar, se espera que los propios cristianos realicen esas obras. En la Biblia no hay caridad a distancia. La verdadera caridad procede del impulso espiritual interior, no de la compulsión política externa. Esa es la diferencia esencial entre el César y Cristo. El enfoque progresista sobre la pobreza también se evidencia como problemático en su mentalidad anti-capitalista y anti-empresarial.

Los “progresistas” se califican a sí mismos de ser los buenos por iniciar programas gubernamentales para ayudar a los seres humanos de medios modestos, al tiempo que desprecian a los empresarios como seres egoístas y no tan morales [como ellos], en la búsqueda egoísta y moralmente inferior de beneficios. Éste es un juicio indebidamente miope y desvirtuado de los empresarios; en realidad, es espectacularmente ignorante y perversamente injusto. A una persona puede no gustarle el vaivén diario de empresas o empresarios individuales que se comportan de manera abusiva, están completamente justificados en verse repelidos por ciertas conductas ilegales. Sin embargo, existe un dato histórico vital que los progresistas anti-empresa generalmente pasan voluntariamente por alto: el papel de los negocios en la reducción de la pobreza.

A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, las masas de seres humanos han sido desgraciadamente pobres. Solamente en los últimos siglos grandes cifras de personas han salido de la pobreza. ¿Cuál ha sido el agente de un cambio tan fundamental? Las empresas que buscan beneficios. Durante los primeros 1,800 años posteriores a la avenida de Jesucristo, el ingreso per cápita de los europeos permaneció en una constante de $1,000 dólares a valores actuales, es decir, el mundo fue masivamente pobre. La empresa, en su significado moderno, nació sólo hace poco más de cien años.

Desde los albores de la Revolución Industrial, las empresas han rescatado a más gente de la pobreza que todas las iglesias, organizaciones de caridad y programas gubernamentales (nacionales o multilaterales — como el Banco Mundial) juntos. Al final del siglo XIX ya en medio de la revolución industrial, ese ingreso se había disparado hasta $10,000 dólares, es decir, en menos de cien años aumentó lo que no lo hiciera en los 1,800 anteriores. Solo tenemos que asomarnos a la historia de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur, Chile, Corea del Sur y ahora China y la India. Dondequiera que usted mire, el estándar de vida se eleva allí donde se permite que los negocios florezcan.

En una ocasión se le preguntaba al prestigiado filósofo liberal David Kelly ¿Quién ha hecho más por socorrer a la humanidad, JP Morgan o la Madre Teresa? Sin vacilaciones Kelly responde: “por supuesto que JP Morgan. Para que haya repartidores de riqueza, primero deben de existir sus creadores. Es decir, sin personajes como JP Morgan, la madre Teresa jamás hubiera existido. Hay personajes que se pasan la vida repartiendo riqueza pero ellos nunca la han creado” ¿Te suena familiar AMLO?

De modo que, ¿Qué está haciendo la Yorktown University por socorrer a los necesitados? Directamente nada. Después de todo, es una institución universitaria no una organización de caridad. La Yorktown University estaría engañando a sus clientes si les cobrase por una educación de alto nivel y después desviara una parte de las matrículas a programas no educativos.

La mayor parte de los centros y programas que emergen de esta universidad, defienden y promueve enérgicamente el sistema de libre empresa que es la clave para reducir la pobreza en la tierra. Forma a sus miembros y estudiantes en materia de temas acuciantes como la pobreza con el fin de que estén dotados para tomar decisiones formadas y provechosas a la hora de tratar esos problemas.

Inculca valores cristianos, tales como la compasión y caridad hacia el prójimo, e insta a los estudiantes a encontrar sus propias maneras individuales de expresar esa atención. Pero lo más importante de sus programas, es el objetivo para diferenciar el “ganar dinero con el crear valor,” conceptos completamente diferentes y muy seguido en conflicto. En respuesta a la pregunta de la joven, yo diría, “la Yorktown University está haciendo todo lo que se puede esperar que razonablemente haga, enriquecer mentes y prepararlas para la creación de riqueza”.

Ahora miremos el espejo y preguntemos si se puede decir lo mismo de nosotros. Y cuidado con la tentación progresista estilo Marcelo Ebrard.




Morales ordena al Ejército controlar pozos petroleros

LA PAZ

El gobierno reforzó el control militar de pozos petroleros y gasíferos ante la amenaza de grupos opositores al presidente Evo Morales de cortar el suministro de carburantes a Brasil, Argentina y a mercados locales, se informó ayer.

”Se ordenó un refuerzo militar de los pozos petroleros”, dijo a la AP por teléfono el portavoz presidencial Iván Canelas. El operativo se inició el viernes.

Morales dijo el sábado en un encuentro con sindicatos afines que su gobierno ”va a garantizar los ductos”. ”He conversado con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, quien tiene instrucciones de dar seguridad”, acotó.

El viernes, organizaciones cívicas del Chaco, al sur, donde están las mayores reservas de hidrocarburos, decidieron que cerrarán desde el lunes los pasos fronterizos con Argentina y Paraguay y cortarán rutas hacia esos países y al interior de Bolivia en rechazo al proyecto de Constitución que impulsa el mandatario.

También reclaman la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el gobierno descontó de los presupuestos regionales para pagar un bono a las personas de la tercera edad, según dijo el dirigente cívico de Tarija, Reynaldo Bayard.

Bayard no descartó el viernes una eventual ocupación de campos petroleros y el cierre de válvulas de los gasoductos de exportación si el gobierno no atiende las demandas, aunque por el momento esa medida no fue aprobada.

Entre las resoluciones adoptadas está la exigencia al gobierno para un ajuste en el precio del gas natural que Bolivia vende a Argentina y Brasil. Esos países pagan entre $6 y $7 por cada millón de unidades térmicas británicas (BTU).

En la región del Chaco están localizadas el 85 por ciento de las reservas de gas que ocupa el primer rubro de las exportaciones con $1,983 millones en el 2007.

Morales dijo en un discurso ante sus seguidores el viernes que esas medidas de fuerza manifiestan ”la agonía de la derecha fascia y racista”, mientras su vicepresidente, Alvaro García declaró a periodistas que ”sería una atentado criminal”, si se interrumpiera el suministro de hidrocarburos.

La confrontación política entre Morales y líderes opositores regionales que impulsan gobiernos autónomos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando se ahondó tras el referendo del 10 de agosto en el que el mandatario y su vicepresidente fueron ratificados con 67 por ciento de los votos.

También los prefectos (gobernadores) opositores de esas regiones fueron confirmados en el cargo. Desde entonces los líderes regionales protagonizaron diversas protestas en contra del gobierno en una suerte de pulso político.

La batalla ahora está centrada en la devolución de los fondos y en el proyecto constitucional que el gobierno se propone llevar a referendo ratificatorio tras su victoria electoral.

La carta constitucional aprobada en diciembre del año pasado en ausencia del grueso de la oposición política en la Asamblea Constituyente, plantea la reelección de Morales; propone un régimen estatista y otorga mayor poder a los indígenas.

Por su parte, la oposición conservadora advirtió con llevar las autonomías regionales hacia el federalismo si se aprueba la reforma constitucional, lo que ha sido tildado por el gobierno como una amenaza de separatismo.

El secretario de Autonomía de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, dijo que la reforma constitucional no expresa a todo el país y forzar su aprobación desencadenaría violencia.

Hondureños repudian el Alba

TEGUCIGALPA

Sectores empresariales y políticos rechazaron ayer la decisión del presidente Manuel Zelaya de incorporar a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) por considerarla una especie de “asociación política y militar de carácter ideológico”.

La adhesión la formalizará Zelaya en una ceremonia pública en Tegucigalpa el 25 de agosto con la asistencia de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua, y el vicepresidente cubano Carlos Lage.

”Alba conspira contra la libertad de comercio, las libertades individuales y la libre determinación de la sociedad”, dijo en un comunicado el Consejo de la Empresa Privada (COHEP), que agrupa a 60 organizaciones. Y va en contra de las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio, de la cual Honduras es miembro, y de todo lo que representa el libre comercio y la empresa”.

Indicó que Alba “está a favor de medidas arbitrarias como la disolución de los poderes del Estado, la confrontación permanente con las cúpulas empresariales, el cuestionamiento de las centrales obreras, la precariedad del poder judicial, el estrangulamiento de la libertad de prensa y, sobre todo, la nacionalización de empresas y la promoción de un exagerado intervencionismo del gobierno”.

El ex presidente Ricardo Maduro (2002-2006) aseguró que “al firmar el convenio de Alba, el gobierno declarará la guerra a más de 1.2 millones de hondureños que residen en Estados Unidos y que envían [casi $3,000 millones en] remesas cada año a sus familiares y sostienen nuestra economía, y que podrían ser deportados”.

Calificó de ”pésima” la estrategia de Zelaya en relaciones internacionales porque “no podemos morder la mano del principal socio económico: Estados Unidos”.

El presidente del Congreso Roberto Micheletti, del oficialista Partido Liberal, que aspira a suceder a Zelaya en las elecciones generales de noviembre de 2010, sostuvo que “estoy en desacuerdo con las políticas del presidente Chávez. Por eso, no acepto una relación con un gobernante que no tiene buena aptitud social… y si de mí depende, la adhesión a Alba no va”.

Porfirio Lobo Sosa, precandidato presidencial del tradicional Partido Nacional, señaló que “nos preocupa mucho que Alba es una alianza política militar contra Estados Unidos, lo que es una locura y una tontería del gobierno”.

Entretanto, la prensa local denunció que Zelaya entregará unos $27 a cada persona que asista a los actos de mañana, a las que pagará transporte y alimentación.

La presidenta del Partido Liberal, Patricia Rodas, admitió la situación, tras señalar que “sí, es verdad, y así debe ser… y proporcionamos ayuda de transporte y alimentos porque el partido tiene derecho a movilizar a su gente”.

El gobierno dio asueto a unos 200,000 empleados públicos para que asistan a la firma de Alba.

Alba reúne a Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y Venezuela. Liderada por Chávez, la iniciativa surgió en diciembre del 2004 con Cuba y Venezuela como alternativa al Area de Libre Comercio para las Américas promovida por Estados Unidos. Después se unió Bolivia y Nicaragua.

Correa vincula a sus adversarios con opositores en Venezuela y Bolivia

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Rafael Correa
AP
Rafael Correa

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que sus adversarios preparan actos de violencia antes del referendo constitucional del 28 de setiembre, a través de grupos universitarios instruidos por la oposición venezolana y boliviana.

“Se lo dije: atentos, preparan actos de violencia, esto es premeditado. Ya desde hace dos meses traían para dar cursos y seminarios a los seudodirigentes estudiantiles de Venezuela, opositores al presidente Hugo Chávez”, afirmó Correa en su programa semanal de radio y televisión.

“Le hicieron lo mismo a Evo Morales con la juventud cruceñista y los traen acá para darles clases y organizar a universitarios de acá para que creen lo mismo desmanes, los mismos brotes de violencia”, añadió.

Correa se defendió de las afirmaciones de un sector de la oposición que lo acusó de haber instigado a la violencia durante una gresca entre estudiantes que se produjo el sábado, cuando visitó una universidad privada de Guayaquil.

“No me digan que hubo brutal represión policial, ¿cómo pueden mentir tanto?, lo que hubo fue un brutal ataque a la Policía y a la seguridad del presidente por unos cuantos pelafustanes”, afirmó.

Aunque las autoridades nunca informaron sobre lesionados, varios universitarios denunciaron que fueron reprimidos con violencia cuando protestaban contra el proyecto de Constitución, y después de que Correa les pidió a sus

seguidores que “arreglaran el problema”. El presidente ecuatoriano indicó que “todo forma parte de una estrategia” para evitar la aprobación del proyecto constitucional haciendo pasar al gobierno “como violento y represivo”.

“Es la estrategia de esta gente (…) y van a apuntar a vejar al presidente como saben que soy la figura más visible de este cambio histórico”, sostuvo.

No obstante, vaticinó el que podría

ser su cuarto triunfo electoral en dos años. “Si alguna duda nos quedaba de la aplastante victoria que tendrá el Sí el 28 de septiembre, después de haber visto esta multitud multicolor (…) se disipa cualquier duda”, señaló Correa subido en una tarima.

De cumplirse el pronóstico, Correa conseguirá su cuarta victoria en las urnas desde noviembre de 2006, tras conquistar la presidencia y ganar por mayoría la consulta para cambiar la actual Carta Magna y las elecciones de asambleístas.

Desde tempranas horas miles de personas se apostaron a lo largo de la avenida de los Shirys, que cruza el norte de la ciudad, para respaldar al ejecutivo de cara a la consulta del 28 de septiembre sobre la propuesta que redactó la constituyente controlada por el oficialismo.

Entre la multitud se alzaban banderas verdes y rojas alusivas al movimiento oficialista Alianza País y de los partidos aliados.

Los indígenas, con quienes el mandatario lleva una relación de altibajos, también llegaron en masa desde varias provincias, constató la AFP.

“Venimos a estar al lado del Sí, que gane el Sí”, manifestó Miguel Toabanda, un indígena de la comunidad del sur andino, que espera del gobierno le “cumpla el sueño de tener un carretero”. De ser aprobado el proyecto de Constitución –redactado por una Asamblea de mayoría oficialista–, Correa podrá postularse a la reelección y el Estado quedará facultado para regular y planificar la economía, entre otras varias reformas.

“Necesitamos la revolución”, agregó Toabanda, de 55 años, que a pesar del sol llevaba puesto un poncho rojo. “Vamos compañeros, Sí mil veces Sí”, gritaba.

Ley daría a Chávez control de la prensa

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La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y politicas chavistas.
HO/AFP/Getty Images
La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas.

Al mismo tiempo que aumenta el control de importantes bastiones en el sector privado, aprueba leyes que promueven una mayor concentración del poder, y dedica fuertes sumas para financiar compras militares, el gobierno del presidente Chávez está incrementando las presiones en un campo especialmente sensible en este año electoral: los medios de comunicación y los periodistas.

En los últimos meses, el mandatario venezolano ha utilizado sin límites la televisión estatal para transmitir actos proselitistas, ha utilizado unidades militares para intervenir emisoras de radio adversas a sus candidatos, y funcionarios de la policía política (DISIP) han actuado para detener a periodistas que manejaban información delicada, de acuerdo a denuncias de diversos grupos independientes y de los propios periodistas y dueños de medios afectados.

Repitiendo un esquema practicado con medios de comunicación de circulación o cobertura nacional, el gobierno está utilizando crecientemente la publicidad como un arma coercitiva contra medios locales, y presiona abiertamente para que se publique información favorable a los oficialistas, aseguraron expertos y analistas.

La controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que el presidente Chávez no incluyó en el paquete de 26 leyes aprobadas mediante poder especial, será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder aboluto para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del presidente. La ley tiene ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TJS).

Según esta nueva legislación, Chávez será el único que podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de “transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza”, mediante “comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse”, invocando razones de “orden púlbico, la seguridad o los intereses de la Nación”.

La maquinaria de propaganda chavista utiliza más de 400 radioemisoras, 72 estaciones de televisión y 18 periódicos de cobertura local y nacional para promover candidatos y políticas chavistas, dijo a El Nuevo Herald el profesor Antonio Pasquali, académico de la Universidad Central de Venezuela y ex consultor de la Unesco en material comunicacional.

Las presiones legales y políticas del gobierno podrían afectar seriamente la libertad de expresión en Venezulea y hacer mucho más riesgoso el ejercicio del periodismo, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea el ámbito de los medios impresos y radioeléctricos en Venezuela.

“A partir de este momento vamos a tener más riesgos en cuanto a una mayor violencia contra periodistas y medios, y una mayor restricción de la libertad de expresión”, dijo Correa.

Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios profesionales, para denunciar la inconstitucionalidad de varias de la leyes aprobadas por Chávez recientemente, y que afectan el ejercicio profesional, dijo Roger Santodomingo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

“Se está queriendo llevar a Venezuela a un gobierno socialista donde se escuche una sola voz. Un modelo socialista que no fue aceptado el pasado 2 de diciembre”, declaró Santodomingo en una conferencia de prensa el jueves.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este jueves un comunicado alertando contra el recrudecimiento de los ataques contra medios y reporteros en Venezuela.

Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció los actos de hostigamiento contra la prensa en Venezuela, fomentados por la polarización política del país suramericano.

Marroquín denunció en un comunicado que el pasado martes 19 de agosto el presidente Hugo Chávez atacó los diarios El Nacional y El Universal, a los que calificó de defensores de intereses contrarios a la nación, a raíz de los titulares que ambos diarios publicaron relativos a la nacionalización de la industria cementera CEMEX, así como en contra del paquete de 26 leyes aprobadas por Chávez con poderes especiales.

La SIP expresó también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza militar y los ‘‘procedimientos posiblemente discriminatorios” empleados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a principios de esta semana, para clausurar las emisoras de radio Rumbera Network 101.5 FM y Llanera 91.3 FM, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

El cierre de estas dos emisoras con profusion de despliegue de poderío militar, fue calificado como una medida desproporcionada y retaliatoria.

“Es un pase de factura política porque hay otros radios funcionando así (sin toda la permisología). Lo que pasó es que había molestias porque supuestamente no pasamos unas cuñas de William Lara”, denunció Arturo Camero, director de la emisora radial Llanera, que fue cerrada esta semana con un contingente de 200 militares.

“Hubiera sido más juicioso darles tiempo para regularizar su situación, en lugar de embargar sus equipos con gran despliegue de efectivos militares”, recomendó Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado sobre el tema emitido el miércoles.

Esta semana abundaron las denuncias sobre el uso presuntamente ilícito de recursos mediáticos públicos por parte del chavismo, para fines electorales.

La organización Democracia Renovadora presentó ante la Fiscalía General una petición para investigar el presunto peculado de uso por parte del gobierno para promover candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellas el uso vehiculos y aviones oficiales, además de la televisión estatal.

Helen Fernández, activista del opositor Comando Nacional de la Resistencia, introdujeron este viernes otra denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por el favoritismo del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en la campaña electoral del PSUV, y de “no darle espacio a los demás candidatos de otros partidos”.

Fernández dijo que durante los primeros seis meses de este año, VTV transmitió unas 1,800 piezas publicitarias de candidatos del PSUV, a un costo de unos $9.3 millones, mientras que no transmitió una sola pieza con candidatos de la oposición.

“Queremos que el mismo respeto que se les da a los candidatos del PSUV (en el canal estatal), se les den a los candidatos de la oposición”, dijo Richard Blanco, vicepresidente del también opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP), quien acudió junto a Fernández al CNE para presentar la denuncia.

En contraste, los medios privados están transmitiendo información más “equilibrada” cuando se compara con los medios oficiales, indicó un estudio de la Universidad de Gotemburgo, recientemente publicado en Venezuela.

Según este informe, la mayoría de los canales privados, principalmente Venevisión, Televen y Canal I, ofrecieron información más equilibrada que los canales estatales VTV y TVES.

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