17 julio, 2008

Andres Oppenheimer

Obama y la enseñanza del español

El reciente comentario del candidato presidencial demócrata, Barack Obama, de que los estadounidenses deberían hacer estudiar español o alguna otra lengua extranjera a sus hijos ha provocado una avalancha de críticas de los defensores del inglés como idioma único, y de los adalides de las campanas contra los inmigrantes en la televisión por cable.

Pero Obama está en lo cierto. Ya se trate del español o de cualquier otra lengua extranjera, los estadounidenses están muy por detrás del resto del mundo industrializado en lo que hace al dominio de otras lenguas.

En su discurso en Georgia del 8 de julio, Obama dijo, respondiendo a una pregunta sobre bilingüismo: ‘Vivimos en una economía global. Y yo no entiendo a la gente que vive preocupada diciendo `Debemos hablar sólo en inglés’. Quieren aprobar una ley que diga: ‘Queremos sólo hablar inglés’. Ahora bien, estoy de acuerdo en que los inmigrantes deben aprender inglés. Estoy de acuerdo. Pero es importante que se entienda esto: en vez de preocuparse porque los inmigrantes puedan aprender el inglés –que lo aprenderán–, es necesario asegurarse de que sus hijos sepan hablar español. Deberían pensar cómo hacer para que sus hijos sean bilingües. Todos los niños deberían hablar más de un idioma”.

Obama agregó: ‘Es vergonzoso cuando los europeos vienen aquí … todos hablan inglés, hablan francés, hablan alemán. Y cuando nosotros vamos a Europa, todo lo que podemos decir es `Merci beaucoup’. ¿No es cierto?”

De inmediato, los abanderados de la causa antiinmigración se volvieron locos. Lou Dobbs, de CNN, y otros presentadores de televisión por cable que suelen ser alérgicos a todo lo que suene hispano adujeron que Obama estaba instando a los estadounidenses a aprender sólo español, en lugar de cualquier otra segunda lengua. La sola idea de que haya más gente en Estados Unidos que hable español los sacó de sus

casillas.

Pero el hecho es que el porcentaje de estadounidenses que dominan una lengua extranjera es patético comparado con el de otros países ricos. Según el Departamento de Educación, de cada 100 cursos universitarias escogidos por los estudiantes estadounidenses, sólo 8.6 están dedicados al estudio de una lengua extranjera.

”En cifras totales, ahora hay más estudiantes universitarios que nunca estudiando lenguas extranjeras”, me dijo Rosemary Feal, directora ejecutiva de la Asociación de Lenguas Modernas (MLA), una organización con sede en Nueva York integrada por más de 30,000 académicos dedicados a promover la enseñanza de lenguas extranjeras. “Pero como porcentaje del número total de estudiantes universitarios, el número de los que cursan lenguas extranjeras ha disminuido desde la década de 1970”.

Por comparación, una encuesta reciente realizada por Eurobarómetro en los 27 países de la Unión Europea reveló que el 56 por ciento de los europeos habla al menos una lengua además de su lengua natal, lo que significa un aumento respecto del 53 por ciento registrado hace cinco años.

En Luxemburgo –uno de los países mas ricos del mundo–, el 99 por ciento de la población habla una segunda lengua, mientras el 97 por ciento de los eslovacos y el 95 por ciento de los letones dominan un segundo idioma.

Alrededor del 28 por ciento de los europeos hablan dos lenguas extranjeras, un aumento respecto del 26 por ciento registrado hace cinco años, según la encuesta.

Feal, del MLA, es optimista de que los estadounidenses revertirán la tendencia descendente del estudio de lenguas extranjeras en el país.

”Los ataques del 11 de septiembre han creado conciencia de la necesidad de saber más sobre el resto del mundo, y la mejor manera de hacerlo es aprendiendo las lenguas del resto del mundo”, dijo Feal. “Y los padres ya reconocen las ventajas de aprender una lengua extranjera bien temprano en la vida. Eso aumenta la inteligencia de los niños: los estudios demuestran que un cerebro bilingüe aprende todo mejor”.

Mi opinión: Obama tiene razón, aunque hubiera sido lindo que él mismo hablara español, o algún otro idioma.

No hay duda de que los estadounidenses, y especialmente los inmigrantes, deberían mejorar su manejo del inglés. Por supuesto que deberían hacerlo. Pero tal como los europeos y –cada vez más– los asiáticos lo están demostrando, no hay nada en el cerebro humano que impida que un niño aprenda una lengua extranjera y al mismo tiempo domine a la perfección su lengua materna.

Estudiar una segunda lengua no sólo mejoraría las posibilidades laborales de las futuras generaciones de estadounidenses, sino que ayudaría a Estados Unidos a ser mucho más competitivo en la economía mundial, a estar más alerta sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta y, en última instancia, a ser un país más seguro.

Senado argentino rechaza polémico impuesto agrario

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El Senado argentino aparece en esta imagen durante un debate que se prolongó hasta la madrugada del jueves 17 de julio del 2008 y terminó con el rechazo a un nuevo y controversial esquema fiscal para la exportación de granos.
Natacha Pisarenko / Foto AP
El Senado argentino aparece en esta imagen durante un debate que se prolongó hasta la madrugada del jueves 17 de julio del 2008 y terminó con el rechazo a un nuevo y controversial esquema fiscal para la exportación de granos.

El Senado rechazó el jueves el proyecto oficial sobre un nuevo esquema de gravámenes a la exportación de granos que desde hace más de cuatro meses mantiene enfrentados al gobierno y al sector agropecuario, en una votación que se definió con el inesperado voto del vicepresidente Julio Cobos.La votación de la iniciativa, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, había quedado empatada en 36 votos, y Cobos -que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado- tuvo que definir la suerte del proyecto oficial tras más de 17 horas de debate.

“Hoy creo que debe ser el día más difícil de mi vida. Dicen que tengo que acompañar (al gobierno) por la institucionalidad … mi corazón dice otra cosa. Que la historia me juzgue, mi voto no es positivo, es en contra”, dijo Cobos al justificar su decisión.

Cobos ya había expresado sus discrepancias con el esquema móvil de retenciones (gravámenes), que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional. El proyecto fue dispuesto en marzo por el gobierno y luego enviado por la presidenta Cristina Fernández al Congreso con la esperanza de que fuera ratificado.

Desde que fueron anunciadas hace poco más de cuatro meses, las retenciones desataron la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos.

Antes de la votación, el gobierno adelantó que respetaría la decisión del Congreso.

El voto de Cobos fue una decisión extrema, pues la Constitución estipula que el vicepresidente no tiene derecho a voto a menos que haya un empate.

“Yo sé que formo parte de este gobierno y que vengo de otro sector del campo político y por ahí esto me permite disentir o diferir en algunas cosas. Esa es la pluralidad”, dijo Cobos sobre su voto que podría desencadenar una crisis institucional en el seno del gobierno.

El vicepresidente pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior presidente, Néstor Kirchner.

El ex presidente, esposo de la actual mandataria, emprendió la concertación con la intención de ampliar su base de apoyo político.

El prolongado conflicto agrario desató la primera crisis para el gobierno de Fernández, que asumió en diciembre, además de que provocó un fuerte descenso en la popularidad de la mandataria.

Fernández remitió el proyecto al Congreso a principios de julio con el argumento de que la intervención parlamentaria dotaría de mayor “institucionalidad” la resolución del gobierno.

La presidenta ha sostenido que las nuevas retenciones son una herramienta de redistribución de la riqueza porque impiden que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos, a la vez que pone un freno a la “sojización” del país en perjuicio de otros cultivos como el trigo y el maíz.

“Las retenciones móviles constituyen la única política viable para que los alimentos estén al alcance de toda la población”, sostuvo el senador oficialista Eric Calcagno durante la sesión.

A precios corrientes, las nuevas retenciones implican un alza de más del 10% en la tasa a la venta al exterior de soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial.

Para los productores, el impuesto que se aplica sobre la renta bruta “es confiscatorio”. Este fue el argumento más escuchado entre los legisladores que votaron en contra.

“La resolución 125 (del Ejecutivo que dispuso las nuevas retenciones) es inconstitucional, regresiva, confiscatoria, pone en peligro a los pequeños y medianos productores”, afirmó el senador Juan Agustín Pérez Alsina, perteneciente a un partido provincial.

La incógnita sobre el desenlace de la votación se mantuvo hasta el final. En un clima expectante, centenares de partidarios del gobierno montaron una vigilia frente al Congreso.

En el barrio de Palermo, donde el martes el campo había reunido a más de 200.000 personas en un acto contra las retenciones, los productores rurales siguieron el debate en vivo a través de una pantalla gigante montada al aire libre. También se registraron algunos “cacerolazos” en los barrios del norte de la ciudad.

En junio, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente en una demanda de inconstitucionalidad contra las retenciones y otros impuestos federales que fue promovida por la provincia de San Luis. El gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saá, es un peronista de derecha muy crítico de la presidenta y de su esposo.

Sin embargo, el fallo del máximo tribunal podría demorar hasta un año.

Detienen extradición de Arellano Félix a EEUU

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Foto de archivo de Benjamn Arellano Félix
Foto de archivo de Benjamín Arellano Félix

Un juez federal suspendió la extradición del narcotraficante Benjamín Arellano Félix a Estados Unidos, dijeron el miércoles su abogado y la Procuraduría General de Justicia.El juez determinó la semana pasada que el líder del cártel de Tijuana no puede ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado hasta que la corte decida sobre la legalidad de la orden de extradición del gobierno, dijo su abogado defensor, Américo Delgado.

Tanto Delgado como la Procuraduría General señalaron que la decisión final podrá tomar meses, e incluso años.

El cártel de los Arellano Félix emergió como una potencia en el tráfico de drogas en la década de 1980 en Tijuana, ciudad fronteriza frente a San Diego. La organización delictiva comenzó a debilitarse luego del arresto de Benjamín Arellano Félix en el 2002 y de la muerte de su hermano Ramón durante una balacera con la policía ese mismo año.

Arellano Félix es requerido en California por cinco cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero, negocios mafiosos y delincuencia organizada. Está cumpliendo una sentencia de 22 años de prisión en México por tráfico de drogas y delincuencia organizada, junto con cinco años por posesión de armas prohibidas.

México aceptó extraditarlo el mes pasado, desechando la opinión no vinculante de un juez en el sentido de que significaría juzgarlo dos veces por los mismos delitos.

Los fiscales habían argumentado que Arellano Félix era buscado en Estados Unidos por delitos que ocurrieron después de aquellos por los que fue condenado en México.

La decisión refleja el deseo creciente de las autoridades mexicanas de enviar a sus ciudadanos a Estados Unidos para ser juzgados, luego de años de reticencia a respecto.

Daniel Ortega acepta dialogar con las FARC

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Daniel Ortega
AFP/Getty Images
Daniel Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó la noche del miércoles dialogar con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para, según dijo, aportar a la paz en Colombia.

“Les respondemos a los hermanos de las FARC que sí, que estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a dialogar, para aportar a la paz en Colombia”, anunció Ortega durante un acto en el departamento de Estelí, 127 kilómetros al norte de Managua.

El mandatario respondió así a una solicitud de las FARC el pasado lunes de tener conversaciones “personalmente o a través de un delegado” sobre asuntos de la guerra y la paz en Colombia.

Ortega reiteró que cree que Colombia es el principal factor de inestabilidad en América Latina y que el conflicto interno de ese país no se va a resolver por la vía armada.

Ortega advirtió a las autoridades colombianas que con los últimos acontecimientos (relativos a la liberación de los rehenes, entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt) ‘‘se puede perder la cabeza” y altos mandos militares están hablando del fin de las FARC.

“No será por esa vía el fin de las FARC, sino de la estabilidad de Colombia”, dijo Ortega, y planteó que “es buen momento para trabajar por la paz”.

En ese sentido, demandó al gobierno de Colombia a que ‘‘admita la formación de un grupo como testigo, apoyo o garante de los acuerdos que se pueden ir tomando en un proceso de negociación” con los movimientos guerrilleros colombianos y en particular con las FARC.

El gobernante nicaragüense evocó la experiencia de su país de las negociaciones con los grupos rebeldes de la ‘contra’ que combatieron a su régimen sandinista con las armas en la década de 1980, en las que se involucraron varios países, incluido Colombia.

Demanda alega abusos contra obreros cubanos en astillero de Curazao

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Alberto Justo Rodrguez Licea es uno de los tres cubanos que trabajaban en condiciones de esclavitud en el astillero de la compaña Drydock en Willemstad, Curazao, que ahora residen en Tampa, y han puesto una demanda contra el  gobierno cubano.
Archivo del Herald
Alberto Justo Rodríguez Licea es uno de los tres cubanos que trabajaban en condiciones de esclavitud en el astillero de la compañía Drydock en Willemstad, Curazao, que ahora residen en

Cada trabajador cubano recibía dos overoles, un par de botas, un casco y alimentos según la dificultad de su labor.

El trabajo de arreglar los barcos de crucero estadounidenses que llegaban a un dique seco de Curazao estaba valorado en $6.90 la hora. Pero los 108 cubanos que trabajaban doble turno en una empresa conjunta entre el gobierno cubano y la empresa Curacao Drydock Company no recibían su dinero, que se dedicaba a amortizar la deuda oficial del gobierno de la isla con la empresa, muestran documentos judiciales.

Documentos revisados por The Miami Herald en una demanda presentada en el 2006 en Miami por los trabajadores, que sigue su curso, ofrece un vistazo poco común a los términos laborales secretos entre el gobierno cubano y las firmas con que hace negocios. Los documentos parecen ser una prueba por escrito de que esas empresas conjuntas a veces incluyen trabajo no retribuido.

En lugar de un salario, los hombres recibieron dinero para comprar alimentos y 400 pesos cubanos al mes, unos $18 al cambio actual.

Tres ex trabajadores lograron escapar de lo que sus abogados calificaron de campo de trabajo forzado en Willemstad, Curazao, y presentaron la demanda en el tribunal federal de distrito en Miami, alegando que el gobierno cubano los ofreció como trabajadores esclavos para pagar sus deudas.

Alberto Justo Rodríguez, Fernando Alonso Hernández y Luis Alberto Casanova Toledo –que ahora viven en la zona de la Bahía de Tampa– demandaron a Curacao Drydock Company alegando que los obligó a trabajar contra su voluntad mientras agentes cubanos los vigilaban constantemente.

Su jefe en el dique seco en Curazao era un sobrino de Fidel Castro.

Curacao Drydock Company alega en los documentos judiciales que no son ciertas las alegaciones de que obligara a los empleados a trabajar 112 horas semanales en condiciones por debajo de lo normal. En una tajante rechazo de cualquier conducta indebida, la compañía reconoció que no le pagaba a los cubanos contratados y que los gerentes retenían los pasaportes de los trabajadores ‘‘para guardarlos”.

“Debido a la deuda significativa que La Habana tiene con la empresa acusada por concepto de reparación de barcos, el dinero que el acusado de otra forma pagaría al astillero de La Habana por el suministro de obreros temporales cubanos se resta de la deuda que tiene con el astillero”, expresó el abogado de la compañía en un documento del tribunal.

La demanda se presentó a tenor con una norma jurídica que permite a los extranjeros presentar demandas civiles en tribunales federales cuando una ley internacional se viola de manera flagrante. No estaba claro cuánto le debía el gobierno cubano a la compañía de Curazao por los trabajos de reparación de barcos cubanos.

El documento del tribunal que responde a la demanda añadió que los trabajadores recibían un estipendio y “beneficios adicionales”. Los contratos de empleo muestran que los trabajadores debían recibir $1,500 mensuales, pero ellos dicen que sólo recibían $12 diarios para comida, que debían gastar en la tienda de la compañía.

Los documentos también muestran que el gerente de producción del dique era Jesús Bequer Soto Del Valle, sobrino de la esposa de Castro, Dalia Soto Del Valle. Los expedientes muestran que el trabajo de Bequer terminó en abril del 2007 y que posteriormente demandó a la compañía.

Sin detallar la causa de la demanda, los expedientes muestran que la compañía le pagó $125,000, que fue depositado en su cuenta bancaria. No se identificó dónde está el banco. La compañía también acordó pagar el seguro médico de su familia.

Cuando se le preguntó cómo era Bequer, el demandante Alonso Hernández dijo a través de su abogado Orlando do Campo: “Manuel Bequer era un déspota, un nazi. No tenía el más mínimo interés en nuestra salud o bienestar y personalmente me puso en situaciones peligrosas. Su única preocupación era explotar al máximo a los obreros cubanos”.

Los hombres dicen trabajaban de 3 p.m. a 7 a.m. durante 15 días consecutivos bajo constante presión para arreglar los barcos. Generalmente sólo tenían días libres cuando los diques estaban vacíos, dijo el abogado John Andres Thornton.

En la demanda los abogados alegan que el gobierno cubano y Curacao Drydock Company formó la empresa conjunta para reparar barcos como una forma de eludir el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba.

El embargo impide que los barcos que atraquen en Cuba regresen a un puerto estadounidense durante los seis meses. Como Cuba no tiene instalaciones para reparar barcos de crucero, buques cisterna y otros, la segunda mayor compañía de diques secos del mundo formó una empresa conjunta con mano de obra cubana.

Ahora Thornton ha dicho que el gobierno cubano se está vengando de las familias de los demandantes –que siguen en la isla– negándoles a sus hijos acceso a las guarderías y a la universidad. Turbas organizadas por el gobierno han realizado protestas frente a sus viviendas, dijo Thorton.

Curacao Drydock Company no compareció para las declaraciones programadas en Miami la semana pasada y ahora sus abogados de Boca Raton quieren salir del caso. En una audiencia el miércoles ante el juez federal de distrito James L. King, la abogada Stephanie Traband le pidió al tribunal que permitiera a su bufete Proskauer Rose, retirarse del caso, citando diferencias irreconciliables.

Traband no respondió a varias llamadas para que comentara sobre el asunto.

Baduel hace llamado para ‘salida rápida’ de Chávez

El Nuevo Herald

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General Raúl Isaas Baduel.
AP
General Raúl Isaías Baduel.

El general disidente Raúl Baduel hizo el miércoles un dramático llamado a presionar por “una salida rápida” del gobierno del presidente Hugo Chávez, en un inesperado discurso dirigido al país en el que denunció que el régimen lo persigue y que su vida corre peligro, al tiempo que advirtió que Venezuela requiere de un “golpe de timón” porque “es un barco que va rumbo a la colisión”.

En un corto pero denso discurso de apenas 10 minutos, trasmitido por la televisión privada poco después del mediodía del miércoles, el ex ministro de la Defensa subrayó que “un día más (de gobierno chavista) es un día menos para salvarnos”.

“Se trata de que los 26 millones de venezolanos y la vida de nuestra nación, depende de la comprensión de cada uno de los que vivimos en este país, sobre la urgencia de tomar una salida rápida de este gobierno”, dijo el general en jefe retirado.

Baduel instó al pueblo venezolano a movilizarse en su propia defensa y aseguró que una nueva Asamblea Constituyente sería “la única manera civil de revertir ese orden de cosas que he venido advirtiendo”.

“Voy a decirlo, así me hagan desaparecer. Continuaré en el empeño, aún a riesgo de mi propia vida”, expresó.

El ex militar dijo que los venezolanos deben prepararse para enfrentar “la catástrofe que significa para todos el fin del negocio petrolero, que ya está en puerta”.

Denunció un “plan petrolero perverso de Chávez para sustentar sus fines” y que conduciría al país a la ruina, ya que al mandatario “poco le importaría ser el presidente vitalicio de la Venezuela pobre en la que todos dependamos de él”.

Con respecto a las fuerzas militares, sostuvo que “vamos rumbo a la anarquía y a la desaparición de nuestra gloriosa institución armada”, y afirmó que el gobierno aplica una política de “anular de hecho el accionar y las competencias formales de nuestras fuerzas efectivas”.

A sus ex compañeros de armas les recordó “que tuvimos una insurrección, cambiando al país para mal. Sus grados (militares) no son nada para este régimen, que controla todos los poderes”.

En una serie de misivas enviadas a diversas instancias oficiales el miércoles, el general detalló que había recibido una citación para acudir a la fiscalía militar en Fuerte Tiuna, en Caracas, para declarar sobre una investigación de la cual es objeto y sobre el cual no había sido informado.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades administrativas cometidas por uno de sus subalternos en el Ministerio de la Defensa durante su gestión, a la que renunció sorpresivamente en junio del 2007.

Según una carta enviada el miércoles mismo al general Ernesto Cedeño, fiscal de la Corte Marcial, Baduel argumentó que no podía acudir a la citación porque se le había asignado un fiscal con un rango militar menor (capitán), un acto violatorio del Código Orgánico de Justicia Militar.

Pero según una fuente familiarizada con el caso, el ex ministro de la Defensa convocó a una conferencia de prensa para denunciar su situación, debido a que “cuando se presentara en la fiscalía militar para atender la citación, iba a ser encarcelado preventivamente”.

No hubo una reacción inmediata ni del gobierno ni del sector militar ante las denuncias del ex general en jefe.

El Nuevo Herald no pudo comunicarse con Baduel, pero uno de sus asistentes informó que el general no había sido detenido y que estaba descartada la posibilidad de que saliera al exilio o que pasara a la clandestinidad.

El pronunciamiento de Baduel “podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno”, dijo Orlando Ochoa, analista militar y consultor de seguridad basado en Nueva York.

“Baduel no sólo está llamando a salir de un gobierno que está poniendo en peligro el futuro del país, sino que también están convocando a sus compañeros de armas para contribuir en la tarea de defenestrar a Chávez”, precisó Ochoa.

El analista recordó que Baduel es hasta ahora “el único alto oficial que ha solicitado públicamente la destitución de Chávez”, y que conserva un alto prestigio entre los militares venezolanos.

El discurso de Baduel es “muy contradictorio y muy peligroso”, estimó Aníbal Romero, politólogo y académico de la Universidad Metropolitana de Caracas.

“Por una parte parece estar llamando a un golpe, pero por otra hace un llamado a las instancias normales de funcioamiento del Estado, que él sabe muy bien que estan bajo control de Chávez”, explicó Romero.

“Por otro lado, es un pronunciamiento peligroso porque una vez más, como ocurre en el mundo militar venezolano, está actuando al margen del sector político civil, que está dedicado plena y totalmente al tema electoral”, señaló el analista militar.

El académico dijo que puesto que una salida rápida del régimen no puede ocurrir de otra forma sino mediante la fuerza militar, habría que preguntarse “si el general Baduel está pidiendo una insurrección militar inmediata, para darle paso a una Asamblea Constituyente”.

El pronunciamiento de Baduel también generó reacciones de incredulidad entre sectores disidentes del chavismo

“Es parte de una estrategia para sustentarle en la opinión pública porque ha perdido credibilidad”, dijo el ex comandante Joel Acosta Chrinos, que conspiró junto a Chávez y Baduel en el fallido golpe de estado de febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

“¿Cuál es la grandeza de Baduel? ¿Llegar a ministro de la Defensa de Chávez? Con Chávez llega cualquiera a general en jefe”, ironizó el ex comandante disidente, que se ha convertido en un incansable crítico del chavismo.

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